El pasado 19 de julio se publicó por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) su Informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto para 2016 de las Administraciones Públicas, en cumplimiento del mandato que tiene de velar por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera tal y como se le atribuye por su norma de creación (Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre).

Pues bien, independientemente de los diferentes análisis que se pueden realizar del citado informe, quiero detenerme y reflexionar en voz alta en relación con dos cuestiones que de su lectura me han surgido:

En primer lugar, dentro de las limitaciones al alcance del informe de la AIReF se deja ver el conflicto que en la actualidad mantiene con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Minhap) en relación con la Orden HAP/1287/2015, de 23 de junio, por la que se determinan la información y procedimientos de remisión que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá con carácter permanente a disposición de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y las limitaciones que supone para su acceso directo a los datos económicos. Recientemente, y a pesar de las reuniones que ambas instituciones mantienen para resolver el conflicto (bien es cierto que impulsadas por la propia Comisión Europea), la disputa ha derivado en la demanda presentada contra el Ministerio en la Audiencia Nacional por parte de la Autoridad Fiscal por vulneración de su independencia.

A todo esto, el Minhap responde publicando en la  Central de Información económico financiera de las Administraciones Públicas el seguimiento de las peticiones de información de la AIReF.

Y en esta situación conflictiva resulta altamente gratificante leer en el Informe (página 8) que la falta de información ofrecida por el Minhap sobre las entidades locales se ha completado con la suministrada directamente por los propios municipios (los 16 de más de 250.000 habitantes que tienen un seguimiento individual) en respuesta a la solicitud efectuada por la propia la AIReF.

¡Qué cerca se está de la solución cuando existe voluntad!

En segundo lugar, el Informe eleva el déficit público hasta el 4,1% del PIB sobre la base de varios factores, literalmente:

“No se está materializando la recuperación de los precios lo que está incidiendo negativamente en los ingresos tributarios, a pesar del impulso que se deriva de la fortaleza de la actividad económica, que evoluciona según lo esperado.

La reforma tributaria está teniendo un impacto negativo superior al estimado inicialmente en la recaudación del Impuesto de Sociedades y, en menor medida, en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, lo que se ha venido manifestando en los datos de recaudación y de tipos efectivos publicados hasta mayo de 2016. En sentido contrario, operarían las medidas anunciadas por el Gobierno el pasado 13 de julio, y en concreto el aumento del pago mínimo sobre el resultado contable que según información facilitada por el Gobierno sería de al menos el 20%.

Se ha establecido un objetivo de estabilidad igual para todas las CCAA y poco ambicioso para el conjunto del subsector. En varias CCAA la ejecución de los presupuestos aprobados habría permitido alcanzar un déficit inferior al 0,7% del PIB sin recortar su nivel de gasto, pero la aplicación de la misma propuesta por el MINHAP para todas las CCAA (-0,7% del PIB), ha conducido a que casi todas ellas prevean agotar el margen dado por la flexibilización del déficit, sin que la regla de gasto haya actuado como elemento de contención. A esto último ha contribuido que la interpretación laxa del MINHAP sobre su forma de cálculo elimina para muchas CCAA el carácter potencialmente más exigente de la regla de gasto respecto al objetivo de estabilidad.

No se han instrumentado los Acuerdos de no disponibilidad (AND) por parte de las CCAA. La información recibida de las Comunidades Autónomas evidencia la no instrumentación de los AND con un impacto en déficit equivalente al importe del ajuste anunciado. A este respecto, el MINHAP ha aprobado los planes de ajuste por adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica 2016 (FLA), sin exigir el cumplimiento del requerimiento formulado en cuanto a la adopción de estos acuerdos por incumplimiento del plan de ajuste 2015.

Es probable que el superávit registrado en años anteriores por las Corporaciones Locales se reduzca en 2016. Del análisis realizado por la AIReF en los 16 ayuntamientos con población superior a 250.000 habitantes, se desprende una tendencia a reducir el superávit de años anteriores. La finalización del periodo de aplicación de tipos incrementados en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la relajación en la interpretación de la regla de gasto y la aplicación poco rigurosa de las medidas correctivas por parte de los órganos de tutela (MINHAP o Comunidad Autónoma según el caso) son factores determinantes de esta tendencia.”

Deteniendonos en este último punto, me pregunto si esta previsión no tendrá relación con el conflicto institucional surgido recientemente a raíz de los requerimientos realizados por el Minhap a los ayuntamientos sobre sus empresas deficitarias. Es bien conocido que las corporaciones locales han servido de manera más que positiva durante los últimos ejercicios a que el déficit público no se incrementase.

Los tremendos esfuerzos que los ayuntamientos están realizando para cumplir con la disciplina fiscal no deberían, si es el caso, ser mayores por el incumplimiento del resto de los sectores públicos. Los servicios públicos municipales deberían ser en todo caso respetados y tratados con el cuidado debido a uno de los pilares de nuestra sociedad del bienestar.

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