Parafraseando a Arnold Toynbee, la civilización caerá no porque sea inevitable, sino porque las asociaciones e instituciones de auditoría y fiscalización no responden adecuadamente a las circunstancias cambiantes o sólo atienden a sus intereses propios. Y si no se estudia la historia de la auditoría se está condenado a repetirla una y otra vez.  Por ejemplo, el colapso de Enron en 2001 y sus pretendidas regulaciones no evitaron otro mayor, Lehman Brothers en 2008, que dinamitó la economía global al originar la grave crisis financiera cuyas devastadoras secuelas aún se perciben hoy en día. Al respecto Ernest&Young fue acusada por permitir el fraude aunque no desapareció como Arthur Andersen (Enron) una de las cinco auditoras más importantes del mundo, y paradójicamente continuó con sus actividades de “auditora” implicándose en más escándalos, como su relación con una empresa de Dubái que supuestamente se involucró en lavado de dinero, siendo acusada de conducta ilegal y poco profesional y ética. O, PwC que auditó durante 30 años sin encontrar problemas al Banco Popular, y recientemente «El juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso interpuesto por el auditor del Banco Popular, Pedro Barrio (socio del PwC), en el que solicitaba el rechazo de las querellas (…) según el razonamiento del magistrado, respaldado por el fiscal, en este momento de la instrucción no es posible descartar la naturaleza delictiva de los hechos y está demostrada la participación del auditor» (Andreu rechaza la petición de PwC de desimputar al auditor del Banco Popular, elconfidencial.com, 21.03.2018). Pero la paradoja es que las Big Four (PwC, Deloitte, Ernst&Young, y KPMG) no obstante de estar involucradas en hechos de corrupción y fraude continúan no solamente facturando miles de millones de euros cada año en servicios de auditoría y consultoría sino dominando el pensamiento de la auditoría.

Lo antes señalado pareciera señalar que la corrupción y el fraude sólo se han manifestado en el campo privado, y por ende, afectado a la auditoría privada, pero bien sabemos que no es así. Por ello en las Conclusiones de los XII Encuentros Técnicos y VII Foro Tecnológico celebrado en septiembre de 2017, en el Grupo 1, se afirma «Los OCEX deben explorar los límites de su función de control externo y ampliar sus objetivos. Programar nuevos trabajos como fiscalizar la actuación supervisora de instituciones financieras o las ayudas a ese sector, la gestión de la deuda pública, la financiación autónoma, la lucha contra la corrupción, etc. (Revista Auditoría Pública, número 70, p.4). Sin embargo, en el Grupo 4, punto 2, dice «Es importante que se explique a la sociedad que el ordenamiento jurídico encomienda a los OCEX exclusivamente una función técnica que no comprende la investigación del fraude y la corrupción» (ibídem, p.8). Pero explorar los bordes o límites de la función de control nos debe conducir a su fundamento subyacente, es decir, a la auditoría (pública o privada). Cabe mencionar la evasión a enfrentar los problemas, al desviar la atención al control externo y no a la auditoría. Como también al titular el Grupo 3. Contabilidad pública, una reforma necesaria. Luego, ¿la auditoría pública no requiere una reforma necesaria?

Sí en las Conclusiones se afirma que las entidades públicas están obligadas a satisfacer los intereses públicos. Sí la creación de entidades públicas debe tener una finalidad de interés público. Luego, los OCEX son entidades públicas y de interés público. Entonces, ¿Por qué los OCEX ni la auditoría pública deben investigar el manejo del dinero público, un asunto del interés de todos?

La inutilidad de la auditoría, pública o privada, afecta a toda la sociedad por igual. Pero en tanto, la auditoría continúe enclaustrada y reducida a la concepción de «una función técnica» no habrá futuro y el derrumbe de nuestra sociedad será inevitable. Porque los Congresos de auditores en sus retos solamente demandan un sucedáneo o mejoral, tal como: más recursos humanos y técnicos a los OCEX, nuevas competencias y formaciones específicas. Más dejan de lado que el problema es repensar la auditoría, y ésta requiere una cirugía mayor.

Compartir
Artículo anteriorTransparencia
Artículo siguienteEl canon concesional

2 Comentarios

  1. La administración pública en España ignora o conlleva el problema de la corrupción. Los órganos de control y fiscalización no lo han resuelto y más pareciera que optan por no hacer nada, en la idea que el tiempo lo arregla todo, y lo mejor es guardar silencio. Sí, el Tribunal de Cuentas y los OCEX de nuevo guardan silencio ante la gravedad de la corrupción desde el poder. Y más porque su conocimiento ha sido gracias a grabaciones, de un mensajero que por ahora está en la cárcel. Sí, desde 1989 han ocurrido prácticas de corrupción ante la complacencia u omisión de los órganos de control y fiscalización. Y, sí, seguirán justificándose que no era su función. Pero, ¿hasta cuándo reconocerán que la auditoría y fiscalización pública sólo se legitiman si cumplen con el interés social?

Dejar respuesta