La respuesta es utilizar la tecnología como mecanismo interno de control que sea silencioso, poco burocratizador y efectivo. La flexibilización, derivada de los enfoques gerencialistas, puede generar clientelismo y corruptelas que se pueden evitar y controlar mediante las TIC. El modelo de Administración gerencial derivado de la Nueva Gestión Pública implica flexibilidad institucional y complejas relaciones entre el sector público y el mercado. Ambos factores contribuyen a elevar la permeabilidad de las administraciones públicas al indeseable fenómeno de la corrupción. En este sentido, debería pensarse en la utilidad de las TIC como un instrumento de control que evitara o, en su caso, detectara rápidamente las conductas heterodoxas o corruptas, y todo ello sin generar tendencias burocráticas paralizadoras. La tecnología debería facilitar el acceso automatizado a muchas fuentes de información que cruzadas y sistematizadas permitieran detectar los comportamientos espurios. Además, el hecho que exista esta intencionalidad con relación a las TIC generaría un clima de temor que evitaría de entrada una parte importante de comportamientos delictivos. De lo que se trata, en definitiva, es de cambiar los actuales sistemas obsoletos y poco efectivos de control previo y de proceso de carácter burocrático por unos sistemas de control mucho más fluidos y silenciosos basados en las TIC. Los empleados públicos encargados del control (intervención) deberían utilizar la tecnología para estar analizando los procesos y expedientes de gestión (todos y si hay muchos por un sistema de muestreo) en tiempo real que transitan por la intranet de la institución y por sus bases de datos. En el momento que detectaran alguna irregularidad debería intervenir de forma profunda para esclarecer las causas y los elementos que no se ajustan a la legalidad y a la ética pública. Esta propuesta equivale a diseñar una especie de «gran hermano» que no entorpece la gestión pero que todo lo ve (o lo puede ver), lo analiza y si encuentra motivos justificados interviene. En definitiva, las TIC permiten sistemas de control muy efectivos y sin las típicas externalidades negativas de carácter burocratizador.
Además, hay que romper la perversa lógica que asocia de forma superficial control con burocracia en el sentido peyorativo del término. Es un error plantearse en las instituciones públicas modelos postburocráticos inspirados en las empresas privadas y hacer de la flexibilidad la única bandera. La burocracia es imprescindible para mantener instituciones públicas que aporten seguridad institucional y jurídica al entorno económico y social. La burocracia se asemeja al colesterol, tiene muy mala imagen pero hay que saber distinguir el colesterol bueno (indispensable para mantener la salud institucional) del colesterol malo (que genera obesidad institucional). La E-administración tendría que asumir el papel (tiene la potencialidad para hacerlo) de un complemento farmacéutico que contribuyera a disminuir el colesterol malo (la mala burocracia) y potenciara el colesterol bueno (la burocracia que genera seguridad institucional y jurídica).
Para que esta función de control sea posible el diseño y la gestión de las TIC debería ser una responsabilidad de las instancias centrales y de un colectivo de personal que no esté expuesto a las tensiones e incentivos de las actividades corruptas, Para lograr esta mejora en el control se hace necesario no externalizar nuestros centros gestores de nuevas tecnologías. Si las administraciones públicas externalizan en organizaciones privadas, que hasta ahora es la tendencia más generalizada, sus centros gestores de las TIC el resultado es la pérdida absoluta de control de este nuevo ámbito y de una pérdida añadida al control del resto de las externalizaciones. Quizás se puedan externalizar algunos apartados tecnológicos muy concretos pero la parte nuclear del diseño y la gestión de las TIC deberían formar parte de la Administración pública ya que las TIC representan su sistema nervioso interno y su radar externo. Los mejores tecnólogos deben trabajar para las administraciones públicas. Las TIC deben representar las fuerzas centrípetas que permitan reequilibrar tantas tensiones centrífugas vinculadas a la gestión de redes. Los nuevos valores tecnológicos deben vincularse a los valores públicos. Si los valores tecnológicos se alían con los valores empresariales vinculados a la Nueva Gestión Pública, estamos perdidos…
Se argumenta, por parte de los que están a favor de externalizar las TIC, que las administraciones públicas no tienen suficiente capacidad para poseer unidades tecnológicas que puedan afrontar económicamente su imprescindible renovación tecnológica motorizada. Eso es cierto en el caso de los pequeños y medianos municipios pero ¿cómo se puede argumentar que una Administración pública regional o central en la que prestan sus servicios centenares de miles de empleados públicos no tenga capacidad para gestionar directamente su centro de tecnología? O bien si pensamos más en global ¿cómo es posible que las administraciones públicas de un determinado país con millones de empleados públicos no puedan poseer al menos un centro estratégico consorciado sobre TIC?
Además, hay que combatir, gestionando internamente y regulando externamente, la lógica de concentración vinculada a la tecnología. Por ejemplo: el 95% de los microprocesadores pertenecen a una sola empresa (Intel) y el 90% del sofware a otra empresa (Microsoft). Evidentemente puede existir una tendencia similar (aunque no tan elevada) a la concentración de empresas de tecnología y consultoría en sistemas de información que deje en manos de una única empresa los sistemas nerviosos de la mayoría de administraciones de un país o incluso de varios países de una región.
El grueso de la prevaricación de la Administración Pública se encuentra en el origen, en la articulación misma de los procedimientos previa a la entrada en vigor, en ese punto ya se evalúa el negocio que generara su gestión, se establecen colaboraciones entre la administración y los reprensentantes de los gestores administrativos y sus proveedores de software. Lo diseñan en colaboración, entre expertos, modulando la eficiencia para que no peligre su estatus ni sus rendimientos, con la tranquilidad que les da que sus planteamientos no van a ser cuestionados ya que los capacitados para ello son los primeros beneficiados de tal artificial instrumentación.
¿Cómo se favorecerá la lucha contra la corrupción si los OCEX pregonan que su función no comprende la investigación del fraude y la corrupción? Aunque comparten la preocupación que es un asunto importante en España, por ello han demandado en las Conclusiones de los XII Encuentros Técnicos y VII Foro Tecnológico «La asunción de nuevas competencias por los OCEX tiene que ir acompañada de más recursos humanos y técnicos de formación específica». Pero en realidad no se han ocupado por el problema, más bien lo evaden. Al pretender «asumir nuevas competencias» como si se tratara solamente de adquirir un mayor conocimiento, habilidad, destreza, o principios éticos. Y no, no se trata de sólo adquirir unas nuevas gafas para detectar o ver los hechos de corrupción. Sí existen, permanecen y se fortalecen es porque no se puede controlar lo que no se ve. De ahí el fracaso de la auditoría, pública y privada, y su incapacidad para enfrentar el problema de la corrupción. Dado que ésta se desarrolla en una «área gris» al margen de las miradas, de la rendición de cuentas y transparencia. Por ésto avanza inexorablemente a pesar de las declaratorias emprendidas infructuosamente para reducirla y combatirla, aún con todas las agencias u oficinas anticorrupción, su lucha se ha convertido en un combate contra molinos de viento. Más es plausible en estos tiempos de incertidumbre y faltos de esperanza, considerar el diseño de un «Gran Hermano» que todo lo ve (o lo puede ver)…hagamos votos porque así sea.