Si alguien quiere echar una mirada crítica sobre la vida pública española y sobre nuestras instituciones jurídicas no debe perderse el último libro de Alejandro Nieto “El desgobierno de lo público” (editorial Ariel).

Los lectores de este blog conocen de sobra al Profesor Nieto. Catedrático de Derecho administrativo de varias Universidades, hoy se halla jubilado en el escalafón pero tan activo como siempre con la cabeza y con la pluma. Probablemente de sus obras constantemente consultadas por los prácticos y los aplicadores del Derecho, la más famosa sea su “Derecho administrativo sancionador” que ya ha conocido varias ediciones en la editorial Tecnos. Pero, junto a este trabajo de jurista minucioso al que no se le escapa un renglón de la materia que analiza, está su dimensión de ensayista que se mueve en el campo de la teoría política y de la ciencia de la Administración. En este sentido lleva años publicando libros polémicos que disparan sobre el blanco de nuestra realidad institucional.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 20 de Septiembre de 2007 estima una indemnización por daños morales a una trabajadora por el incumplimiento empresarial de la debida evaluación de riesgos e implantación de medios para protegerla ante una agresión sexual sufrida en el centro de trabajo que tiene establecido un horario en el que parcialmente se encuentra sola en las dependencias, y que había sufrido amenazas, una agresión sexual, y una agresión física. El Tribunal Supremo considera que existe una infracción del deber de protección y del derecho a la integridad que ha producido un daño psicológico, con estrés determinante de dos situaciones de incapacidad temporal. Resulta por ello claro que la empresa incumplió el deber de seguridad que le impone el art. 14.2 de la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales. Y esa pasividad vulneró, no sólo el derecho del trabajador a «su integridad física y una adecuada política de seguridad e higiene» y a «una protección eficaz en materia de seguridad», higiene y salud en el trabajo, sino también su fundamental derecho a la vida y a la integridad física y a la salud. Trabajadores en soledad rodeados de un medio más o menos hostil de ciudadanos alterados porque no se ha tramitado una licencia en dos días, han estado si agua unas horas por un reventón de la red general o no se les ha firmado una compulsa a tiempo para que surta efecto en otra Administración: ¡Señores Alcaldes! vayan preparando administrativos/auxiliares que hagan compañía (y de paso descarguen del trabajo de auxiliar al Secretario) a los cientos de Secretarios-Interventores que trabajan hasta altas horas de la noche en edificios deshabitados de pueblos casi deshabitados, en la más absoluta soledad.

Cuando la Ley de Bases de Régimen Local regula las Comisiones Informativas, en el artículo 20.1 c) se limita a indicar que deberán existir en los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, y en los de población menor cuando así lo disponga el Reglamento Orgánico Municipal o lo haya acordado el Pleno si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto (...) Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno. Asimismo, se dedican a la regulación de las Comisiones Informativas los arts. 123 y ss ROF. En la Ley de Administración Local de Aragón, la regulación de las Comisiones Informativas se centra en los art 35 y 36. El voto ponderado se formula en los siguientes términos: “Cuando por la composición de la Corporación no sea posible conseguir dicha proporcionalidad, podrá optarse bien por repartir los puestos de modo que la formación de mayorías sea la misma que en el Pleno, bien por integrar las Comisiones con un número de miembros igual para cada grupo, aplicándose el sistema de voto ponderado para la adopción de sus dictámenes”.