Construcción de una Nueva Auditoría Política Pública pendiente en la lucha contra la corrupción

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A logo of U.S. investment bank Lehman Brothers is seen outside its Asia headquarters in April 1, 2008. Lehman Brothers Holdings Inc, an investment bank beset by rumours of not having enough funding, said it plans to raise $3 billion of capital to quash questions about its stability. REUTERS/Yuriko Nakao (JAPAN)

Es plenamente aceptado en el mundo de la fiscalización que la problemática en cada entidad se deriva de lo particular. Pero lo que acontece en España o México más bien es general. Por ello, vale un puente que nos permita cruzar la soberbia de los que detentan el saber de la fiscalización.

 En el empiezo (de poner piezas) la pregunta ¿Por qué una Nueva Auditoría?

En el panorama internacional la quiebra de Enron en el año 2001 se limitó a la desaparición de su auditora Arthur Andersen (una de las cinco firmas de auditoría más importantes del mundo) lo cual produjo la emisión de leyes encaminadas a reforzar la independencia de los auditores; pero más tarde en el 2008 la quiebra de Lehman Brothers que originó la crisis financiera global, enfatizó la necesidad de nuevos reforzamientos en los lineamientos de ética e integridad. Más continuaron los escándalos bancarios, corporativos y financieros, y recientemente la crisis en Bankia y los numerosos casos en España ha motivado la promulgación de la Ley de Auditoría que ha establecido como uno de sus puntos importantes la rotación de los auditores en las empresas, afirmando que así se garantizará su independencia y objetividad; lo anterior en el campo privado. Y en las entidades públicas en el año 2004, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) denunció que Grecia había falseado sus cuentas públicas desde el año 2000 y que se requería de nuevas competencias para auditar a los Estados. Sin embargo, su denuncia no fue escuchada ni tampoco su reclamo de mayores competencias para auditar a los países miembros de la unión europea, y diez años más tarde sobrevino la tragedia griega que ha arrastrado a Europa a un futuro incierto.

En México los escándalos de corrupción son demasiados para referirlos en esta breve exposición. Y lamentablemente ha sucedido lo mismo en Michoacán. Lo más grave ha sido la no aprobación de las tres últimas cuentas públicas estatales, y como en Grecia no se ha reparado en la gravedad del problema. Todo ha sido reducido a una cuestión política que entre dimes y diretes se ha ignorado o minimizado la falta de rendición de cuentas y transparencia de los fondos públicos, lo que ha evidenciado la carencia de una Política Pública de Fiscalización.

Si se habla de fiscalización se habla de auditoría, puesto que la auditoría es la herramienta básica para llevar a cabo la fiscalización. Y el problema de la auditoría, en específico, la aplicada en el sector público no interesa ni preocupa al mundo, mucho menos indagar sobre sus debilidades y limitaciones, porque se ha dado por supuesto que la auditoría es una práctica objetiva e independiente per se. Por esto, el Sistema Nacional Anticorrupción acepta que las entidades concurrentes en el tema, es decir, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control de las dependencias y las fiscalizaciones estatales son competentes para prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción.

Pero ¿cómo será posible esto?

Sí el propio titular de la ASF afirmó “la auditoría gubernamental no es una herramienta ex profeso como instrumento contra la corrupción”. Sí en Europa desde hace años se ha impuesto el pensamiento que la auditoría y fiscalización no investigan el fraude ni la corrupción. Y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) es la prueba.

El ex juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, señaló “la corrupción ya no es el sistema burdo de entregar sobres de dinero, ahora, cómo se comprueba la información privilegiada y otros hechos de corrupción, es dificilísimo”. Por mi parte agregaría ¿cómo se demuestra el conflicto de interés?

Sí, cómo la Secretaría de la Función Pública va a luchar contra la corrupción si no ha sido capaz de generar credibilidad en su auditoría de la Casa Blanca y Malinalco de los hombres del poder. O, cómo la ASF podrá luchar contra la corrupción si entre el año 2008 y 2012 ha presentado 440 denuncias y solamente han sido consignadas ante un juez 7 de ellas, es decir, el 1.5%. Y cómo la Auditoría Superior de Michoacán podrá enfrentar la corrupción si miles de sus expedientes “duermen el sueño de los justos”. Ésta ausencia de rendición de cuentas y sanciones reproduce la corrupción, impunidad y debilidad institucional.

Se insiste que los organismos de control y fiscalización están convocados a asumir el reto de luchar contra la corrupción.  Y uno de los pilares fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción lo constituye la homologación de las instancias de control interno, en específico, la obligación de todos los entes públicos de contar con órganos internos de control. Aunque en Michoacán en el Poder Ejecutivo dichos órganos fueron desaparecidos, no existen. Tal como no existe una verdadera fiscalización en la Auditoría Estatal. Quizá se considere que con la simple contratación o incorporación de nuevo personal pudiera resolverse. Pero ¿los auditores poseen las competencias para enfrentar los problemas actuales?

La auditoría y fiscalización han pretendido estar aisladas o distantes de la influencia política y social, pregonando un status de legitimidad al considerarse como una actividad objetiva e independiente, basada en la tradición que su práctica está garantizada por un marco constitucional y normativo que le otorga un carácter independiente, y la objetividad le viene por añadidura. En efecto, el carácter acrítico e irreflexivo de su pensamiento proviene de su concepción teórica. Por ejemplo, la  noción de apariencia se encuentra en toda su normatividad, y sostiene que “las entidades de fiscalización deben ser objetivas y aparecerlo”. Lo cual significa que se debe mostrar cualidades que no se tienen, en otras palabras se debe fingir que se es objetivo. Pero la objetividad no se genera mediante un imperativo o norma, es un elemento de la estructura de la ciencia. No obstante en la auditoria y fiscalización se ha reducido la objetividad a una toma de posición, cuando se requiere su demostración. Por lo que el problema a resolver ¿cómo se prueba la objetividad en cada auditoría realizada?

Desde un comienzo la auditoría y fiscalización no tuvieron como objeto a la corrupción, por lo que se aderezó a fraude y ha terminado como investigación de simples irregularidades. Ciertamente las causas de la corrupción son multifactoriales, pero no por ello, los órganos de control y fiscalización pueden seguir desentendiéndose de enfrentar los vicios que aquejan a las administraciones públicas y que afectan a la sociedad en su totalidad.

El propósito de la presente intervención es generar más preguntas que respuestas. Desestructurar las nociones que nos han sido enseñadas para ir en búsqueda de nuevos caminos. En la innovación de la auditoría no existen asideros ni textos, mucho menos investigaciones. Pero ante la crisis y desafíos que enfrentamos no puede continuar justificándose sus debilidades en razón de los vacíos legislativos u otras causas externas. La debilidad de la auditoría y de las entidades de fiscalización se deriva fundamentalmente de la debilidad de su teoría. Por lo que es indispensable promover una Nueva Auditoría, determinar qué cambios están ocurriendo y cuál es el cambio que se espera en la auditoría y fiscalización en los próximos años. Por lo tanto resulta necesario el rescate de lo público y su proximidad a la ciencia, condición sine qua non para liberarla de la concepción e ideas de la auditoría privada.

Sin embargo ¿cómo iniciar el cambio?

Sí las escuelas y facultades de contaduría que imparten la enseñanza de la auditoría continúan reduciéndola a una técnica, desligada de la ciencia, del entorno político y social, sujeta al secreto, sin determinar las especificidades del campo público y privado y aceptar como “verdades” nociones que carecen de rigurosidad, tales como la objetividad y el método. En tanto los auditores se han convertido en repetidores de dogmas y no en generadores de conocimiento, de análisis crítico y reflexivo.

Sí los funcionarios de las entidades de fiscalización y directivos de las organizaciones de auditores y contadores están más preocupados por conservar sus puestos y obtener contratos que denunciar el mito de la objetividad e independencia de la auditoría y fiscalización.

Sí los gobiernos, partidos políticos, legisladores, académicos y organizaciones sociales no han reflexionado sobre las debilidades intrínsecas de la herramienta de la fiscalización. Las cuales han conducido a no sostener las afirmaciones de las auditorías en los tribunales. En consecuencia, el reto de la LXXIII Legislatura de Michoacán es precisar en las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, cómo se investigan y prueban los delitos de corrupción.

Luego entonces, la importancia del presente 10mo Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que promueve la participación de la sociedad civil para impulsar un nuevo modo de gestión de los asuntos públicos, y en este caso, promover la construcción de una Nueva Auditoría que sea una Política Pública que verdaderamente luche contra la corrupción.

 

Nota. Resumen de la ponencia presentada en el 10mo Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación en la ciudad de Morelia, septiembre de 2015.

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Nacido en Morelia, Michoacán, México. Estudios en contaduría pública, filosofía, y un diplomado en contraloría social. Veinte años de experiencia en auditoría y diez en la investigación de la auditoría pública, ha publicado más de veinticinco ensayos que pretenden construir una Nueva Auditoría Pública.

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