Si alguien quiere echar una mirada crítica sobre la vida pública española y sobre nuestras instituciones jurídicas no debe perderse el último libro de Alejandro Nieto “El desgobierno de lo público” (editorial Ariel).

Los lectores de este blog conocen de sobra al Profesor Nieto. Catedrático de Derecho administrativo de varias Universidades, hoy se halla jubilado en el escalafón pero tan activo como siempre con la cabeza y con la pluma. Probablemente de sus obras constantemente consultadas por los prácticos y los aplicadores del Derecho, la más famosa sea su “Derecho administrativo sancionador” que ya ha conocido varias ediciones en la editorial Tecnos. Pero, junto a este trabajo de jurista minucioso al que no se le escapa un renglón de la materia que analiza, está su dimensión de ensayista que se mueve en el campo de la teoría política y de la ciencia de la Administración. En este sentido lleva años publicando libros polémicos que disparan sobre el blanco de nuestra realidad institucional.

Era una persona esencialmente tranquila, un funcionario atípico para un pueblo de casi seiscientos habitantes, quizás ya entonces un anacronismo rural. Perdido en un pueblo de la estepa aragonesa, al que amaba irremediablemente, Joaquín era una persona, sin necesidad de más adjetivos, buena, servicial pero nunca servil.

Yo, un pardillo recién llegado de la ciudad y con una oposición recién aprobada pero sin conocer la realidad en absoluto, tuve entonces la fortuna de trabajar con él, auxiliar administrativo de un ayuntamiento casi sin recursos y  olvidado a su suerte.

Como es frecuente en estos días y evocando la famosa canción del desaparecido grupo Mecano "Un año más" hacemos el balance de lo bueno y malo; para ello, hemos elaborado un resumen de lo que ha sido el top ten de las visitas a lo largo de nuestro primer año de vida en la blogosfera pública.

El procedimiento administrativo, a pesar de lo que muchos piensan, no es una carrera de obstáculos colocados para fastidiar al ciudadano, molestarle o impedirle cosas. Es un pilar del estado de derecho, básicamente es una garantía jurídica que tiene el ciudadano frente a una posible actuación arbitraria de la administración. Es un método legal previamente establecido que pretende determinar una metodología de acción administrativa frente a las distintas situaciones que se van creando, ya que si los escenarios no siempre son iguales, no pueden serlo, los procedimientos o los principios procedimentales de resolución de problemas y de toma de decisiones, sí deben serlo. Principios como la participación de los interesados mediante notificaciones y audiencia previa, los informes preceptivos, identificación de funcionarios, no presentación de documentos que la administración ya tenga, acceso a registros, recursos administrativos, etc.