Como es frecuente en estos días y evocando la famosa canción del desaparecido grupo Mecano "Un año más" hacemos el balance de lo bueno y malo; para ello, hemos elaborado un resumen de lo que ha sido el top ten de las visitas a lo largo de nuestro primer año de vida en la blogosfera pública.

El procedimiento administrativo, a pesar de lo que muchos piensan, no es una carrera de obstáculos colocados para fastidiar al ciudadano, molestarle o impedirle cosas. Es un pilar del estado de derecho, básicamente es una garantía jurídica que tiene el ciudadano frente a una posible actuación arbitraria de la administración. Es un método legal previamente establecido que pretende determinar una metodología de acción administrativa frente a las distintas situaciones que se van creando, ya que si los escenarios no siempre son iguales, no pueden serlo, los procedimientos o los principios procedimentales de resolución de problemas y de toma de decisiones, sí deben serlo. Principios como la participación de los interesados mediante notificaciones y audiencia previa, los informes preceptivos, identificación de funcionarios, no presentación de documentos que la administración ya tenga, acceso a registros, recursos administrativos, etc.

Por fin empezamos a enterarnos de lo que significa y del riesgo que supone acabar frívolamente con la independencia de secretarios e interventores en la Administración local española.

Porque es el caso que más de doscientos penalistas -catedráticos, magistrados, fiscales ...- han analizado la corrupción urbanística en un documento explosivo que tiene gran interés para las Corporaciones locales. Piden “mano dura” y que el Gobierno “no vacile” a la hora de disolver ayuntamientos corruptos. Esta posibilidad, como sabemos está contemplada en la ley 7/85, en concreto, en su artículo 61, a cuyo amparo se aprobó el Decreto de 7 de abril de 2006 que afectó al Ayuntamiento de Marbella. Medida acertada, pero ... ¡lo que tardó en llegar! Datos sobre lo que ocurría en Marbella eran de todos conocidos, excepto al parecer de las autoridades (in)competentes. A la vista de las noticias que ofrecen los periódicos, podrían darse más casos de disolución pero los intereses de partido se imponen, lo que lleva a una inacción “gravemente dañosa para los intereses generales”, por acogernos a la expresión utilizada por el artículo 61 citado.

Este fin de semana ha tenido lugar la Asamblea General de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Entre otras cosas, la Asamblea debía elegir nuevo Presidente. Pero es que lo que me ha llamado verdaderamente la atención es la polémica que ha surgido cuando, a propósito del tema de las banderas, un grupo presentó una propuesta en el sentido de “exigir el cumplimiento de la legalidad y de las sentencias judiciales como máxima expresión de normalidad democrática y de respeto a la pluralidad democrática en España”. En este sentido se trataba que desde la FEMP se instase a todos los municipios de la nación, a colocar la bandera de España en el balcón del Ayuntamiento en cumplimiento del art. 3 de la Ley 39/1981 y la doctrina establecida por el Tribunal Supremo de conformidad con el art. 4.2 de la Constitución (STS de 24 de julio de 2007).

Está claro que el servicio a los ciudadanos es un aspecto de nuestro trabajo que debemos cuidar especialmente, ya que supone una de las referencias más importantes que tenemos externamente. Por ello el MAP celebró los pasados días 5 y 6 de noviembre, una conferencia estatal de Calidad de los Servicios Públicos, para promover una cultura de la calidad en la gestión pública con la intención de mejorar el servicio a los ciudadanos. 

Hace no mucho, ordenando cajones en mi escritorio (es desgraciadamente una ineludible e ingrata tarea vacacional a la que me veo cíclicamente impelido ya que los papeles crían), me apareció un billete de un dólar, remanente nostálgico sin duda de algún viaje de hace años, quién sabe dónde. Estaba bastante nuevo.  Después del inevitable “cáspita” de rigor, examinándolo, leí lo que ponía en uno de sus lados: “In god we trust”. O sea, “Confiamos en Dios”. Nunca me había fijado en esa leyenda.

Leyendo la página de noticias Aragón Digital, he leído: «Los empleados de las piscinas municipales instan al Ayuntamiento a poner en marcha un observatorio de convivencia».

 En ella se los empleados de las piscinas municipales solicitan al ayuntamiento que analice las incidencias que se han producido este verano en las instalaciones y que ponga medidas para frenarlas. El trabajo de los empleados no sólo es el simple hecho de vigilar para que no se ahogue nadie en las piscinas y curar heridas, sino del correcto funcionamiento de las instalaciones municipales. Por ello, ellos son los máximos responsables de la seguridad.