Con la Constitución de 1978 y el desarrollo legislativo posterior, nuestro sistema jurídico-público se ha ido configurando como un sistema en que el Estado ha apostado decididamente por la intervención pública en cualquier parcela de la actividad privada, desconozco si consciente o inconscientemente. Cuando estudiábamos aquello de Jordana de Pozas de la tradicional distinción de las formas de intervención de la administración en la actividad privada, se hacía y se sigue haciendo la distinción en las actividades de policía, fomento y servicio público. Cualquiera de estas tres formas ha aumentado de forma exponencial y si bien tiene sus lados positivos en algunos aspectos, genera sin duda efectos indeseados que apuntaré, aunque el tema a debatir tiene tantos flecos que es imposible casi siquiera intuir algunos, aunque sea como predicar en el desierto. No parece posible cambiarlo a medio plazo. Esto es lo que hay que es lo que en un alarde de realismo rural se dice en Aragón.

La política no es mala cosa. En Grecia y Roma alcanzó la categoría de arte, y la ejercían ciudadanos especialmente dotados para la retórica y la dialéctica. Hoy día, desde luego, se ha convertido en algo muy distinto… Pero que no lo pague “la política”, sino los políticos. No me negarán que el perfil de los sujetos que practican una actividad la convierte automáticamente en más o menos simpática. Quizá a alguien no le guste en sí el baloncesto o el tenis, pero tipos maravillosos como Gasol o Nadal los ensalzan. Con la política actual ocurre exactamente lo contrario.