Leyendo la página de noticias Aragón Digital, he leído: «Los empleados de las piscinas municipales instan al Ayuntamiento a poner en marcha un observatorio de convivencia».

 En ella se los empleados de las piscinas municipales solicitan al ayuntamiento que analice las incidencias que se han producido este verano en las instalaciones y que ponga medidas para frenarlas. El trabajo de los empleados no sólo es el simple hecho de vigilar para que no se ahogue nadie en las piscinas y curar heridas, sino del correcto funcionamiento de las instalaciones municipales. Por ello, ellos son los máximos responsables de la seguridad.

Después de ocho meses de intensa actividad, la redacción de este blog necesita un descanso; así que durante lo que resta de semana este blog permanecerá "cerrrado por vacaciones", pero prometemos volver con energías renovadas y con más ganas que nunca de fomentar el debate y la participación.

Uno de los aspectos más importantes del trabajo que realiza un funcionario con habilitación de carácter estatal, perteneciente a la subescala de Secretaría-Intervención (para abreviar lo llamaré FHE-SI), porque su propio fuero así se lo impone, tiene que ver con la fe pública. Mucho se ha escrito sobre la fe pública y el alcance de la misma si se debe certificar tal o cuál cosa y cómo y con qué alcance. Pero a lo que a mí me importa ahora es lo relacionado con el archivo municipal, ya que estamos ante una función absolutamente inherente al puesto de FHE-SI. Uno de sus cometidos más importantes es acreditar, básicamente, cuáles son los actos administrativos que “se producen” o se han producido en el Ayuntamiento por los órganos de gobierno, Alcalde, Pleno y en su caso, Junta de Gobierno Local.  Y asimismo otras circunstancias que constan entre la documentación municipal. Bien, sistematicemos. Uno de los problemas más serios que al bueno del FHE-SI, en la soledad de sus cuatro paredes se le plantea, es básicamente organizarse un sistema mínimamente racional para saber –en relación con los papeles- qué hacer: a) Dónde narices guardar los papeles. b) Cuándo hacerlo y c) Cómo hacerlo.

El Justicia de Aragón es una de las cuatro instituciones básicas que configuran la Comunidad Autónoma de Aragón, junto con las Cortes, el Presidente y la Diputación General. El Justicia de Aragón es el nombre histórico con el que se designa al Defensor del Pueblo de esta Comunidad Autónoma. En opinión de algunos autores, se trata del precedente lejano de todos los Defensores del Pueblo Europeos. Esta Institución recibe diferentes denominaciones en las Comunidades Autónomas, y el nombre de Defensor del Pueblo a nivel estatal. Es importante conocer las posibilidades que como ciudadanos nos ofrece el Justicia de Aragón para la defensa de nuestros derechos y libertades frente a los posibles abusos, y considerarlo como instancia a la que acudir en determinadas ocasiones. 

Es una práctica habitual, especialmente entre los jóvenes de pequeños Municipios, el uso de las llamadas escopetas de perdigón. Sin embargo, muchos de estos usuarios (que en ocasiones son menores de edad) desconocen realmente la normativa aplicable, o conociéndola, la infringen.

Desde nuestros Ayuntamientos (junto con la Guardia Civil) tenemos la responsabilidad, no solo de conocer, sino de hacer que se cumpla esta normativa:   Las “escopetas de perdigones” son denominadas a efectos del reglamento de armas “carabinas de aire comprimido” con las que sólo se permite el tiro de precisión en diana en los espacios habilitados al efecto para tirar con carabina, en las galerías de tiro, o en recintos privados acotados, seguros y apartados del público. No está permitido el tiro a nada o sobre nada que no sea un blanco tipo diana: lo que implica que no se puede disparar a pájaros ni a cualquier otro tipo de animales, bajo multa del SEPRONA. No está permitido ir con la carabina por la calle, bajo sanción de las previstas en el Reglamento de armas. Para poder llevar y usar las armas de la categoría 4.ª (carabinas de aire comprimido) fuera del domicilio habrán de estar documentadas singularmente, mediante tarjetas de armas, (se entregan en la sección de Intervención de Armas del Puesto de la Guardia Civil que corresponda por zona) que las acompañarán en todo caso. Las tarjetas de armas serán concedidas y retiradas, en su caso, por los Alcaldes: debiendo presentar ante el Ayuntamiento la carabina junto con la factura de la tienda de deportes o armería, para que el personal del Ayuntamiento anote los datos del arma (marca, calibre y número de serie). La tarjeta amarilla se entrega al particular para que la lleve siempre con el arma. Una de las blancas se la queda el Ayuntamiento y la otra hay que llevarla a Intervención de armas de la Guardia Civil.

El uso de armas implica una importante responsabilidad que recae sobre el portador del arma. Los solicitantes de la tarjeta A deberán acreditar haber cumplido catorce años de edad.

La STC 173/04 de 18 de octubre que confirma otras del TS, reconoce que los Concejales no sólo pueden impugnar los acuerdos adoptados por los órganos de que formen parte (siempre que hayan votado en contra de tales acuerdos) sino, además, cualquier acuerdo de la Junta de Gobierno o Resoluciones del Alcalde, aunque no hayan participado (ni se hayan podido oponer) en tales decisiones. Amplía, pues, la legitimación especial que reconoce a los concejales el artículo 63 de la LRBRL.