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Jesús Santos Oñate
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19.08.2010 |
 Decía en la primera parte de este artículo que el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 13 de julio de 2010 me produce recelo en el caso de que los ordenadores de pago se muestren tozudos en el cumplimiento de las sentencias porque les baste dimitir o declararse insolventes y los Tribunales tiren por la calle de en medio, fruto de la impotencia para hacerse obedecer y del desconocimiento de nuestras funciones y de las posibilidades que tenemos de hacer valer nuestras opiniones, y terminen resolviendo hacer responsables a secretarios e interventores del cumplimiento de sus decisiones, no limitándose a imponernos la obligación de notificar, porque cosas más raras se han visto ya que los jueces creen que somos funcionarios con un alto grado de responsabilidad y unos medios a nuestro alcance para hacernos respetar que distan leguas de la realidad, como demuestran fallos judiciales que no viene al caso recordar.
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Jesús Santos Oñate
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17.08.2010 |
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Ayer nos hemos desayunado con la noticia publicada en el Diario “Expansión”, según la cual el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado un Auto por el que insta al Alcalde del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla) a cumplir con la obligación de que le incumbe de abonar, en el plazo de treinta días, tal y como obliga la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que da nueva redacción al artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, a una empresa la cantidad a la que ha sido condenado el Ayuntamiento por sentencia firme y le conmina a su cumplimiento bajo apercibimiento de la imposición de multas coercitivas que recaerán sobre su patrimonio personal.
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Julio Tejedor Bielsa
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03.08.2010 |
 Quizá una de las críticas más comunes a la reciente legislación estatal de suelo, hoy recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, ha sido la de su carácter meramente programático. Es una legislación de principios, de objetivos, que deja los medios a los legisladores competentes, los autonómicos, en cuyas manos queda pues en gran medida la efectividad de la legislación estatal. Es cierto que ese carácter programático no se da en muy relevantes cuestiones como las atinentes a cesiones, reservas de suelo para vivienda protegida o, muy especialmente, valoraciones.
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Julio Tejedor Bielsa
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02.08.2010 |
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En 2001 inició Greenpeace la publicación de un informe sobre la situación del litoral español. Eran otros tiempos. Todavía gobernaba el Partido Popular y el dorado del ladrillo, la gallina de los huevos de cemento de D. Ramón Martín Mateo, estaba en su apogeo. Se pintaba y pintaba sobre los planos. Todo valía, el golf era un deporte en auge que había que acercar a las masas que, de paso, podrían comprar su casita en las neociudades surgidas de fincas convenientemente recalificadas. Luego llegó Narbona, el impulso al deslinde, el estudio de las costas, su protección, las expropiaciones, el Algarrobico. Luego se fue Narbona. Y la crisis, el dinero en huida, asumió el papel protector que en la primera legislatura de la última etapa de gobierno del PSOE había asumido la ministra.
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Julio Tejedor Bielsa
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24.05.2010 |
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Son cinco las cuestiones abordadas en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 2010, asunto Muller, sobre las cuales, a mi juicio, debe centrarse la atención. La primera es el análisis del carácter oneroso del contrato, resultante de que el poder adjudicador reciba una prestación a cambio de una contraprestación. El tema ya se trató en la Sentencia Scala, pero ahora afirma el Tribunal que "este beneficio económico está claramente acreditado cuando se dispone que el poder adjudicador asumirá la propiedad de las obras objeto del contrato", así como "si se establece que el poder adjudicador dispondrá de un título jurídico que le asegurará la disponibilidad de las obras objeto del contrato, a los efectos de su afectación pública" u obtiene "ventajas económicas... en un futuro del uso o de la cesión de la obra por el hecho de haber participado económicamente en su realización o por los riesgos que asume en el supuesto de un revés económico de la obra". Ahora bien, "el mero ejercicio de competencias normativas en materia urbanística, con la finalidad de satisfacer el interés general, no tiene por objeto ni recibir prestaciones contractuales ni satisfacer el beneficio económico directo del poder adjudicador". Desde la perspectiva urbanística, por tanto, la mera aprobación del planeamiento no resulta determinante para afirmar, en ese momento, la existencia de relación contractual. Será precisa la obra, la decisión de gestión, la adopción de decisiones de ejecución del planeamiento que comporten, sí en ese estadio, la concurrencia de un contrato oneroso.
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Julio Tejedor Bielsa
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18.05.2010 |
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Concluía el comentario anterior afirmando que serían los ciudadanos quienes acabarían pagando, directamente o a través de la administración, una parte de los costes del agujero financiero generado en los últimos años en el país. Ya sabemos, hoy, que así. De momento unos más que otros, de momento. Pero ciñéndonos al ámbito inmobiliario, hay más. De hecho, el título del presente comentario podría ser el lema del sector inmobiliario y financiero actual. Ese gran entramado empresarial que tantas glorias ha dado al país en el último decenio hoy parece haber desaparecido en gran medida. Y es que ya no hay capitales ajenos que arriesgar o, para ser más precisos, hay riesgos y parece que el riesgo empresarial y la empresa inmobiliaria no maridan muy bien.
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Ignacio Pérez Sarrión
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17.05.2010 |
 Dos. El valor de la construcción y la urbanización.Desconozco los costes de construcción de una vivienda a ciencia cierta, pero si se le pregunta a un constructor el precio/metro cuadrado construido de vivienda de calidad media, cualquiera lo indica sin mucho cálculo. Y desde luego es un valor importante pero hasta ahora no era el más importante. Hay que sumar también el valor de la urbanización. Los técnicos te dicen una cantidad a ojo de buen cubero sin equivocarse mucho.
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Ignacio Pérez Sarrión
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14.05.2010 |
 Y flop, estalló la burbuja como dice el Profesor Tejedor. Y ha sido tan potente la explosión que a pesar del tiempo transcurrido aun sigue salpicando a todos. Construcciones paralizadas, créditos congelados, empresas quebradas, impagos en efecto cascada, desconfianza, paro y pobreza. Este es el resultado de la miopía de todos los agentes que han intervenido en el urbanismo. En realidad porque todos han ido a obtener el máximo beneficio, poderoso caballero es don dinero que diría Quevedo. Tiburones pululantes que sin un duro en el bolsillo y sin demasiados escrúpulos fueron adquiriendo opciones de compra por doquier, formalizando después compraventas de suelo pagando a base de créditos que materializaban cuando obtenían dudosas recalificaciones con el dinero recaudado de los confiados compradores cuando aun no había ni licencia. Y con préstamos hipotecarios con carencia para ir pagando la construcción y que luego subrogaban al comprador. Cajas y bancos que no tenían empacho en sobrevalorar todo sabiendo que seguía subiendo el precio al grito de esto es jauja. Y las administraciones públicas financiándose a través de las operaciones urbanísticas, conveniando planes y obteniendo suelos y equipamientos con unos costes finalmente repercutidos en el comprador, pagano final del pastel que quedaba atado a la entidad financiera como al duro banco de una galera turquesa, que diría Góngora..
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Julio Tejedor Bielsa
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11.05.2010 |
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Es curioso comprobar cómo los defensores del mercado, que tachan la intervención pública de fuente de todos los males, son capaces de olvidar su discurso cuándo ese mercado en el que tanto confían rola en contra de sus intereses. Poco se objeta cuándo hay beneficios sin fin. Sólo lo público molesta. Es precisa menos regulación, menos intervención, menos presión fiscal y más agilidad en procesos públicos. De los procesos privados, opacos e inmunes a todo control, incluso cuando se solapan con los públicos, se encargan ellos. Lo privado se puede demorar, incluso incumpliendo la norma. Lo público nunca, siempre que el interés privado lo exija, aunque el interés público se oponga. Los precios se pueden manipular artificiosamente, se pactan obviando costes y absorbiendo cuantas prácticas especulativas públicas y privadas sea posible hacer.
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Julio Tejedor Bielsa
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29.04.2010 |
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Anda el país tremendamente desorientado. Y es que ni se vende, ni se compra, ni suben los precios, ni bajan. El sector de la construcción y la promoción inmobiliaria, en estos trances, cae. El sector financiero, en sus cuitas, ni se reestructura, ni en frío ni en caliente, ni reinicia su normal actividad. La burbuja explotó, pero todos parecen añorarla. Y es que en este país no se concibe un promotor que no promueva, un constructor que no construya, un municipio que no recalifique y un banco o caja que no financie. No es eso lo normal, lo natural. Pero eso, precisamente eso, es lo que está ocurriendo en este país, que sigue agarrotado ante la caída de su fundamental motor económico, aquél que arrancó con fuerza irresponsable al calor de las reformas introducidas a mediados de los noventa.
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Urbanismo 
