El próximo 29 de julio, cumplirá veinte años la Ley de Carreteras estatales. Entre las bondades que aportaba en su articulado, decían los heraldos oficiales de la época, estaba la prohibición de la publicidad, tan dañina para la atención de los conductores y la estética del paisaje. La realidad, sin embargo, aparte de algún proceso pintoresco con el que hubo de lidiar la Administración, no ha podido ser más decepcionante.

Inicio hoy mi andadura en este blog con cierto ánimo trasgresor. Y es que si la propuesta y la respuesta de colaboración con esPublico se referían al urbanismo hoy voy a escribir también sobre el derecho a la vivienda. Porque ¿Dónde acaba lo urbanístico y empieza lo inmobiliario? ¿Hay vivienda sin urbanismo? Lo cierto es que, al margen de las medidas de fomento al promotor, adquirente o arrendatario de vivienda incorporadas en los clásicos planes de vivienda, cualquier política de vivienda empieza hoy con políticas urbanísticas. Y es que sin suelo no hay vivienda y, obviamente, si por un camino, el del destino del suelo a vivienda libre, hay mucho a ganar (o lo había, quizá ahora las cosas han cambiado) difícilmente se recorrerá de forma voluntaria otro.

El pasado 15 de noviembre la Guardia Civil organizó las III Jornadas "Naturaleza y Medio Ambiente", en las que intervino el Fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Supremo con la ponencia "Las Fiscalías de Medio Ambiente, retos y futuro". Lo más destacable de la intervención fue la respuesta a la pregunta planteada por el Presidente de la asociación ecologista Arca, por la que Antonio Vercher afirmó que "las sentencias de demolición hay que ejecutarlas, aunque no haya tradición".

Vivimos en un estado de derecho, un estado quizás –en mi opinión, en algunos aspectos- excesivamente garantista. Digo esto porque la cantidad de normas, procedimientos, plazos y recursos, pueden legar a provocar inseguridades jurídicas e impiden en ocasiones un funcionamiento mínimamente ágil de la administración si se pretende ser eficaz, como por otra parte se demanda por los ciudadanos. Uno nunca está seguro de estar cumpliendo meticulosamente todos y cada uno de los matices de los procedimientos de aplicación del derecho, dada la estructura de personal existente, el escaso tiempo con que se cuenta por las personas que tienen que tratar multitud de tareas diferentes en soledad (FHE) y los medios materiales con que se cuenta.

La exigencia del establecimiento y prestación del servicio de abastecimiento de aguas sólo es posible dentro del casco urbano, ya que este servicio es propio del suelo urbano o urbanizable. Si cualquier vivienda o explotación situada fuera del casco urbano pudiera exigir el establecimiento de un servicio, supondría un coste desorbitado e inasumible en beneficio particular de uno o unos pocos ciudadanos. Por otra parte, el exigir el establecimiento no supone no participar en los gastos que ello origine y que haya que trazar grandes redes gratuitamente, en beneficio de cualquier vecino, aunque radique a varios kilómetros del casco urbano. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 5 de Diciembre de 2003 considera que “...es de aplicación, por una parte, el artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio... Y en su artículo 60.3.1º se añade como uso preferente el abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal, como ya se establecía en el art. 2 de la Ley 29/85 de 2 de agosto, sobre Aguas, según el cual, el agua es un bien de dominio público, y por aplicación analógica del art. 58.3.1 de la propia Ley, debe considerarse como uso preferente de la misma el abastecimiento de las poblaciones...”