La exigencia del establecimiento y prestación del servicio de abastecimiento de aguas sólo es posible dentro del casco urbano, ya que este servicio es propio del suelo urbano o urbanizable. Si cualquier vivienda o explotación situada fuera del casco urbano pudiera exigir el establecimiento de un servicio, supondría un coste desorbitado e inasumible en beneficio particular de uno o unos pocos ciudadanos. Por otra parte, el exigir el establecimiento no supone no participar en los gastos que ello origine y que haya que trazar grandes redes gratuitamente, en beneficio de cualquier vecino, aunque radique a varios kilómetros del casco urbano. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 5 de Diciembre de 2003 considera que “...es de aplicación, por una parte, el artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio... Y en su artículo 60.3.1º se añade como uso preferente el abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal, como ya se establecía en el art. 2 de la Ley 29/85 de 2 de agosto, sobre Aguas, según el cual, el agua es un bien de dominio público, y por aplicación analógica del art. 58.3.1 de la propia Ley, debe considerarse como uso preferente de la misma el abastecimiento de las poblaciones...”

Quizá Vázquez Montalbán exagerase cuando anticipó que los estadios de fútbol se iban a convertir en las catedrales del futuro, aunque la cita del desaparecido escritor se ha convertido en algo más que una frase retórica. La devoción de los aficionados al balompié levanta obras faraónicas por todo el mundo y España y las grandes ciudades europeas no son una excepción. La historia se repite y como sucediera en el período de entreguerras, el nuevo milenio ha visto renacer a templos a lo largo de diferentes rincones y al abrigo no pocas veces de planeamientos urbanísticos con cifras mareantes en términos de recalificaciones o modificaciones de PGOU´s.

¿Los Ayuntamientos pueden “vender a perpetuidad” terrenos para sepulturas, panteones o nichos a los particulares?: si preguntamos a los vecinos de nuestro municipio un porcentaje casi absoluto nos dirá que sus terrenos para sepulturas, panteones o nichos los han adquirido con título de propiedad y por ello “para siempre”, porque, ¿qué puede haber en esta vida más eterno que el último lugar de descanso? La lógica de nuestros vecinos es aplastante, pero como otras tantas veces choca con las disposiciones legales y la nota de la inalienabilidad de estos bienes de dominio y servicio público que son los cementerios municipales. Así pues, y en supuesto de que se le haya dado el tratamiento de “venta en propiedad” ¿es nula por tratarse de cosas fuera del comercio (art. 1271 CC)? En general el tema relacionado con los Cementerios no suele ser muy tratado por nuestros autores. No es, en efecto, algo de lo que apetezca hablar y mucho menos discutir. Pero la realidad es que en nuestros municipios se plantean con bastante frecuencia cuestiones relacionadas sobretodo con la “propiedad” y la “perpetuidad” de estos lugares.

Con el objeto de que el lector tenga un punto de partida a partir del que investigar y sin tratar de llegar a conclusiones absolutas se ha incluido una referencia jurisprudencial sobre el asunto.

El pasado viernes recibimos en la cuenta de correo electrónico del blog un relato muy interesante basado en hechos reales que procedemos a publicar. El autor, personal de un municipio de Castilla-La Mancha, prefiere mantenerse en el anonimato; así que respetaremos su deseo.

El Ayuntamiento de Caldes d'Estrac inicia expediente para agregar a su término municipal parte de los términos municipales de los municipios limítrofes de Arenys de Mar y Sant Vicenc de Montalt. El fundamento de esta alteración de términos municipales se basa, en criterio del Ayuntamiento de Caldes, en que su municipio es de los más pequeños de Cataluña, su suelo está consolidado en más 80%, siendo su población de 1.754 habitantes que se convierten en casi 6.000 durante el verano, significando las viviendas de segunda residencia el 69% del total. A su juicio, este «ahogo» y pequeñez propician una expansión «necesaria o aconsejable», de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 8/1997, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, que señala que la delimitación territorial del término municipal ha de atender a las dimensiones que le son más idóneas, y con el artículo 14.b) del Decreto 140/1988, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Demarcación Territorial y Población de los Entes Locales,  que hace posible la segregación para agregación cuando consideraciones de orden geográfico, demográfico, económico o administrativo lo hagan necesario o aconsejable.

Por Decreto 213/07 de 4 de septiembre (BOA 12 de septiembre) se aprueba el Reglamento de las Comisiones Técnicas de Calificación dando cumplimiento al mandato de la DA 1ª de la Ley 7/06 de Protección Ambiental de Aragón. Entrada en vigor el día 13 de septiembre de 2007 (Disposición final tercera del Decreto 213/07). El Preámbulo V de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, dispone que se atribuye expresamente a las Comarcas la competencia, ya reconocida en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de medidas de Comarcalización, de calificación de las actividades sometidas a licencia ambiental de actividades clasificadas prevista en la Ley, si bien será precisa su previa transferencia por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón y su aceptación expresa por aquéllas, con arreglo a lo establecido en la legislación reguladora de las Comarcas (Disposición Transitoria Primera de la Ley de Protección Ambiental de Aragón). La Ley prevé, asimismo, la posibilidad de que las Comarcas puedan delegar en los Ayuntamientos la competencia de calificación con arreglo a lo previsto en la legislación de régimen local. Pero hasta que las Comarcas no asuman la competencia de calificación ambiental, la Disposición Adicional Primera de la misma Ley 7/06 disponía la creación de las Comisiones técnicas de calificación, para cuya creación se daba un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley de Protección Ambiental de Aragón. En cualquier caso, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/06 establecía que en tanto no se crearan dichas comisiones, las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio continuarían ejerciendo las competencias que, en materia de medio ambiente, les atribuye la legislación vigente. El evidente retraso en la creación de las Comisiones Técnicas de calificación hizo que a mediados de diciembre del año pasado la situación empezara a ponerse tensa entre las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental: las primeras sostenían que una vez transcurrido el plazo de tres meses de la DA 1ª ya no eran competentes, porque ya deberían estar creadas las Comisiones Técnicas; y el INAGA por su parte, argumentaba que todavía no podían ejercer la competencia hasta que se aprobara su norma reguladora. ¡Por fin tenemos Comisiones técnicas de calificación, y los Secretarios volvemos a tener una dirección segura a la que mandar nuestros expedientes¡

Según dispone el art. 38 de la Ley Hipotecaria, quien tiene inscrito un derecho tiene la posesión del inmueble sobre el que recae. Esta presunción es de carácter iuris tantum lo que quiere decir que produce una inversión de la carga de la prueba y que permite la prueba en contrario y contra ella son admisibles todos los medios de prueba. Durante años, los recaudadores de Hacienda pusieron a nombre del Ayuntamiento todos aquellos recibos que correspondían a propietarios desconocidos o a fincas abandonadas. Los Ayuntamientos optaron, sobre esta base de titularidad fiscal, por inscribir estos bienes en el Inventario y posteriormente a su inmatriculación en el Registro de la propiedad siguiendo el procediendo del art. 206 LH, con lo que en cierto modo se creaba un título de adquisición y la presunción de posesión a favor del Ayuntamiento. Pero no hay que olvidar que los bienes inmuebles abandonados son propiedad del Estado.El asunto se ha ido complicando cuando el Ayuntamiento ha ido enajenando esos bienes mediante documentos privados que los particulares no han inscrito en el Registro: lo que implica que, mientras la situación no se normalice, el bien no está bajo la protección que le proporciona el Registro. En estos casos, si el vecino tiene el documento privado, e insistimos, lo tiene actualmente en su poder, puede elevarlo a escritura pública ante notario para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad. Será al Registrador a quién corresponda calificar el documento y sus requisitos para comprobar su validez y por tanto su inscripción. Los bienes inmuebles abandonados son propiedad del Estado, pero respecto a los bienes poseídos se ha podido producir su adquisición por prescripción de aquel que haya poseído el bien patrimonial (el Ayuntamiento o el vecino). Si el Ayuntamiento o el vecino han poseído en la forma que establece el Código Civil y tiene título que el Registrador admite como válido, posesión y propiedad convergen.

Estaba interesado en saber qué dimensiones habría alcanzado “el ladrillazo” en los municipios españoles y ello me llevó a escribir el siguiente artículo.

De entrada pensé que no habría tantos municipios implicados en los que se hubieran cometido irregularidades urbanísticas (¡vaya eufemismo!), pero tras documentarme me llevé una desagradable sorpresa, entre otras razones porque el ladrillazo descubierto debe de ser irrelevante si lo comparamos con el “ladrillazo sumergido”.