La competencia municipal en materia de vías públicas alcanza tanto a las urbanas como a las rurales y es obligación de las Entidades Locales mantenerlas en buen estado de conservación. Las vías públicas rurales constituyen en cuanto a su utilización un supuesto de “uso común general”, no sujeto a licencia o autorización, estando su uso permitido por igual a todos. De la lectura del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales 2/2004 deducimos que no concurren los requisitos para establecer tasa o precio público ni en el listado del artículo 20 encontramos ninguna referencia que nos induzca a pensar que se puede exigir tasa por utilización de los caminos públicos municipales; a menos que se trate de un uso intensivo que produce en el camino municipal unos daños que habrán de ser reparados por aquellos que los han producido, estando obligados a reponer los caminos a su estado anterior. Si la no reparación del camino produce un daño, estaríamos ante el tema del principio general y amplísimo de la responsabilidad objetiva de la Administración. Si el daño al camino lo ha producido un particular, una vez determinado el autor o autores del daño se les puede y se les debe obligar a la reparación del camino reponiéndolo a la situación en que se encontraba antes de la producción de los daños (orden de ejecución previa a la ejecución subsidiaria para la restauración de la legalidad).Es aconsejable aprobar una Ordenanza de Caminos en la que regulen el régimen de infracciones y sanciones que, tras la reforma de la LRBRL 7/85 por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas de modernización del Gobierno Local (art 139 y 140), tiene plena cobertura legal.

Parece que después del «conato» de suspensión cautelar de las fiestas y bailes en la calle previstos con motivo de las fiestas del carnaval en Tenerife, originado por las demandas de los vecinos que sufren las consecuencias habituales de unas fiestas municipales, la actualidad nos hace seguir hablando del mismo tema, esta vez cambiando de escenario, esta vez en Zaragoza.

Y es que, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 3 ha condenado al Ayuntamiento de Zaragoza a indemnizar, nada más y nada menos que, con 385.000 euros a 55 residentes del entorno de la calle de Moncasi, que habían presentado una demanda por el ruido originado por los locales de la zona.

¿No estaremos abriendo la Caja de Pandora?

   La semana pasada, los días 6 y 7 de febrero, tuve la ocasión de acudir, junto a mi compañera Paula, a las III Jornadas Técnicas de Urbanismo, celebradas en la Cámara de Comercio de Zaragoza y organizadas por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento. El tema era : «Urbanismo Sostenible e Innovación Tecnológica».

   Las jornadas abordaron dos grandes temas, por un lado el urbanismo (entendido como planificación) sostenible, y por otro, la aplicación de las innovaciones tecnológicas a la edificación, lo que puede llevar a muy buenos resultados a nivel de eficiencia energética y ahorro de recursos.

     El pasado 7 de febrero tuvimos la oportunidad de presenciar la puesta en marcha en Zaragoza la Primera Central Neumática de Residuos de la localidad ubicada en Ecociudad Valdespartera.

     El acto de inauguración estaba incluido dentro del programa de las «III Jornadas Técnicas de Urbanismo que bajo el Título de «Innovación Tecnológica y Urbanismo Sostenible» que se celebraron en la capital aragonesa durante los días 6 y 7 de febrero.

El convenio suscrito el día 5 de febrero de 2007, prevé la realización de un estudio y de actuaciones piloto, incluidos en la primera fase del programa, y posteriormente se firmará otro convenio para la fase de despliegue. El objetivo del programa es aumentar de este modo la transparencia en la gestión pública del sector urbanístico.

Durante todo el fin de semana se han sucedido diversas noticias relacionadas con la nueva trama urbanística que se ha destapado en la Comunidad Autónoma de Murcia, incluyendo a la misma a diversos cargos públicos del Ayuntamiento, que están declarando ante el Tribunal Superior de Justica de Murcia.

   La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha emitido un auto mediante el que suspende cautelarmente el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana que aprobaba la homologación modificativa y Plan Parcial del sector "Pinaret", en el término de Ador (Valencia), por considerar que el suministro de agua no estaba asegurado.

   Este plan fue recurrido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que emitió un informe negativo por considerar que los datos aportados por la empresa promotora no permitían emitir un dictamen, de hecho, el Tribunal ha considerado que el informe facilitado por la empresa responsable del PAI «es manifiestamente insuficiente y omite todos los datos esenciales» (como la titularidad de los pozos, la disponibilidad presente o futura de agua, su calidad, la necesidad o no de tratamiento y la exigencia o no de infraestructuras).

Estos días, en las jornadas organizadas por esPublico sobre el nuevo Proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón, estamos teniendo ocasión de comentar y tratar algunas cuestiones un tanto polémicas sobre esta iniciativa del gobierno.

Estudiando el nuevo Proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón, me ha llamado especialmente la atención la inclusión de una figura urbanística que seguro va a traer cambios en el panorama urbanístico aragonés, me refiero, sin duda, al «Programa de Urbanización».

Para entendernos esta figura da la posibilidad de que una empresa privada asuma la función pública de urbanizar.