Sobre los lomos pacientes de los ayuntamientos se cargan más y más prestaciones y servicios. La administración más cercana al ciudadano es percibida como la primera proveedora pública, y hasta ella llegan los ciudadanos a reclamar lo que consideran sus derechos. Pero, ¿de dónde van a sacar las instituciones locales el dinero que precisan?

Alguien debe decir en alto que a los ayuntamientos no les llega para vivir. Que durante los años de la bonanza del ladrillo habían equilibrado sus cuentas con licencias y convenios, y que, de repente, la crisis inmobiliaria ha evaporado las expectativas de ingresos previstos. Todos podemos poner ejemplos que van desde situaciones preocupantes hasta déficits desesperados. Los delegados de hacienda fruncen el ceño sin saber cómo elaborar los presupuestos del año próximo. Los plazos de pago a proveedores comienzan a alargarse, y el interventor advierte de la imposibilidad de cumplir el presupuesto de ingresos del presente ejercicio.

La Subdirección General de Tributos Locales resuelve una consulta vinculante de una Sociedad dedicada a la promoción y mantenimiento de parques solares en todo el territorio nacional. La entidad realiza importantes inversiones tanto en adaptación del terreno como de instalación de los equipos necesarios para la captación de la energía solar. Los equipos (módulos fotovoltaicos, seguidores e inversores) son fabricados por empresas especializadas y posteriormente montados en los terrenos, una vez que éstos han sido adaptados y acondicionados. La adaptación y acondicionamiento del terreno consiste fundamentalmente en su nivelación, excavación y relleno de zanjas y la cimentación. Sobre la cimentación se fijan los equipos. Este proceso de colocación o, en su caso, remoción de los equipos, no precisa de la obtención de licencia urbanística o de obras. La Entidad desea saber si el coste de los equipos debe incluirse o no en la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Se trae a lectura esta Consulta porque nos da respuesta a una pregunta que de forma reiterada se está planteando en el día a día de nuestra gestión municipal, especialmente durante los últimos años en los que las energías solar y eólica han proliferado por toda nuestra geografía.

Los documentos básicos de la INTOSAI se han convertido en determinantes del pensamiento en la cultura de la fiscalización, por lo que se ha intentado demostrar que se presentan como un conocimiento fáctico, de orden implícito a través de supuestos, en lugar de la rigurosidad y demostración. Históricamente la fiscalización está ligada a la disciplina de la auditoría y al proceso de su profesionalización. De ahí que el análisis de la formación del auditor público y su carrera sea un tema a debatir en los espacios académicos y en las instituciones de fiscalización. Pero en lo inmediato los ciudadanos y organizaciones sociales no pueden esperar que se constituya como un tema de agenda, si la auditoría debe cambiar sus contenidos, su denominación y si es preciso que se convierta en una carrera profesional en lo particular, mientras la vida cotidiana continua aceptando que las entidades de fiscalización contribuyen a la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad.