Escenario

a) España. 5 de abril de 1988,  la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en su  artículo 27.1, “la función fiscalizadora (…) se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía”.

La auditoría pública es un campo impenetrable a la ciudadanía en la actualidad. Ante lo cual, Luis Muñoz Garde, Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, ha propuesto “Abrir nuestras sedes abiertas y programas de visitas de colectivos interesados, también simboliza una actitud positiva, un deseo de apertura, de transparencia, exigible a todas las instituciones y más si cabe a estas”1. En sí, la iniciativa representa un cambio en el panorama generalizado en las instituciones de control y fiscalización de cerrar las puertas al escrutinio de la sociedad, no obstante que los órganos de control se pronuncian sobre la gestión de los recursos públicos y esto supone que los ciudadanos tienen el derecho a conocer cómo se gestiona su dinero; y se ha aceptado en los gobiernos, partidos políticos, congresos o parlamentos, universidades, organizaciones, medios de comunicación y ciudadanía, que las entidades de fiscalización superior o la denominación que adopten, constituyen elementos fundamentales de las democracias modernas, dado que su observancia permite elevar la credibilidad social sobre las instituciones, fortalecer el marco institucional y jurídico del Estado, favorecer la probidad y eficiencia en el quehacer público y refrendar la vocación democrática de los ciudadanos. Y la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) señala “Las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben servir como modelos de rol para las entidades del sector público y la sociedad en general”2.

Me limitaré a transcribir la noticia de una agencia informativa sobre un caso real y muy reciente. Eso sí, omitiendo fechas, nombres y toponímicos para evitar en lo posible la identificación de tiempos, lugares y personajes, aunque no debiera porque la corrupción demostrada, como es el caso –cualquiera que sea su naturaleza-, habría que airearla sin ambages en todos los ámbitos para cortarle el paso.

Solamente al final formularé algunas preguntas y recapitularé sobre ciertos aspectos.

Un Ayuntamiento del norte de España, capital de provincia, revela que tiene deudas por importe de casi trescientos millones de euros, una cifra que solo podría yo traducir a pesetas si me tomara previamente una pastilla antimareo.

Finales del mes de noviembre, inicios de diciembre. Qué agobio, cuánto papel por delante. Horror, terminan plazos de las subvenciones que, paciente pero con firmeza, con constancia militar y llamando a todas las puertas que correspondían, el buen Alcalde ha ido recabando de las distintas instancias territoriales y/o funcionales. Mi colega del municipio vecino, ése que me cuenta historias y que se agobia tanto a veces, me cuenta que el año no ha ido mal, la cosecha ha sido de aproximadamente 28 subvenciones distintas, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada una de las convocatorias. Subvenciones desde 500 € la menor hasta 90.000 € la más elevada. Los procedimientos, lejos de simplificarse, se han complicado. No ha sumado las cantidades obtenidas, pero sabe que la recolección ha sido bastante, cualquier día de éstos lo hará, hay que, en su caso, tener argumentos-fuerza por si alguien le dice que qué hace siendo Alcalde que no hace cosas. Me dice que sus reflexiones le han llevado a concluir después de su dilatada experiencia que el buen Alcalde es entre otras cosas, aquél que ha sabido traer dinero a su Ayuntamiento.

Este dinero será repartido entre las entidades locales con los criterios marcados por la UE, los cuales fueron presentados el pasado 7 de noviembre por la ministra de Administraciones Públicas. De estos fondos, casi el 75% corresponde al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el resto al Fondo Social Europeo (FSE). Según Salgado, estos fondos junto con la Iniciativa Urbana son tres líneas comunitarias de subvención "de una extraordinaria relevancia cualitativa y cuantitativa, que inciden sobre el desarrollo de los entornos locales y urbanos desde un planteamiento complementario".

Aunque no es muy frecuente, existen casos en que determinados bienes carecen de dueño, en cuyo caso existen intereses concurrentes de distintas administraciones públicas y la normativa de derecho privado. Distinguiremos los casos de aquellos bienes que simplemente carecen de dueño y aquellos otros que provienen del fallecimiento de las personas sin que existan herederos legales.

1. Con respecto al primer caso, la regla general es la del art. 610 del Código Civil, que dispone que “Se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas.”

Hace unos meses leí en la página del Cosital de Murcia como la FEMP apostaba por la descentralización, proceso que se ha intensificado en los últimos años especialmente en favor de las Comunidades Autónomas; por otra parte es necesaria una descentralización en relación con las fuentes de financiación, ya que a pesar del aumento de competencias la financiación no ha aumentado en la misma proporción.