Supongo que todos hemos pensado, en alguna ocasión, cuáles son las compensaciones que el funcionario con habilitación de carácter estatal o el funcionario local en general, tiene con respecto a su trabajo diario. Es decir, si uno es más o menos feliz con lo que uno hace. Resaltaría cuatro aspectos básicos para sentirse aceptablemente bien en un Ayuntamiento mediano-pequeño: 1. La necesidad de encontrar sintonía con los vecinos o clientes, o sea, en las relaciones hacia fuera. 2. La conveniencia de tener unas relaciones laborales internas aceptables. 3. El nivel de utilidad del trabajo que se hace. 4. Estar satisfecho de pertenecer a un determinado grupo social.

Hace un par de meses a todos nos sorprendió y nos angustió la noticia de la matanza que organizó un loco, un perturbado, un chaval norcoreano que al final murió llevándose por delante unas 32 personas, en la Universidad Tecnológica de Virginia. Probablemente tenía la idea de batir algún récord, aunque éste fuese el de ser el más criminal sin sentido de la historia de Estados Unidos.

Tal y como relataba el diario El País (17/4/97), esta matanza “desencadenará un nuevo debate nacional [se refiere a Estados Unidos] sobre la tenencia de armas de fuego -que es legal en el Estado de Virginia-, sus peligros y sus límites. La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, al ser preguntada en su comparecencia ante la prensa, dijo: "El presidente está muy preocupado de que las leyes que regulan las armas de fuego se cumplan".

La política española de cooperación para el desarrollo tiene básicamente su origen en la declaración contenida en el preámbulo de la Constitución de 1978, en la que la Nación española proclama su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. En ese marco ha de entenderse la aprobación, por parte de las Cortes Generales, de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuyo artículo 20 contempla la cooperación para el desarrollo realizada desde las Comunidades Autónomas y Entidades Locales como expresión solidaria de sus respectivas sociedades. Por medio de la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, se consolida definitivamente la cooperación para el desarrollo en la política de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se completa con  el Decreto 164/2004, de 6 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del régimen jurídico de las ayudas y de las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo (respetando tanto la legislación básica del Estado recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como el ámbito material propio de los Planes Directores y Anuales).

Se acaba de aprobar la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, la cual entrará en vigor el 25 de abril de 2008. Según la Exposición de motivos esta Ley es el primer paso en la recuperación del Derecho foral valenciano, con el objetivo y la intención de poder desarrollar en el futuro un Código de Derecho foral valenciano que englobe las distintas Leyes sectoriales que se promulguen. La competencia desarrollada tiene su base legal en el artículo 49.1.2 del Estatuto de Autonomía, que la reconoce en exclusiva a La Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 y la disposición transitoria tercera de este mismo Texto Legal.

Tras la "retrasada "llegada del invierno a la península surgen las mismas críticas a las administraciones locales que se plantean cada temporada. En los medios de comunicación no se habla de otra cosa que del caos circulatorio en las ciudades, los accidentes de tráfico en las carreteras, la incomunicación de pueblos enteros,... En las noticias aparecen ciudadanos quejandose de la falta de pan en sus municipios y haciendo comparaciones (las cuales siempre son odiosas) con el norte de Europa: "Esto en Europa no pasa" .

En los últimos años se ha ido extendiendo en nuestras ciudades la práctica, por parte de los jóvenes, del conocido «BOTELLÓN», es decir, el consumo, en ocasiones masivo, de alcohol en la vía pública, como consecuencia del elevado precio que para los jóvenes tienen las consumiciones, ocasionando con su práctica importantes problemas de convivencia con los vecinos de las viviendas próximas, en relación con el ruido, gritos, suciedad...

Tal y como establece el artículo 43.2 de la Constitución Española «Compete a los poderes públicos organizar o tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios», más concretamente serán los municipios quienes afronten los problemas que puede generar el consumo de alcohol en la vía pública.

Las Comunidades Autónomas son las que regulan el consumo de alcohol en la vía pública en su normativa sobre drogodependencia, incorporando medidas encaminadas a la prevención, asistencia y protección social de las personas afectadas por el uso y abuso sustancias que puedan generar dependencia incluido el consumo del alcohol. No obstante la regulación de la materia no es uniforme y claramente se pueden distinguir dos grupos.