En los últimos años se ha ido extendiendo en nuestras ciudades la práctica, por parte de los jóvenes, del conocido «BOTELLÓN», es decir, el consumo, en ocasiones masivo, de alcohol en la vía pública, como consecuencia del elevado precio que para los jóvenes tienen las consumiciones, ocasionando con su práctica importantes problemas de convivencia con los vecinos de las viviendas próximas, en relación con el ruido, gritos, suciedad...

Tal y como establece el artículo 43.2 de la Constitución Española «Compete a los poderes públicos organizar o tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios», más concretamente serán los municipios quienes afronten los problemas que puede generar el consumo de alcohol en la vía pública.

Las Comunidades Autónomas son las que regulan el consumo de alcohol en la vía pública en su normativa sobre drogodependencia, incorporando medidas encaminadas a la prevención, asistencia y protección social de las personas afectadas por el uso y abuso sustancias que puedan generar dependencia incluido el consumo del alcohol. No obstante la regulación de la materia no es uniforme y claramente se pueden distinguir dos grupos.

   La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de noviembre con una amplia mayoría (sólo CiU, PNV y EA votaron en contra alegando que la norma invade competencias autonómicas).