Nuestros gestores medioambientales a veces toman decisiones que denotan contradicciones flagrantes. Hace un tiempo un periódico aragonés informaba (Heraldo de Aragón de 4 de junio de 2007) que un determinado Sindicato Agrario iba a denunciar al Gobierno de Aragón ante Bruselas “por los ataques de los buitres. El sindicato agrario señaló que el Gobierno aragonés no cuida del hábitat de las aves ni procura su alimento, como obliga la Unión Europea en sus directivas….” (79/409) Ilustró la noticia con una foto de un buitre que contempla el valle desde un risco. Bueno, si se lee la Directiva, ésta no emplea la palabra “alimento”. Sí dice (art. 2) que “Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para mantener o adaptar las poblaciones de todas las especies de aves contempladas en el artículo 1 en un nivel que corresponda en particular a las exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y recreativas”.

Por fin parece que la Administración Local empieza a tomar conciencia de la necesidad de poner en práctica algunas medidas en relación con la gestión de los archivos municipales, que a su vez tienen consecuencias ecológicas y económicas en sintonía con los nuevos planteamientos de desarrollo sostenible.

Hace unos días se publicó en El Economista una iniciativa de la Corporación Municipal de Madrid relacionada con la gestión y el reciclado de los residuos urbanos, competencia exclusiva de los municipios de población superior a 5.000 habitantes de conformidad con el artículo 26.1.b) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

La Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, supone una nueva regulación de la Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas, que se corresponde con la tradicional Licencia de actividades clasificadas.

Esta Ley recoge expresamente que corresponde a las Comarcas la calificación de las actividades sometidas a licencia ambiental de actividad clasificada.