Tomando en consideración las dudas que pudieran surgir a partir de la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con la elaboración de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la contratación de las Administraciones Públicas y organismos dependientes de las mismas, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha considerado la conveniencia de dirigir una recomendación sobre el contenido básico de los mismos, conforme a las normas de la Ley, a cuyo efecto, y previo el informe favorable de la Abogacía General del Estado, ha adoptado el siguiente acuerdo: Aprobar como recomendaciones dirigidas a los diferentes órganos de contratación las especificaciones contenidas en el siguiente documento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento General de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, al que se dará la difusión adecuada para el cumplimiento de su finalidad. Con el ánimo, pues, de contribuir a tal difusión nos referiremos a continuación a dichas recomendaciones.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Marzo de 2007 anula la cláusula que valora la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, porque La experiencia no figura en la normativa legal como criterio de adjudicación, sino que debe ser considerada como elemento previo en la clasificación, fijando la doctrina jurisprudencial al afirmar que “la solvencia técnica es un presupuesto de todo licitador mas no puede constituir un criterio de valoración pues contraria el art. 87 LCAP” y que “la valoración de la experiencia supone la contravención del principio de libre competencia en la contratación administrativa esencial en nuestro ordenamiento”. El Tribunal estima el recurso contencioso administrativo declarando la nulidad del precepto contenido en el pliego sin que sea necesario entrar en el examen del resto de los apartados del precepto impugnado. Es evidente que todavía tardaremos un tiempo en disponer de jurisprudencia específicamente referida a la nueva LCSP, pero también es cierto que no partimos de cero y que determinados temas como la valoración de la experiencia han quedado ya zanjados y aclarados desde hace tiempo a nivel tanto legal como jurisprudencial. Por esta razón podemos seguir recurriendo a esta jurisprudencia ya consolidada con la anterior LCAP (TR) teniendo la prevención de realizar las correspondientes adaptaciones mediante alguno de los cuadros comparativos de ambas leyes, como el que esPublico ha incluido en su espacio dedicado a la LCSP.

1.- EL ÓRGANO CONTRATANTE:

 Se regula expresamente en la Disposición Adicional 2ª quedando derogados de conformidad con la Disposición Derogatoria Única los artículos 21.1º letras ñ) y p), 22.1º letras n) y o), 33.2º letras l) y n), 34.1º letras k) y m), y 127.1º letra f) de la LRBRL. De conformidad con la nueva regulación serán competentes:

En estos momentos existen, salvo error, trece Juntas consultivas de Contratación Administrativa dependientes de otras tantas Comunidades Autónomas, además de la del Estado. Prácticamente todas las Comunidades han hecho uso de las creativas posibilidades que ya ofrecía el recientísimamente fenecido, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio) que, en su artículo 10 definía la Junta Consultiva de Contratación Administrativa como “el órgano consultivo específico de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y demás entidades públicas estatales, en materia de contratación administrativa”, adscribiéndolo al Ministerio de Hacienda. Se dejaba a la vía reglamentaria su composición y régimen jurídico. Y ese mismo artículo, en su apartado tercero establecía la posibilidad de que las Comunidades Autónomas creasen Juntas Consultivas con competencias en sus respectivos ámbitos territoriales. Claro, dicho y hecho, cómo una Comunidad Autónoma que se precie no iba a tener una JCCA.