La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Octubre de 2007 deniega a varios trabajadores de grandes almacenes del derecho a disfrutar turnos de vacaciones anuales no disfrutados por causa de incapacidad laboral debida a enfermedad común. El Tribunal parte de un estudio de la finalidad del instituto jurídico-laboral de las vacaciones anuales pagadas y del mecanismo legal de fijación de la época o período concreto de disfrute para cada trabajador y considera que la obligación legal del empresario de respetar el derecho a vacaciones del trabajador es una obligación de medio y no de resultado, que se ciñe, salvo ampliación convencional o contractual de su contenido, a la libranza de las fechas fijadas en un acuerdo individual de vacaciones o en un acuerdo colectivo de planificación y fijación del calendario de vacaciones. Por este motivo el tribunal argumenta que no existe una necesidad de reparar la fatiga acumulada en el trabajo en quien ha estado ausente del mismo varios meses, aunque sea por causa justificada. La Sentencia tiene un voto particular. Por el contrario las Sentencias del Tribunal Supremo (Social) de 5 de Junio y 5 de Julio de 2007, estiman el conceder un nuevo periodo de vacaciones, distinto del pactado en convenio de empresa, por el tiempo no disfrutado por un trabajador en situación de incapacidad temporal, ya que se trata de una condición más beneficiosa incorporada al nexo contractual del trabajador de forma que no puede ser suprimida ni reducida unilateralmente por el empresario. Por lo visto será necesario unificar la Unificación de la Doctrina para llegar a una respuesta que no pervierta el principio de seguridad jurídica.

La Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), consciente de la endémica situación existente en la administración pública, incide de nuevo en el problema de la situación en la que se encuentra una multitud de empleados públicos e intenta poner orden, permitiendo llevar a cabo acciones que procuren una regularización efectiva.

La decisión del presidente francés de adjudicar a una empresa privada el control de los objetivos a cumplir por los ministros que forman parte de su Gobierno no puede dejar indiferentes a quienes nos dedicamos a meditar acerca de las estructuras de poder y las organizaciones políticas.

Me parece que se trata de una medida de grueso calado que pone en cuestión muchas de las enseñanzas que hemos recibido y sobre las cuales vivimos -de una forma crítica- pero conscientes de ser las mejores inventadas hasta ahora por el ingenio humano. 

Ayer se podía leer en el Diario Sur que el Ayuntamiento de Melilla en colaboración con los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y Csi-Csif, va a organizar a lo largo del año 2008, a parte de los del Ministerio de Administraciones Públicas,  más de 70 cursos para formar a los funcionarios, de los cuales casi 30 son financiados con fondos propios de la Administración Local.

El Tribunal Supremo en Sentencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, de 26 de Abril de 2007 desestima el recurso de casación y condena a la Administración al abono a un funcionario de las cantidades dejadas de percibir durante el periodo que prestó servicios como funcionario en prácticas; al considerar que un funcionario que supera un proceso selectivo, tiene derecho, siendo nombrado funcionario en prácticas, a percibir, durante la realización del curso de “selección”, las retribuciones correspondientes como funcionario en prácticas, u optar por seguir percibiendo las retribuciones correspondientes al puesto que ocupaba anteriormente. Para ello, matiza el Tribunal, debe tratarse de un funcionario en activo en el puesto de origen al que se le permite optar por mantener el salario que corresponde a este puesto, por lo que la imputación del coste salarial a cualquier administración que tenga esta relación con él es admisible jurídicamente. Puede llegar a sorprender, considera el tribunal, que cuando un funcionario aprueba un proceso selectivo, la Administración de origen deba soportar un gasto de quien posiblemente optará por abandonarla, quedando en situación de excedencia; o que la Administración que selecciona a un funcionario en prácticas deba pagarle más porque mientras se forma en un curso complementario, prestado, además, por Administración distinta, aquél opta por seguir cobrando el sueldo que tenía en otra Administración. Sin embargo, lo decisivo es la situación administrativa en que está el funcionario que aprueba un proceso selectivo: y ante la falta de una previsión específica legal, debe ser la de funcionario en activo, porque puede que no supere el proceso, y por ello se prevé el reingreso al puesto de origen hasta la toma de posesión del nuevo, cosa que no ocurriría si la situación fuera ya la de excedencia voluntaria. Y, además, porque una vez consolide el nuevo puesto, puede optar entre uno y otro, quedando en el desechado en situación de excedencia voluntaria, sin que pueda presumirse a priori cual va a ser su decisión. Se trata de favorecer la formación y carrera de los funcionarios, y, por ello, para no castigar salarialmente al que dedica su esfuerzo a promocionarse, se le permite optar por mantener el salario del puesto de origen.