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 Aunque este Código fue aprobado en la Asamblea celebrada en Salamanca entre el 12 y el 14 de mayo de 2005, me parece necesario hacer referencia a dicho documento por el interés que despierta en este colectivo.
Dado el desconocimiento que existe de las funciones de estos profesionales, se consideró necesario dar a conocer a lo largo de la geografía española dicho Código y por eso aprovechando las Jornadas sobre el Estatuto Básico del Empleado Público celebradas el 3 y 4 de mayo en Zaragoza se produjo la presentación de este Código que recoge principios fundamentales (por ejemplo: defensa de los valores democráticos; cumplimiento de la legalidad; servicio al interés público; jerarquía; profesionalidad; lealtad; neutralidad e imparcialidad; dedicación; honestidad; transparencia; economía, eficacia y eficiencia; formación) y profesionales (tales como: objetividad e independencia; integridad; excelencia y calidad; corrección; proporcionalidad; innovación, iniciativa, creatividad; orientación al ciudadano; información; austeridad). Todos estos principios se recogen en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, sin embargo esto no tiene especial relevancia puesto que la mayoría de ellos son de sentido común. En este sentido, cuando el artículo 53 de dicha Ley dice que: "Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico", es preciso señalar que de hecho el comportamiento contrario sería constitutivo de delito (principio de legalidad del artículo 9.1 de la Constitución Española). Según declaraciones realizadas por Martín Llanas, Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de Zaragoza, "que haya una pandilla de sinvergüenzas en algunas administraciones no quiere decir que esa sea la tónica general en las instituciones locales", algo con lo que estoy totalmente de acuerdo , ya que como dice el sabio refrán "no todo el monte es orégano".
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