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 El funcionario interino ocupa una plaza vacante “mientras tanto” se cubre por funcionarios de carrera, o se resuelven los otros supuestos previstos en la ley. En cualquier caso lo que está claro es que las últimas medidas legislativas van encaminadas a terminar con la precariedad de estas plazas: la Orden de 29 de enero por la que se convoca un proceso extraordinario para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Subescala de Secretaría-Intervención, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación de empleo interino, ha sido un comienzo; la Ley 7/07 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público parece continuar por el camino trazado al reconocer los trienios correspondientes a los servicios prestados. La jurisprudencia, por su parte, también contribuyó con su granito de arena con Sentencias como la STC 20/2001 de 29 enero de 2001 que afirmaba con claridad que el cese de una funcionaria interina a causa de su maternidad vulnera su derecho a no ser discriminada por razón de sexo, y que en ese momento fue considerada como un punto de inflexión en el, ya de por sí, precario, status del interino. Algo menos de precariedad y un poco más de dignidad para este colectivo que hasta ahora le ha estado saliendo a las Corporaciones Locales más barato que los Habilitados Nacionales. No es de extrañar que algunos Ayuntamientos, desde siempre, han preferido personal interino que no cobraba trienios y además tiene la Espada de Damocles sobre su cabeza amenazando con una permanencia que, si llega el caso, tiene los días contados. Se excluyen de aquí por supuesto, a los parientes, amigos y compañeros de partido. No es de extrañar tampoco el que esto diera lugar a interinos que estaban ocupando su plaza “mientras tanto” durante veinte años. Y en este punto queremos recordar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando sostiene la pretensión de extender el derecho funcionarial a los interinos siempre y cuando lleven en su puesto de trabajo más de 5 años, tal y como recoge la STC de 24 julio 2000, y STC de 29 enero 2001, lo que refleja la falta de urgencia y justificada necesidad para mantener a una persona como funcionario interino. Mantener una plaza cubierta con un interino “sine díe” es una práctica habitual, propiciada en ocasiones por las circunstancias físicas del municipio, y forzada en muchas otras por el poder que ello otorga a todos aquellos que se van a enojar al leer estas líneas. En cualquier caso, y ya que la realidad se impone, al menos se les reconocen unos trienios que nunca deberían haberse devengado porque la situación del interino no debería haberse prolongado tanto tiempo. Todavía hay muchas metas que alcanzar, pero parece que estamos en el camino.
La ley 7/07 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio, entre otras, de la Administración de las Entidades Locales. El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera (en este caso, las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización). b) La sustitución transitoria de los titulares. c) La ejecución de programas de carácter temporal. d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. La selección de funcionarios interinos se realizará mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Y su cese se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63 de la Ley 7/07, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. El nombramiento de personal interino se realiza por la Comunidad Autónoma de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de Provisión de puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional [art. 242 de la Ley 7/99 de Administración local de Aragón y art. 3 i) del Decreto 342/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las competencias ejecutivas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón relativas a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional]. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. En Aragón, el art. 238 de la Ley 7/1995, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón establece que las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura y cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 24 de la Ley 7/07 (ver DF 4ª de la Ley 7/07) y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo (DF 4ª Ley 7/07). Configurando los trienios como una retribución de carácter básico del funcionario, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio. El reconocimiento de trienios a interinos ha sido negado con rotundidad por la legislación y su interpretación jurisprudencial. Lejos parecen haber quedado preceptos como el artículo 35 de la Ley 33/1987, de 23 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, en el que regulaba las retribuciones de los funcionarios interinos con el siguiente tenor: “Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, excepto en el de la docencia universitaria, percibirán el 80 por 100 de las retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes al grupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen”. Lo que no me queda claro es la conexión con el interés público que sin duda tenía la justificación de tal medida, a no ser que fuera para gastar el otro 20 por 100 en las fiestas del pueblo; ¿a lo mejor es que el funcionario interino solamente preparaba el 80% de los expedientes, se marchaba del Pleno cuando se había desarrollado el 80%, o sólo atendía al 80% de los ciudadanos? ¿a lo mejor es que el funcionario interino tenía el 20% de sus capacidades mermadas?: ¿por qué esta discriminación tan descarada y grosera? ¿era tal vez para acallar las conciencias del tío, primo, hermano, amigo, o compañero de partido del funcionario?. Sea como fuere y por el motivo que fuere, ya no es así: Los funcionarios interinos tenían hasta la entrada en vigor de la Ley 7/07 los mismos derechos que el resto de funcionarios, excepto la percepción de trienios. Así lo establecían anualmente las Leyes de Presupuestos Generales del Estado: la última regulación es la establecida en el artículo 27. Tres de la Ley 42/2006, de 28 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 “Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, percibirán las retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes al grupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 21.Tres y en el artículo 27.Uno. B) y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, siendo asimismo de aplicación lo previsto en el primer párrafo del artículo 21.Cuatro y en el artículo 27.Uno. D), excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera”. Ante la rotundidad de estás disposiciones legales que, por si acaso, se repetían con un rigor inaudito en cada ley de presupuestos, poco más podía añadir la jurisprudencia. Podemos encontrar un amplio listado de jurisprudencia de la Sala de lo Social del TS referida al reconocimiento de servicios previos como interino y que da derecho a la percepción de trienios a partir del momento en que se adquiere la plaza en propiedad: esta jurisprudencia tiene su fundamento en el Real Decreto 1181/1989 de 29 de septiembre (normas de aplicación de la Ley 70/1978 de 26 de diciembre de reconocimiento de servicios previos al personal estatutario del INSALUD), y entre otras muchas podemos citar las SSTS de 16 de marzo de 2005, 7 de noviembre, 1, 13 y 27 de junio, 14, 21 y 24 de julio de 2006, 22 de febrero y 2 de marzo de 2007... Tras la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público “Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo”. El artículo primero de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública, que se refiere expresamente a la Administración Local dispone que “Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a las esferas de la Administración pública señaladas en el párrafo anterior, tanto en calidad de funcionario de empleo (eventual o interino) como los prestados en régimen de contratación administrativa o laboral, se hayan formalizado o no documentalmente dichos contratos” (artículo Primero del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre de reconocimiento de servicios previos en la Administración pública “excepto aquellos que tuvieran el carácter de prestaciones personales obligatorias”). No serán computables los servicios prestados en régimen de contratación administrativa o laboral cuando, al romperse el vínculo jurídico con la Administración y recibir la indemnización correspondiente, renunció el interesado a cualquier otro derecho que pudiera derivarse de tales servicios. El artículo segundo de la Ley 70/1978 añade “El devengo de los trienios se efectuará aplicando a los mismos el valor que corresponda a los del Cuerpo, Escala, plantilla o plaza con funciones análogas a las desempeñadas durante el tiempo de servicios prestados que se reconozcan conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Cuando los servicios computables a que se refiere el punto tres del artículo anterior no lleguen a completar un trienio al pasar de una a otra esfera de la Administración pública, serán considerados como prestados en esta última, para así ser tenidos en cuenta, a efectos de trienios, según la legislación que resulte aplicable siguiendo el orden cronológico de la prestación de los servicios sucesivos”. Siguiendo las Instrucciones para la aplicación del artículo 25 de la Ley 7/07 que ha preparado el MAP (todavía pendientes de publicación) queda claro que los trienios que se reconozcan al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 EBEP producirán efectos retributivos desde el mes siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud. Esto es, cuando las solicitudes se hayan presentado a partir del 13 de mayo (fecha de entrada en vigor de esta parte del EBEP) el reconocimiento se producirá en la fecha de la presentación de la solicitud y el devengo desde el mes siguiente; y cuando la solicitud se haya presentado antes del 13 de mayo de 2007 surtirán efectos retributivos el 1 de junio. Los derechos individuales de naturaleza económica que resulten de lo establecido por la presente Ley deberán ser computados por las respectivas Unidades o Jefaturas de Personal a instancia de parte, justificando ésta su pretensión mediante certificación acreditativa de los servicios prestados, que deberán extender las autoridades competentes haciendo constar los años, meses y días de servicios prestados (DA 1ª Ley 70/1978). El artículo Segundo del Real Decreto 1461/1982 se refiere a la valoración de trienios: Los servicios previos reconocidos se acumularán por orden cronológico y se procederá a un nuevo cómputo de trienios y a su valoración. En el supuesto de que el funcionario de carrera hubiera pertenecido a más de un Cuerpo, escala o plaza se computará cada período de servicios prestados de acuerdo con el valor correspondiente al nivel de proporcionalidad de cada uno en el período respectivo. Igual criterio de valoración se aplicará en los supuestos de personal que prestó servicio en condición distinta a funcionarios de carrera. Los períodos de tiempo que totalicen uno o varios trienios tendrán una valoración económica que vendrá fijada por el nivel de proporcionalidad que corresponda a los del Cuerpo, escala, plantilla o plaza con funciones análogas a las desempeñadas durante el tiempo a reconocer por los servicios previos. Esta analogía se determinará precisamente el día en que se hubiera perfeccionado el trienio o trienios a que dé lugar el reconocimiento de servicios, con independencia de que durante los tres años de cada trienio se hubieran desempeñado funciones correspondientes a diversos niveles de proporcionalidad. Cuando un funcionario cambie de Cuerpo o, en su caso, de Subescala, Clase o categoría, antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considerara como tiempo de servicio prestado en el nuevo a que pase a pertenecer de conformidad con lo establecido en el art. 155 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril. Las certificaciones de servicios computables serán expedidas por los Jefes de las Unidades de Personal correspondientes, donde los citados servicios hubieran sido prestados, y expresarán el nivel de proporcionalidad que por analogía corresponde a los servicios prestados en cada período de tiempo de conformidad con las titulaciones y requisitos que tenía el funcionario cuando prestó los servicios objeto del reconocimiento y el puesto de trabajo efectivamente desempeñado. En el caso de prestación de servicios no formalizados documentalmente las certificaciones expresarán asimismo los medios de prueba admisibles en derecho que se hayan tenido en consideración para expedirlas. El art. 34 en relación con el 32 de la Ley 33/1987 de 23 Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1988 según redacción dada por la disposición adicional trigésima sexta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 se refiere al devengo de retribuciones: “Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios del Estado (aplicable a la Administración Local, conforme al art. 2.2 del RD 861/1986, de 25 de abril por el que se establece el Régimen de las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local, en la redacción dada por Real Decreto 158/1996, de 2 de febrero) que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual se harán efectivas por mensualidades completas y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que corresponden, salvo en los siguientes casos, en que se liquidarán por días: (...) c) En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una Administración Pública distinta de la General del Estado, aunque no implique cambio de situación administrativa”. Estas y otras determinaciones están incluidas en la Instrucción de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Aragón, relativa a la aplicabilidad del artículo 25.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que se dicta con el objeto de fijar los criterios a seguir en relación con el reconocimiento de los trienios a los funcionarios interinos con base a los servicios prestados a las distintas Administraciones Públicas para el reconocimiento de los trienios al funcionario interino de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. El procedimiento a seguir será el siguiente (expediente disponible en esPublico): A. El expediente se iniciará a instancia de parte, recibido la solicitud del interesado, por los Servicios de Personal de la Entidad deberá comprobarse los datos aportados y los que, en su caso, figuren en el registro de personal de la Corporación. B. A la vista del Informe emitido por el Jefe de Servicio de Personal, junto con los Informes de Secretaría e Intervención, por la Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.h) y art. 30.1.i) de la Ley 7/99 de Administración Local de Aragón (jefatura de todo el personal del ayuntamiento), resolverá sobre el reconocimiento de dicho trienio. C. El expediente deberá comunicarse a Intervención, a Tesorería y al Registro de Personal del Ayuntamiento a los solos efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 7/07 del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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