 En una revista bastante inocua relacionada con el mundo local se da noticia de un servicio local que está a punto de iniciar su andadura: se trata de las prácticas de buen gobierno y gestión del “riesgo reputacional” (sic!). Al parecer, según una encuesta realizada por una llamada “Asociación española de Gerentes de riesgos”, para las Administraciones públicas el riesgo de fraude y la infidelidad de los empleados será preocupación relevante. En rigor, ocupará en los próximos años el cuarto puesto en el “ranking” de los riesgos que más afectarán a dichas Administraciones, solo por detrás del cambio climático, el riesgo medioambiental y el de catástrofes naturales.
Como yo vivo en provincias y por ello me entero de muy poco, creía que los riesgos que la Administración padecía en este comienzo del siglo XXI eran la fragmentación del Estado, el paulatino arrinconamiento del principio de “mérito y capacidad” para la selección de los funcionarios y su sustitución por ese dedo que se posa -benéfico- en el hombro del pariente o del compañero de la agrupación del partido, también las prácticas viciosas en la aplicación de las normas urbanísticas así como en la selección de los contratistas ... por no citar otras corruptelas que se entrelazan en los afanes diarios de las actividades administrativas. Sin embargo, no es así, la preocupación mayor en las Administraciones es el cambio climático y el riesgo de una catástrofe natural. Se trata de asuntos ciertamente muy serios pero de tal magnitud que uno propende a pensar que esas son preocupaciones, no de las Administraciones - un magma organizativo sin alma y sin sentimientos- sino de los sufridos administrados, esto es, del peluquero, del bombero, del empleado de banco y del secretario de juzgado porque lo cierto es que a nadie le gusta, al volver a casa por la tarde, encontrarla entre escombros, destruida por un terremoto. Pero -como digo- estas deben ser aprensiones mías porque, ante la encuesta hecha con toda seriedad, no hay más remedio que rendirse. Por eso, estos empresarios privados están dispuestos a ayudar a las corporaciones locales a conjurar todos estos peligros y elaborar códigos de buena conducta y buen gobierno a través de los procesos de selección y formación de personas, el diseño y aplicación de códigos de comportamiento, la comunicación y el liderazgo y, en fin, la mejora ética (¡nada menos!) incorporando, como guinda, la gestión del riesgo “reputacional”. Tal palabreja me ha producido un sobresalto. Por ello he acudido al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y resulta que no está recogida, es decir, que estamos en presencia de una labor magnífica de inventiva lingüística en este mundo de novedades empresariales. Ya lanzados por ese camino, nadie sabe a qué puerto de felicidad llegaremos. Ante tanta necia palabrería, y hablando ya sin tono de ironía alguna, creo que el buen gobierno en la Administración local pasa por cambiar la ley electoral y establecer la segunda vuelta en la elección de los alcaldes cuando no se logren mayorías absolutas -así ocurre ya en la mayoría de los Länder alemanes-, por crear un marco de financiación que evite el recurso a las componendas urbanísticas y, en fin, por cuidar que los funcionarios -los de habilitación nacional y los
demás- sean realmente independientes y neutrales, libres de las intromisiones del estamento político, que tiene sus propias atribuciones. Puede ser que, empezando por ahí, nos ahorremos tener que suscribir una póliza de seguro contra el riesgo “reputacional”.
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