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 A propósito de las opiniones de D. Francisco Sosa Wagner, creo que añadiré que cuando se han hecho reformas locales no se ha tenido en cuenta nunca la opinión de los funcionarios locales. Probablemente si se preguntase a los mismos antes de adoptar soluciones legislativas, se tendrían en cuenta aspectos que evidentemente se obvian, bien -siendo ingenuo- por desconocimiento o bien porque así interesa. Por otra parte he de decir que no deberíamos tener una visión tan pesimista de la administración local, la corrupción en esos niveles no está generalizada, al menos por lo que mi experiencia me dice, lo cual no deja casi de ser un milagro. Y se tiende a emplear el método de coger el todo por la parte sin demasiados motivos. Aunque como dice el Profesor Sosa, con la supresión de controles se favorece el clientelismo y el caciquismo.
La permisión de la libre designación para puestos de Secretaría e Intervención en Ayuntamientos grandes y Diputaciones ha sido lo más absurdo que se ha hecho con respecto a la habilitación estatal en los últimos años: allí donde menos funciones gerenciales existen y por lo tanto se podría y debería ejercer la función de control con más énfasis, es donde se ha permitido el sistema. El controlador es nombrado por el controlado que además le paga, eso sí, si se porta bien. Una parte de responsabilidad de tan nefasto sistema la tienen quienes decidieron eso, el gobierno estatal, pero otra gran parte de responsabilidad la tuvieron los Colegios de Secretarios, que fueron más que tibios en la defensa de la independencia del habilitado en este sentido. Y el otro aspecto del vaciamiento de control local fue permitir la aplicación del sistema de baremos específicos ciertamente en muchos casos absurdos, derroche de imaginación posterior de políticos y de los propios funcionarios, pensados con toda evidencia ad hoc, para designar al amigo. Así que permítanme ser optimista por un lado: no existe tanta corrupción porque ésta es ni más ni menos que la expresión de lo que hay en la sociedad en todos sus aspectos y la sociedad española es democrática y contiene valores éticos en una buena parte de la población. Pero pesimista también, ya que el sistema tiende al empeoramiento, al caos. El poder no tiene empacho en dar codazos a cualquier intento de control, en un símil baloncestístico, defendiendo la zona, véanse –a otro nivel y a modo de ejemplo- los problemas de designación de los miembros del TC. Creo que la Ley de Bases partió, desde mi punto de vista, de un error de inicio, fue una opción, y es hacer recaer todo el peso de un ayuntamiento sobre el Alcalde, un sistema presidencialista en el que éste lo decide todo, dejando sólo las decisiones más trascendentales al Ayuntamiento Pleno. Seguramente hubiese sido mucho más útil establecer un sistema que permitiese que las decisiones más importantes, las políticas, en cuanto a la definición de líneas a seguir, competiesen al Alcalde y Ayuntamiento, estableciendo consiguientemente un sistema más gerencial de la gestión del día a día que recayese en personal cualificado que se limitaría a desarrollar las políticas establecidas y la simple aplicación de la norma. En el fondo lo que subyace en España es un miedo incomprensible a la aplicación de la norma; ésta se aplica según, cuándo y a quién, es evidente, no hay más que leer la prensa. Quizás por eso se trata de evitar que se aplique siempre y en todo lugar. Ésa es la segunda parte de la verdadera corrupción, la aplicación según de las normas, desde el procesamiento de algunos políticos si conviene electoralmente, de la disolución de algunas corporaciones locales en casos ‘de libro’, desde la no investigación de determinadas conductas para no tener que rascar y sacar conclusiones no deseadas o desde lo más simple de la vida cotidiana, que la policía local pase todos los días por tu calle en la que hay aparcados decenas de coches en doble fila y sólo multen según les dé en ese momento, quizás una vez al mes (es como dijo el Señor: estad preparados porque no sabéis ni el día ni la hora). Siempre he opinado que si existe norma, debe cumplirse. Si no, deróguese. Pero no se permita que ésta exista y se aplique según. Eso es lo más opuesto a un estado de derecho, la inseguridad de sanción de conductas que son evidentes infracciones del ordenamiento jurídico. No sé cuántos años nos faltan aun para atrevernos a planificar, regular y aplicar la norma independientemente de si estamos ante lo políticamente correcto o no, simplemente porque ésta existe.
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