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 Hay un cierto revuelo con una declaración del Consejo de Municipios y Regiones de Europa que muestra su descontento por la posición que en torno a los servicios públicos locales está manteniendo la Comisión europea.
En concreto, se reprocha a ésta que se estén poniendo trabas a la utilización por parte de las Corporaciones locales de sus propias empresas y sociedades para llevar a cabo sus funciones sin tener que pasar por las previsiones de la directiva en materia de contratos.
Me parecen bien fundadas las reivindicaciones municipales que cuentan con un sólido respaldo, ahora ya legal y jurisprudencial, tanto de las instancias nacionales como de las europeas. Precisamente acaba de salir (en Civitas-Thomson) la séptima edición de mi libro “La gestión de los servicios públicos locales”, una edición muy modificada y acomodada a la ley nueva de contratos del sector público. En ella dedico una especial atención a esta preocupación referida a las propias empresas locales. Analizo la doctrina de lo que ya en Europa se llama contratación “in house”, contratación doméstica y cómo poco a poco se va imponiendo en las sentencias de Luxemburgo su admisión y su perfecta acomodación a las exigencias de los Tratados. Doy noticia de la sentencia inicial en este asunto, o al menos la más citada, la que ha servido para construir toda la tesis de este tipo de contratación, la llamada sentencia Teckal y cómo sus requisitos están siendo acogidos por las legislaciones europeas, cabalmente entre nosotros por la nueva redacción de la ley española de contratos del sector público. Cuando se trata de empresas íntegramente públicas, el recurso a la normativa de contratos no es necesario porque se trata de una forma de “organización” de los servicios y por tanto de una manifestación de la autonomía local. A partir de ahí, los jueces europeos están haciendo matizaciones y distingos porque las situaciones, que proceden de Alemania, de Austria, de Italia, etc, son muy específicas y diferenciadas. Todo ello está componiendo una jurisprudencia muy rica. Por ejemplo, ya se ha descartado que sea contratación “in house” o doméstica cuando se trata de sociedades en las que existe una participación privada, es decir, en las mixtas de capital público y de particulares. Desde una sentencia que afectó a la recogida de basuras en un municipio alemán hasta otras que afectan a los servicios de calefacción de algún municipio austriaco, la presencia de capital privado descarta el “domestico” y obliga por ello a acudir a las reglas tradicionales de la contratación pública, de la publicidad pues y de la concurrencia. Pero entre estos dos extremos la abundancia de sutilezas es grande. Hay que estar a ellas y conocerlas. De otro lado, son ya muy frecuentes los supuestos de sociedades íntegramente públicas porque su capital es enteramente público, pero son mixtas porque ese capital pertenece a distintas Administraciones: ayuntamientos, una Diputación (o su equivalente en los países europeos) etc. El mismo Estado se halla presente en ocasiones con naturalidad. Todo ello plantea problemas nuevos que exceden de los que han sido tradicionales en las formas de gestión de servicios. Un mundo nuevo, en definitiva. La posición de las autoridades europeas debe ir dirigida, a mi entender, a la defensa del protagonismo económico de las corporaciones locales. Protagonismo medido, sometido a controles y al principio de legalidad, pero protagonismo al cabo. Si así no fuera, se volatilizaría una de las señas de identidad de los municipios europeos. Flaca conquista.
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