El de movilidad, es un derecho de todos los funcionarios (arts. 78 a 84 LBEP), si bien se da de forma especial, per natura, en funcionarios con habilitación de carácter estatal (D.A.2ª.4 LEBEP y Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional), quienes pueden optar a cubrir distintas vacantes prácticamente en cualquier momento.
Se trata de un derecho cuya teoría defendemos sin titubear, pero no así el uso que nuestro colectivo le está dando. Recurrimos a un tópico, pero no cabe confundir el uso con el abuso. El segundo, en este caso, es legítimo… pero contraproducente. ¿De qué sirve “huir” y, sobre todo, forjar un currículum de “huidas”? Sirve para hacer ver que no aguantamos o que no nos aguantan en ningún sitio…
Personalmente no entiendo que algunos de los miembros más jóvenes de nuestro colectivo declaren henchidos de orgullo que llevan 6 Ayuntamientos en 2 años. Es cierto que, por desgracia, en algunos destinos la consigna política es no dejarnos trabajar, pero desde luego esto no ocurre siempre así. Sospecho que desde Madrid (ahora desde cada Comunidad Autónoma quizá el asunto cambie) no se da una visión realista de lo que es un Ayuntamiento. No suelen ser los antros de corrupción que algunos profesores del INAP –curiosamente no habilitados- hacen ver en el curso selectivo. Luego, claro está, envían a los pueblos jóvenes guerreros con el cuchillo entre los dientes, temerosos de cubrir su responsabilidad para cuando “se destape el pastel”. Una compañera me comentó que estuvo un mes en un Ayuntamiento (se tuvo que ir “porque no podía más”), pero que en ese periplo realizó diez reparos. Todo un récord. Conozco cientos de casos así, por lo que, una de dos: o en España hay 8.000 “Marbellas”, o algunos compañeros (que sin duda están aún a tiempo de enderezarse), tienen una visión distorsionada de la realidad. Una en la que la legitimidad política que sale de las urnas se pone en tela de juicio desde un ejercicio “destructivo” de la profesión, en el que todo es ilegal, ilícito o, incluso, imposible. Muchas veces somos los responsables de generar un ambiente enrarecido que antes no existía. Luego, claro está, no nos encontramos a gusto y, ejerciendo nuestro derecho de movilidad, nos vamos. Don Quijote veía gigantes, pero eran molinos…
¿Qué es lo que queremos “a cambio” de quedarnos? ¿Que al Ayuntamiento se adapte a nosotros y no al contrario? ¿Que funcionarios y autoridades con 10 trienios se dobleguen ante nuestra sabiduría? ¿No encontrar dificultad ni problema alguno en el día a día? ¿Destinos más cercanos a nuestro lugar de origen? ¿Cobrar por “hacer la puñeta”? ¿Trabajar menos y cobrar más? Aprobar una oposición no da derecho a nada de eso.
Personalmente creo que es imposible sentirse parte de un proyecto sin una cierta continuidad a medio plazo. Una vez hablé de “ética y función pública”. Quizá pronto nos toque hablar de “sentido común y función pública”…
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