 Ahora que estoy leyendo el último libro de Alejandro Nieto, “El desgobierno de lo público” (editorial Ariel) entiendo perfectamente, aunque ya lo intuía, por qué en el supuesto de corrupción que denuncié en un anterior artículo mío, publicado en el blog de espublico y titulado “Tibia Condena”, el ex Alcalde que, entre otros delitos dispuso irregularmente en su beneficio de 200.000 € de dinero municipal para supuestamente adquirir terrenos de “gran interés municipal”, sólo fue condenado a una multa de 2700 € y siete años de inhabilitación.
Antes quería creer que el mal funcionamiento de todas las instituciones implicadas en dicho caso (Ayuntamiento, Diputación, Judicatura, Fiscalía, COSITAL, Junta de Andalucía, abogacía, etc...), que han dado lugar a una punición penal tan insignificante en comparación con la naturaleza de los delitos y la condición del delincuente, así como con la alarma social y la inseguridad jurídica resultante, se debía a carencias criticables del sistema y a sus limitaciones de medios humanos y materiales, debidamente aprovechadas por los granujas de turno. Pero no, ahora no. Alejandro Nieto acierta plenamente cuando con su afilado estilete intelectual disecciona el cadáver del Estado regulador y distingue con toda precisión la existencia de los tres tipos de cánceres, o desgobiernos, que han ido convirtiéndolo en un golem cuya misión es desgobernar a casi cuatro decenas y media de millones de zombis potenciales, entre los que por supuesto yo me encuentro, en beneficio de los brujos alternantes de la partitocracia imperante y sus ad lateres. A saber: - Desgobierno sin intencionalidad por mal gobierno debido a políticas erróneas.
- Desgobierno también sin intencionalidad por mala administración, que a su vez ha sido ocasionado por una gestión desacertada.
- Desgobierno claramente intencionado para mantenerse en el poder; ejercerlo en beneficio personal de sus titulares, asociados y clientes; aceptar y practicar a tal efecto técnicas de patrimonialización, corrupción y manipulación; y limitando al servicio del pueblo las medidas estrictamente necesarias para que tolere el desgobierno y lo legitime en el proceso electoral (Nieto).
Recientemente he tenido oportunidad de observar –aún la estoy observando- a otra interesante manifestación de desgobierno local intencionado de lo público. Me explico. En Canarias, como en casi todas las Autonomías del Estado Golem que nos desgobierna, la corrupción en general y la urbanística en concreto de la Administración Local ha saltado en los últimos años a las primeras páginas de los periódicos con harta frecuencia. De ahí que algunos profesionales e instituciones oficiales sensibles, considerando conveniente reflexionar sobre tan deplorable situación con el objetivo final de superarla, promovieran con gran esfuerzo y entusiasmo la celebración de unas Jornadas Anuales en el sostenido y sostenible marco natural de Los Silos (Tenerife) a principios de mayo bajo el título genérico de “Territorio, Urbanismo y Desarrollo Sostenible”, en la que intervendrán prestigiosos ponentes, como se puede constatar en el programa (web: lossilos.es). A tal efecto el Ayuntamiento de Los Silos, una entidad local rural de contados recursos, que colabora voluntariosamente con el COSITAL provincial en el evento, recabó como es lógico apoyo institucional y económico al Cabildo Insular. Pero sorprendentemente, a última hora, tras mucho dar largas, derivar a los gestores municipales de oficina en oficina y someterlos a viajes e innumerables llamadas telefónicas, algunos de los responsables de la máxima institución del desgobierno insular manifiestan tras un largo silencio que las jornadas, -en su opinión- excesivamente polarizadas en la corrupción, no encuadran en su política formativa, por lo que declinan participar. Es decir, ni propondrán ponentes de su cuerda, ni inaugurarán para publicitar su diáfana política y por supuesto tampoco subvencionarán a supuestos disidentes. O sea, que la corrupción no constituye un tema de su interés. Sorprendente. Pero es que por otra parte las jornadas de referencia no tratan sólo de corrupción –que constituye solamente un aspecto del programa-, sino, como indica su denominación, sobre “Territorio, Urbanismo y Desarrollo Sostenible”. Los responsables del Desgobierno Insular podrían haber justificado su no participación, saliendo astutamente por la tangente con la excusa de falta de presupuesto, por ejemplo. Pero argüir lo que ha argüido, es darle la razón a Nieto cuando en la página 45 de su libro afirma contundentemente: “el pensador alternativo (...) se queda sin micrófono y, en su caso, sin pesebre, que se reserva para los pensadores oficiales...”. O como decía Vázquez Montalbán hace ya muchos años en su ensayo “Informe sobre la Información”: “sólo informa el que puede y el que puede informa de lo que quiere”. En definitiva, el que no desarrolla el discurso políticamente correcto, el oficial, queda fuera de juego. La ocultación, postergación y en su caso castigo directo o indirecto de la supuesta disidencia nos retrotrae a la más rancia censura preconstitucional, reciclada hoy, según parece, bajo formas sutiles y a la vez burdas como la que comento, pero en definitiva todas tendentes a evitar el debate abierto. Debate abierto que debería garantizarse y fomentarse en una sociedad verdaderamente democrática.
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