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 Sobre los lomos pacientes de los ayuntamientos se cargan más y más prestaciones y servicios. La administración más cercana al ciudadano es percibida como la primera proveedora pública, y hasta ella llegan los ciudadanos a reclamar lo que consideran sus derechos. Pero, ¿de dónde van a sacar las instituciones locales el dinero que precisan?
Alguien debe decir en alto que a los ayuntamientos no les llega para vivir. Que durante los años de la bonanza del ladrillo habían equilibrado sus cuentas con licencias y convenios, y que, de repente, la crisis inmobiliaria ha evaporado las expectativas de ingresos previstos. Todos podemos poner ejemplos que van desde situaciones preocupantes hasta déficits desesperados. Los delegados de hacienda fruncen el ceño sin saber cómo elaborar los presupuestos del año próximo. Los plazos de pago a proveedores comienzan a alargarse, y el interventor advierte de la imposibilidad de cumplir el presupuesto de ingresos del presente ejercicio.
Mucho se ha debatido sobre la necesidad de equilibrar el reparto de los presupuestos públicos para pasar del 12,5% que gestionan en la actualidad los ayuntamientos hasta el 25% que según los expertos correspondería en buena lógica si aplicásemos el principio eficaz de subsidiariedad. Se habla y se habla, pero nada se hace. Tras el proceso de reforma de los estatutos de autonomía, se ha abierto el episodio de la negociación de la nueva financiación autonómica, que, tras su palabrería, encierra una única verdad. Todas las regiones y nacionalidades quieren más dinero. Además, Cataluña desea un modelo parecido al vasco, al tiempo que se solicita un balance fiscal, cuestionado por propios y extraños. Abrir la caja de los truenos en plena crisis económica, con nubarrones que vaticinan quebrantos y duelos, no ha sido demasiado inteligente. Mejor haberlo dejado pasar un par de añitos, para abordarlo con las aguas remansadas. Veremos cómo termina. En todo caso, entramos en un proceso complejo de negociación que determinará las fórmulas para repartir los caudales públicos entre el Estado y las Autonomías. Pero, ¿y los ayuntamientos? ¿No les dan vela en este entierro? Alguien debe moverse. Que hable ahora, o tendrá que callarse por mucho tiempo.
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