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 Según la D.A.2ª LEBEP, “Son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a funcionarios, las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo,…Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal…La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo”. Todos tenemos –incluso los Secretarios (!)- nuestras opiniones, pensamientos, ideologías, valores, tendencias… pero (como he indicado más de una vez), el ser un profesional “de algo” no supone ni más ni por supuesto menos que hacer aquello que se supone que tenemos que hacer -en el caso de los FHE, nuestras funciones están bien definidas- de la mejor manera posible. Dicho esto, a juicio de quien suscribe hay compañeros que trabajan de una manera muy rara…
Como somos profesionales, no debemos hablar al Alcalde del mismo modo que le hablamos a nuestros hijos. Primero porque el susodicho ya es mayorcito, y segundo porque a nuestros hijos les educamos dentro de la legalidad y también de la ética, mientras que nuestro trabajo exige que al Alcalde únicamente le llamemos la atención mediante advertencias de legalidad. Nunca doy nombres y apellidos, y por supuesto hoy no voy a hacer una excepción, pero apunto las anécdotas –verídicas al pie de la letra- a modo de diálogos. Admito que me da cierta rabia publicar conversaciones entre político y técnico en las que el sensato es el primero, pero ahí va eso: ALCALDE: Creo que ha cambiado la normativa sobre espectáculos taurinos, y las fiestas son el mes que viene… SECRETARIO: Ya me lo miraré… ALCALDE: No, no. Míralo ya, que la fiesta se nos echa encima. SECRETARIO: Es que el tema me toca las narices, si quitaran ya la salvajada esa de los toros… Al menos lo podríais quitar en este pueblo… Otra: INTERVENTORA: No hay dinero para una fuente ornamental en la plaza. No se puede hacer la fuente. ALCALDE: Que me digas que no haya dinero te lo acepto, pero quien dice si se hace la fuente o no soy yo, y se hace la fuente. INTERVENTORA: Por encima de mi cadáver… Y otra más: ALCALDE: Aún está pendiente de informar la posibilidad de incorporar en el Sector S, residencial de lujo, el proyecto de construcción de un campo de golf… SECRETARIO: Construir un campo de golf no es exactamente ilegal, pero debería serlo. Es un deporte caro y absurdo, para unos pocos pijos estúpidos. ALCALDE: Dime sólo si es legal, lo otro te lo ahorras… En fin, parece que en la normativa diga “asesoramiento moral preceptivo”. No se trata de que no nos gusten los toros ni el golf (opiniones muy respetables), es que no nos corresponde emitir juicios de valor ético. El criterio de legalidad es nuestro punto fuerte, pero el de oportunidad es incuestionablemente político, y deriva de las urnas. Mandamos en nuestras vidas, en nuestras casas… Podemos dar órdenes, sabios consejos o simplemente manifestar opiniones a familia y amigos… o en la barra de un bar. Pero en el Ayuntamiento no. Si queremos dar en ese recinto una opinión que no sea técnica, debemos asumir que se reciba como si canta el canario; y si queremos mandar en un Ayuntamiento, pues vendamos nuestra alma al diablo y metámonos en política. O viceversa.
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