 A comienzos de mayo, cuando ya era palmaria la recesión, desaceleración o como eufemísticamente se quiera llamar a la crisis económica, supimos de la suspensión de pagos de un holding inmobiliario vasco. Un proceso concursal que afecta a tres de las cuatro sociedades principales del grupo, dedicadas a la construcción, gestión de estacionamientos y promoción inmobiliaria, salvándose, de momento, la que gestiona servicios públicos y que da empleo a casi la mitad de los 900 trabajadores de la compañía. La deuda reconocida por la firma mercantil, como muchos recordarán, rebasaría los 400 millones de euros, mayoritariamente contraídos con entidades financieras (250 en créditos y 70 en avales).
En los últimos días viene siendo titular destacado en todos los medios otro proceso concursal seguido ante un juzgado coruñés, de una empresa promotora, con liderazgo y expansión en el sector, cuya actividad había ya rebasado la Península Ibérica y sus vecinos francés y marroquí, para instalarse en mercados prósperos como el irlandés o el alemán y otros emergentes del viejo continente (Rumanía, Hungría, Polonia, Bulgaria, República Checa y Eslovaquia), donde, además, nuestros inmigrantes pueden invertir los euros aquí ganados, así como en algunos países hispanoamericanos (México o República Dominicana). Asusta saber que este gigante que parece desplomarse, contaba con una cartera de suelo de más de 27 millones de metros cuadrados “potencialmente edificables”, según la propia entidad que, en su web, no indica si la potencialidad viene condicionada, en ocasiones, a eventuales recalificaciones. En todo caso, hablamos de un complejo societario con un centenar de millones de acciones desembolsadas, lo que dice bien a las claras hasta dónde llegó la ilusión de la “burbuja” y la onda expansiva que puede tener su estallido. Se me escapan, por mis escasos conocimientos técnicos sobre ese mercado, muchas claves predictivas, pero, casi intuitivamente, me uno a la legión de los expertos y profanos que, en las últimas semanas, vienen afirmando que, la que está cayendo, se veía venir. Admitamos que sea así, porque la población, con repunte de la natalidad y regularización de extranjeros, no da para tanto ladrillo; ni la bonanza económica para tanta inversión en terceras y cuartas residencias; ni las vacas gordas para tantas urbanizaciones fantasma, a veces levantadas en lugares inhóspitos. Todo ello cuando la carestía de los pisos impedía el acceso a la vivienda a millones de ciudadanos y, a la par, una cuarta parte del parque inmobiliario estaba deshabitado por muy diversas circunstancias (especulación en sentido estricto; oferta inalcanzable por la demanda; temor al uso arrendaticio, etc.). Repito: admitamos que estaba cantado lo que ahora, de forma tan aparatosa y lamentable, se manifiesta como una tragedia en la que, como siempre, aparecen miles de víctimas modestas que, de momento, se quedan sin el dinero desembolsado y sin las paredes, sólo vistas en ortogonal de plano. A partir de esa premisa la pregunta es obvia: ¿actuaron correctamente los poderes públicos? Y no me refiero ya a la regulación de los grandes mercados, sino al modesto ejercicio de la potestad de planeamiento por parte de los municipios y de sus supervisores autonómicos. Las tasas por licencias son muy golosas, pero ya sabemos, excesos penales a un lado, que el urbanismo no debe ser el gran financiador local. Y cosas similares podrían decirse con respecto a las atribuciones sobre ordenación del territorio y el litoral, tan maltrecho, que competen a las Comunidades Autónomas. Acabo de leer en la prensa de una región con estancamiento de población, que la crisis inmobiliaria ha supuesto ya un cataclismo en la recaudación del impuesto sobre actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, el más vinculado al mercado inmobiliario. En la Comunidad a la que aludo, este tributo que grava las compraventas de pisos usados y la constitución de préstamos hipotecarios ha sufrido en un año una caída equivalente al 30 por ciento. Y los ayuntamientos más pujantes de la misma, en el mismo período, han ingresado un 40% menos en concepto de licencias municipales. Mal está que los particulares, como la cigarra de la fábula de La Fontaine, se dediquen a disfrutar del tiempo venturoso sin prevenir ni proveer para los malos momentos que han de llegar. Pero peor es que las entidades garantes de los intereses generales fomenten, sin control, actividades arriesgadas de las que obtienen beneficios a corto plazo pero que generan auténticos dramas sociales a no tardar. Mientras tanto, los paisajes de los tradicionales suelos urbanizables, nos inquietan con sus viales solitarios y sus construcciones paralizadas, a veces como esqueletos de hormigón que, en verdad, no invitan a mirar con esperanza.
| Comentarios () >> |
 |
 |
