Cada día se hace mas patente el incalculable valor jurídico y humano de los servicios que diariamente prestan los funcionarios/as de habilitación de carácter estatal en el normal y eficaz funcionamiento de las Administraciones Locales.
En ese amplio océano del derecho administrativo, cada vez mas extenso y complejo, con una profusa y abrumadora emisión de normas de distinto rango legal y/o reglamentario, de forma que, en no pocas ocasiones se hace difícil determinar la vigencia de un determinado precepto, la vigencia o derogación de otros, la aplicabilidad o no de determinadas disposiciones en el ámbito de lo local, todo ello dentro del marco de una multiplicidad de administraciones públicas, local, provincial, comarcal, autonómica, Central y Europea que de forma directa o indirecta, en el ejercicio de competencias propias o impropias, despliegan su actividad, afectando en mayor o menor medida, la actividad y funcionamiento de las Entidades Locales, navegan esos esforzados hombres y mujeres de la habilitación estatal, en buques, muchas veces, con escasos medios materiales y personales, en aguas y mares donde no falta el fuerte oleaje. En ese difícil pilotaje por parte de los gobiernos locales de las naves de sus municipios, mención especial merece la labor de consejo y asesoramiento a los Alcaldes y concejales por parte de los Habilitados/as de carácter estatal. Con mayor o menor acierto pero siempre con la mejor de las voluntades en colaborar con los Gobiernos Locales en dar forma y cauce a las ideas y proyectos de las autoridades municipales, el papel de los habilitados/as habría de estar siempre encaminado en buscar soluciones, alternativas, procedimientos que, en el marco de una normativa cada vez mas prolija, diversa y compleja, pueda dar cobertura al legítimo deseo de los capitulares de prestar mayores y mejores servicios públicos a sus vecinos. En modo alguno deben interpretarnos nuestros alcaldes y concejales como fiscalizadores puros y duros o como representantes de la censura decimonónica o el reparo indiscriminado sino muy al contrario, como leales colaboradores, consejeros de lo jurídico y de lo humano, amantes del servicio público, entendido éste en su mas noble y amplio sentido pues no en balde nuestra experiencia y avatares, en casos y situaciones tan diversas y dispares, son nuestro mejor bagaje y nuestro mejor equipaje, adornado todo ello con las mejores herramientas en la interpretación del Derecho que no pueden ni debieran ser otras que el sentido común, la humanidad, la equidad y la prudencia.
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