 Se oyen voces últimamente, alguna desde muy alto, que claman por un pacto de Estado en materia educativa. Hora era en un país que no ha salido bien parado ni en el informe de la OCDE Education at a glance 2005 ni en otros muchos indicadores y estudios comparativos. Máxime cuando la educación, ante una sociedad cambiante y penetrada por culturas foráneas, presenta problemas emergentes a los que sólo puede dar respuesta una concepción educativa sólida y compartida por la mayoría de los ciudadanos, lo que significa, evidentemente, sin excluir a nadie, el acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias en las Cortes Generales. Pero lejos de lamentar que, en poco más de un cuarto de siglo, cada partido gobernante haya aprobado contra el otro sus leyes educativas, tal parece que lo importante es que el responsable ministerial de turno, diga haber cumplido con el programa electoral llevando al BOE una ley educativa, aunque sea contra viento y marea.
Recordemos, telegraficamente, el rosario legislativo en menos de treinta años. Hasta 1980 permaneció plenamente vigente la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación. Ese año, la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, reguló el Estatuto de Centros Escolares, viéndose afectada por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1981 y siendo posteriormente derogada por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, sobre la que se pronunció, en recurso previo de inconstitucionalidad la STC 77/1985, de 27 de junio. Esta última Ley Orgánica fue modificada por la registrada como 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que, además, derogó las Leyes Orgánicas 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes y 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. La Formación Profesional se regula por Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio y ya no hablemos de la Universidad que merece capítulo aparte aunque nada diferente del desvarío normativo sobre las enseñanzas previas. No debiera ser tarea imposible ponerse de acuerdo sobre ciclos, plazos, contenidos, competencias y evaluaciones. Pero las tres últimas décadas se empecinan, tercamente, en demostrarnos lo contrario. No pretendo hoy abundar en un tema al que suelen vincularse, para colmo, cuestiones identitarias, como la lengua común y las cooficiales en su función vehicular o el equilibrio entre la potenciación de los conocimientos locales y los que se refieren al conjunto de España. Querría, simplemente, reflexionar sobre cierta desigualdad entre docentes y alumnos que, por lo que me cuentan, no se sostiene. Y aunque es verdad que hemos caído –y nos estamos levantando- en el tópico del alumno intocable al que no se puede censurar ni dentro ni fuera de las aulas, al que no hay que exigirle que esfuerce la desprestigiada memoria y al que hay que promocionar aunque pierda todos los partidos, también es cierto que hay injusticias de trato que merecen ser recapacitadas y corregidas. Hace unos días un amigo, prestigioso docente, me enseñaba un boletín de notas de uno de sus nietos que estudia no sé qué curso de alguna de esas enseñanzas que antaño se llamaban Medias. No observé ninguna cosa rara; eran unas calificaciones altas y venía anotada la observación de una falta de asistencia sin justificar en varias asignaturas. Le pregunté a mi interlocutor que por qué me las hacía ver; que ya sabía yo que la criatura estudiaba bien. Y aquí vino la explicación y el cahier de doléances de mi interlocutor. Al parecer, aunque buenas, las notas eran algo más bajas de lo que, habitualmente, solía llevar a casa el alumno. Y la falta, única, en varias materias el arranque de la reflexión del abuelo. El chico, me decía, tuvo que ir al médico una mañana con lo que perdió cuatro horas de estudio; llevó la justificación al tutor, como mandan las reglas del centro, pero el tutor no hizo los deberes, no comunicó a sus colegas que la ausencia tenía motivo documentado y nadie le borró el baldón, tan insignificante como inmerecido. Me pareció una minucia lo que me contaba pero el sabio ascendiente no tardó en abrirme los ojos: esa falta era única y tenían que haberla eliminado pero, en el curso de su nieto había estado, legítimamente, una profesora con la baja maternal y el sustituto tardó dos semanas en llegar. Cuando se reincorporó la titular quedaba casi un mes para acabar el trimestre pero la del puerperio dio firmeza a las notas que le había dejado el sustituto que, por cierto, no había hecho ningún examen. De tales incidencias nada constaba en el boletín de notas. Pero la cosa no se acababa ahí. En otra asignatura, una profesora padeció una fractura, estuvo legítimamente de baja y hasta que llegó alguien a cubrir transitoriamente el hueco pasaron otras dos semanas. Al retorno, otro buen lío con las calificaciones de sustituta y sustituida. De tales incidencias nada constaba en el boletín de notas. Y siguió: otro profesor padeció una depresión y, legítimamente, dejó de ir a clase previo el papeleo oportuno. Otras dos semanas sin clase hasta que llegó el nuevo, con sus métodos pedagógicos muy diferentes y muy efímeros. Reincorporación del titular, pequeño desbarajuste de medias y lo de siempre. Pero de tales incidencias nada constaba en el boletín de notas. En fin, en la Comunidad Autónoma donde esto sucedió hubo dos días de huelga del profesorado y las legítimas ausencias de quienes ejercieron el derecho se cubrieron a duras penas, con buena voluntad y mucha papiroflexia. De tan respetables faltas profesorales nada constaba en el boletín de notas. Doble pregunta y termino. Las interrogantes del laureado docente eran claras: todos aquellos vaivenes, por justas que fueran sus causas originales, ¿no iban a haber repercutido en el rendimiento de los estudiantes? Y ¿por qué tanta información, inexacta además, de las faltas de los alumnos y tan atroz silencio –o agrafía- de las ausencias del profesorado? No tener en cuenta, al calificar, la primera cuestión y esconder las quiebras del principio de continuidad del servicio educativo esta mal, sin paliativos. Y lo de las faltas, ciertamente, es la ley del embudo.
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