 Hace unos días asistí a una exposición titulada “Ayuntamientos Democráticos”, organizada por la Fundación Pablo Iglesias y salí con una profunda tristeza, no tanto por lo escaso del material expuesto, ya que parecía que, simplemente, alguien había desempolvado unos cuantos libros, fotografías y pegatinas de las primeras elecciones municipales de la democracia celebradas en 1.979 que tuviera por casa, o porque únicamente se centraba en el Ayuntamiento de Madrid, sino porque me invadió la íntima convicción de que no es que no hayamos avanzado nada, sino de que nos encontramos mucho peor que en aquella esperanzadora época.
No pude evitar sonrojarme al recordar que los eslóganes de aquella ya lejana campaña electoral gravitaban entorno a lemas como “contra la corrupción”, “contra la especulación del suelo”, “por unos ayuntamientos más transparentes y representativos”, “más árboles que casas”, etc… Que pena. Treinta años después de las primeras elecciones municipales de la democracia celebradas el 3 de abril de 1.979, los Ayuntamientos, asolados por innumerables casos de corrupción, se encuentran en quiebra, tal y como afirmaba el artículo de este mismo blog publicado por la redacción y remitido por un colaborador anónimo, que sostenía, además, que «cualquiera que conozca o haya seguido mínimamente los entresijos de la administración local sabe que no pocas veces la causa real de esta situación es la desastrosa y vergonzante gestión que ha caracterizado a la inmensa mayoría de los ayuntamientos». Pero parece que no quieren verse las causas de la situación. Ya no se trata únicamente de un problema de refuerzo de las funciones interventoras, sino de una cuestión de voluntad política. Los políticos locales han tomado la medida a las funciones interventoras de sus Ayuntamientos y se han dado cuenta de que mientras las cosas se mantengan dentro de los cauces administrativos no ocurre nada y les invade una gran sensación de impunidad, salvo que los acontecimientos se desborden y se les escapen de la manos para desembocar en la vía penal, y, aún así, son conscientes de que existen grandes posibilidades de que al final se archiven las actuaciones y no pase nada. ¿Cómo puede ser, por poner un ejemplo, que se remita al Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de la legislación sobre contratos de las administraciones públicas, el extracto del expediente tramitado para la adjudicación de un contrato que incluye sendos informes de intervención y de secretaría poniendo de manifiesto las irregularidades cometidas durante la tramitación determinantes de la nulidad radical del contrato, y que el Tribunal de Cuentas no se interese por el asunto, ni tan siquiera por curiosidad? Por eso sostengo que dada la situación a la que se ha llegado el problema ya no se resuelve únicamente con el refuerzo de las funciones interventoras, sino con una clara voluntad política de solucionarla tomando cartas en el asunto. Pero nadie, excepto quienes vivimos la administración local desde dentro, parece darse cuenta de las autenticas causas de la situación económica de los Ayuntamientos españoles. ¿Como puede ser que ante la dantesca situación que está llevando a la quiebra a numerosos proveedores y contratistas de los Ayuntamientos y que ha obligado a la aprobación del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, viera la luz el Fondo Estatal de Inversión Local, que lo único que va a generar, en demasiados casos, es un mayor endeudamiento? ¿La creación del Fondo Estatal de Inversión Local no es como poner al zorro a cuidar el gallinero? ¿De verdad que nadie en la administración central o en el gobierno sospecha donde irá a parar, por mor del principio de caja única, gran parte del dinero del Fondo? ¿A nadie de estas altas esferas les llega la información de que hay muchos Ayuntamientos que están esperando el dinero del fondo como agua de mayo para poder pagar las nóminas y las cuotas empresariales a la seguridad social? ¿No dan escalofríos al pensar que con el dinero del fondo calentito en las arcas municipales se abre la temporada de fiestas patronales con esa locura aneja que parece invadirlo todo y que tiene como consecuencia el no reparar en gastos aunque solo sea por quedar mejor que el pueblo vecino, a pesar de la buenas y moderadas intenciones iniciales? ¿Somos tan pocos los que sabemos que muchos grupos musicales y toreros no actúan si no han cobrado por adelantado? Quizás esté totalmente equivocado y tenga una visión pesimista y demasiado obtusa, porque el presidente de la Comisión de Hacienda y Financiación de la FEMP, Pedro Arahuetes, señaló, el pasado 7 de mayo, que en 2010 se tendrán que realizar otras actuaciones de mayores o menores características a las que se han puesto en marcha este año a través del Fondo Estatal de Inversión Local y manifestó: «Hay quien dice que el Plan E) es pan para hoy y hambre para mañana, pero había que atajar el problema que teníamos en 2009 y esta medida es adecuada y ha sido aplaudida por todo el Comité Ejecutivo de la FEMP». Pues bien, ya tenemos otro Fondo de Inversión para 2010. El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado en el Debate sobre el estado de la Nación la puesta en marcha de un nuevo Fondo de Inversión Local para el próximo año 2010 dotado con 5.000 millones de euros que permitirá impulsar proyectos de sostenibilidad ambiental, tecnológicos y de atención social a personas dependientes o con discapacidad. Los buenos resultados reportados por el Fondo Estatal de Inversión Local, ha señalado el Presidente, han animado la puesta en marcha del nuevo Fondo que, en esta ocasión, estará más orientado a la realización de actuaciones dirigidas a fomentar obras relacionadas con el nuevo modelo productivo. A la vista de ello me temo que sigue sin existir voluntad política de solucionar la causa de la situación caótica de los Ayuntamientos españoles y se articulan medidas dirigidas a paliar otras necesidades como el desempleo o el mantenimiento de la actividad económica del país, utilizando como intermediarios a loa Ayuntamientos que han demostrado una pésima capacidad de gestión y que se sitúan a la cabeza de los morosos. Que nadie se engañe, la situación económica de los Ayuntamientos españoles sólo se puede atajar mediante la reducción de sus gastos y con la exigencia de responsabilidades a sus gestores. Solución que, no por manida y simple, puede perder su virtualidad. Lo que no parece una solución es poner en manos de aquellos gestores que han mostrado una auténtica incapacidad para administrar el dinero público, nuevos fondos destinados a inversiones, innecesarias en muchos casos, en la confianza de que no serán utilizados para otros fines generando nuevas deudas, porque los Ayuntamientos españoles, hoy por hoy, han perdido la capacidad de ser fiables en su gestión económica. Ojala me equivoque y el Fondo Estatal de Inversión Local vaya a parar, sin demoras, a manos de los contratistas y no supongan una agravación de la situación económica de unos Ayuntamientos que tienen, además, como asignatura pendiente recuperar la confianza de los ciudadanos y devolverles la esperanza y la fe que depositaron en las urnas en aquellas primeras y entusiastas elecciones municipales de la democracia celebradas el 3 de abril de 1.979.
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