 En un momento y un país en el que en cuanto pasa algo se busca a alguien que pague por ello (uno nunca es culpable de nada), las administraciones o, por mejor decir, los empleados públicos que están en las distintas administraciones de todos los niveles y estratos practican de una manera consciente o inconsciente lo que se podría llamar “administración defensiva”, tomando la expresión de un amigo médico de profesión, que ante el aluvión de reclamaciones que continuamente se derivan de prácticas médicas, contaba que en la sanidad pública cada vez se practica más la ‘práctica médica defensiva’ o la “sanidad defensiva”, lo que en muchas ocasiones puede no ser practicar la mejor medicina al aplicarse protocolos, en ocasiones, obviamente innecesarios. Si desgraciadamente algo sale mal, responsabilidad objetiva, la Administración paga. Si puede haber algún indicio de responsabilidad penal, a por el médico.
Es difícil definir con cierta precisión la expresión “administración defensiva” pero, intentándolo, podemos decir que viene a ser el conjunto de prácticas administrativas que llevan a cabo los empleados públicos con el objeto de, sin menoscabar el fin último de lograr la tarea encomendada, evitar en la medida de lo posible cualquier responsabilidad o culpa sobre posibles efectos indeseados. Esto se hace en todas las administraciones a base de “aplicar el reglamento” a rajatabla o ir dejando constancia escrita de toda actuación que se haga, informar a la más mínima, o procurar que haya testigos cuando existen situaciones personales conflictivas. Igual que para los médicos aplicar el protocolo aplicable a la enfermedad diagnosticada o a los síntomas que se presentan es lo fundamental aunque no sea absolutamente necesario para el enfermo y se le inflijan en ocasiones unas molestias o perjuicios colaterales que probablemente se podrían evitar, en la Administración defensiva se aplica el reglamento a rajatabla. En términos administrativistas por una parte está muy bien porque da seguridad al que aplica la norma y el sujeto paciente de la misma sabe que ‘eso es lo que hay’. Al fin y al cabo, para eso está la norma, para aplicarla. Pero por otra parte se enlentecen los procedimientos de una manera insufrible, con lamentables consecuencias. Es decir, pongamos por caso, se establece un determinado procedimiento de apertura de establecimientos y viene el confiado ciudadano solicitando licencia para establecer un negocio. La norma dice que la licencia debe concederse en el plazo máximo de equis meses. Dependiendo de qué establecimiento se trate, ni en broma. Siempre hay un informe que no ha llegado o una notificación pendiente, algún defecto del proyecto a recomponer o alguna cuestión de cualquier tipo a solventar. El arriesgado comerciante/industrial tiene varias opciones: 1. Abrir sin licencia. 2. Aguantarse y esperar. 3. Suponer que tiene licencia por silencio positivo y que no ha incumplido el ordenamiento jurídico. Y 4. Olvidarse de la cosa. Bueno, quizás acabe esto si se aplica la Directiva de Servicios de una forma racional. Como inciso aclararé que cuando determinados colectivos se cabrean (con perdón), en ocasiones se hace huelgas ‘de reglamento’. Curiosa forma de protesta, siempre me ha llamado la atención ese tipo de huelga. Es como decir, “¿ah sí?, ¿no se nos da lo que consideramos justo?, ¡apliquemos el reglamento a rajatabla pues!”. Lo que implica varias cosas: - Que la aplicación estricta de la norma es totalmente inviable ab initio para el funcionamiento normal de los servicios.
- Que el que ha redactado a norma probablemente nunca ha salido del despacho y simplemente ha hecho una digresión acerca del deber-ser.
- Que esa premisa es conocida por la dirección de los servicios y por los trabajadores de los mismos aunque todo el mundo mira para otro lado.
- Que lo ‘habitual’ pues, es no aplicar la norma sino sólo algunas partes de la misma según el sentido común hispano ya que es la única forma de agilizar las cosas.
- Que cuando se decide aplicar las normas, se produce el caos inevitablemente.
De esto se deriva la kafkiana conclusión de que el que redacta la norma desconoce la realidad que esta regulando. 0 el que la aplica, consciente de que es una norma deficiente y que no soluciona algunos aspectos de aquello que regula, se la salta en determinados casos, precisamente para que el sistema funcione. EL mundo al revés. Es decir, el aplicador ‘salva’ al regulador. Retomando el hilo discursivo, estos problemas de la administración provienen probablemente en los siguientes factores: - Un sistema de responsabilidades instituido en el que el ciudadano tiene derecho a que todo vaya de maravilla. Silogismo: si algo falla, alguien paga. Funcionamiento “normal” y/o “anormal” de los servicios públicos. Y por qué no, responsabilidades penales.
- La desconfianza interinstitucional o interadministrativa. Funcionarios de la Comunidad Autónoma, Estado y de la Administración Local defienden en muchas ocasiones más su estatus y a su propia institución de forma numantina, que el interés público que, finalmente, es el interés de la Administración y de la sociedad en general sin adjetivos.
- La Administración Local está en el último escalón del sistema y las ve venir por todas partes. El ciudadano cabreado –otra vez con perdón- va al Ayuntamiento como primer lugar que se le ocurre y el empleado debe aguantar el tirón como el Santo Job. Pero al mismo tiempo, agobiado por la falta de medios humanos y técnicos el empleado municipal tiene que atender una multitud de tareas, tiene que ser eso que se ha llamado especialista de lo general, saber de todo un poco sin saber de nada con el riesgo que eso tiene. Así que cuando se dirige a otra Administración superior (por más grande, no por más importante) de la que necesariamente debe recibir fondos en forma de subvenciones, difícilmente hace todo bien. La graciosa Administración concedente, a través de sus eficientes funcionarios, que probablemente tienen unas funciones muy específicamente delimitadas, no se fía un pelo de esa siempre chapucera administración local y sus siempre dudosos procedimientos, y sacan pelos a una calavera para curarse en salud. Y siempre viene a faltar algún certificado, alguna compulsa, sello, referencia, informe o siempre hay alguna expresión de los mismos no correcta o vaya usted a saber qué. Eso se llama confianza mutua. Por no decir indigna sumisión feudal del vasallo al noble, debido a la endémica insuficiencia financiera. Se puede recordar aquella canción televisiva en la que salían cuatro personajes cantando y decían sucesivamente
Yo soy la ficha roja
yo soy la ficha azul, yo soy la ficha verde, ¿y quién rayos eres tú?
Pues eso, la Administración Local es la del último verso.
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