España continúa en crisis. Y nuestra crisis, como la propia España, parece ser diferente. Nosotros tenemos nuestros propios problemas y, cómo no, los problemas tienen su origen en recientes excesos. Y es que, con o sin supervisión del Banco de España, con o sin regulación, asistimos en el segundo lustro de los noventa y el primero del actual decenio a una expansión del crédito al sector inmobiliario de características desconocidas históricamente. Precisamente por eso, por la originalidad de ese proceso, nos hallamos hoy ante una crisis peculiar, enmarcada en una crisis internacional, sí, pero especialmente virulenta en España. Hoy parece asumirse que tardaremos en superar esta situación algo más que los demás países y que, ese retraso, puede perjudicarnos si el Banco Central Europeo modifica su política monetaria para racionalizar el crecimiento económico que se está empezando a producir en otros Estados europeos.
Cierto es que la banca o, en general, las entidades crediticias, han sido en nuestro país tradicionalmente conservadoras en la gestión del riesgo. Ésa es la clave de su negocio, prestar dinero midiendo el riesgo para garantizar el rendimiento previsto con la mínima morosidad. Si la valoración del riesgo es correcta, el negocio bancario funcionará, con mayor o menor rentabilidad, con mayor o menor volumen, pero funcionará. Si no es así, si el riesgo se valora mal, se manipula o se obvia, si se pretende competir haciendo abstracción de la viabilidad de la operación financiada, si se saca de quicio una mal entendida competencia que lleva a los competidores al abismo, el resultado no puede ser bueno. Y no lo ha sido. Los diez años de excesos, de 1996 a 2006 fundamentalmente, generaron una inmensa ola que se abate sobre nuestro litoral. Y sólo disponemos de un rompeolas. Si falla, el tsunami entrará tierra adentro y arrasará lo que encuentre a su paso. Considero la imagen muy gráfica. Y no me refiero ahora al tsunami de hormigón que inundó el litoral valenciano y los planos de clasificación de suelo de todos sus municipios. Hablo de un tsunami de riesgos mal valorados. Riesgos asumidos para la financiación de la adquisición de suelos rústicos preurbanizables que en ocasiones ni tan siquiera llegaron a convertirse en urbanizables aunque fueron valorados, e hipotecados, como tales. Riesgos tomados para afrontar procesos de urbanización masivos de los suelos que sí fueron clasificados y que, sin embargo, no llegaron a completar su urbanización o, de haberlo hecho, no están hoy siendo edificados. Riesgos aceptados para financiar la edificación de viviendas que no están siendo vendidas o que, aún habiéndolo sido, son rechazadas hoy por compradores que lo fueron en su día y ya no las pueden pagar. Esos riesgos están llegando ahora, amenazantes, al mismo lugar donde fueron inicialmente valorados en el cual, al final, no podrán sino asumirlos. Esos riesgos hoy adquieren la forma de suelos que no han sido pagados, ni clasificados, ni urbanizados, ni edificados o de edificaciones que no han sido iniciadas, ni concluidas, ni comercializadas. El tsunami de riesgos que nació mar adentro arrasó cuanto encontró a su paso según se fue acercando a la costa. En 2006 y 2007 arrolló a quienes basaban su negocio en la pura y simple especulación con el suelo. Luego, ya en 2007 y 2008 a quienes desarrollaban una actividad empresarial urbanizando el suelo con vocación de edificarlo o de especular con él. A continuación, en 2008-2009, a quiénes proyectaban edificar los solares urbanizados o iniciaron la edificación y no pudieron vender su producto; y actualmente, este mismo año y previsiblemente en 2010 y 2011, incapaz el país y muchos de sus ciudadanos de pagar unos precios que habían superado cualesquiera límites razonables, alcanza de lleno el litoral y empieza a romper con fuerza contra el sector crediticio que hace cuanto puede para resistir. Y no es poco lo que hace porque, objetivamente, ese sector conoce los riesgos que retornan al lugar donde se autorizó su financiación, como si de un boomerang se tratase, y, subjetivamente, son hoy los mismos gestores que valoraron los riesgos que ahora tratan de reconducir los que realizan esta labor de rompeolas. Hoy entidades de crédito y gobiernos tratan de reforzar y recrecer ese rompeolas inmenso con enormes inyecciones de liquidez procedentes de los fondos del Estado, de la reducción de las reservas exigibles a las entidades de crédito, de la autorización para no actualizar el valor contable de los activos arrasados por el tsunami, de la desviación de los activos entregados como dación en pago a entidades instrumentales para evitar provisionar las pérdidas, de la aplicación de diferenciales de setecientos u ochocientos puntos básicos que multiplican por seis o siete veces el Euribor, de la refinanciación de compromisos asumidos por terceros para demorar los fallidos o, al menos, mantener la esperanza de tiempos mejores. La propia restricción del crédito a la economía real, a duras penas cobijada tras el rompeolas y separada hoy por él del sector inmobiliario, en condiciones todavía peores, no es sino una fórmula más para la obtención de liquidez con la que robustecer la barrera que trata de frenar el ímpetu del mar. Y en eso está hoy el país. En tratar de frenar la gigantesca ola de riesgos que entre todos generamos. Probablemente lo consiga, no sin costes que ya se están produciendo, especialmente para muchos ciudadanos que están perdiendo sus empleos. Pero, una vez conseguido, es responsabilidad de todos no repetir los mismos errores. Es responsabilidad de gobernantes y banqueros, de gestores de cajas de ahorro y empresarios, de ciudadanos que tienen responsabilidades políticas y de los ciudadanos que no las ostentan. Quizá bastaría con eso, con no reproducir los errores del pasado generando una monumental burbuja inmobiliaria a un lado del rompeolas crediticio, mar adentro, que compite por el crédito con el resto del sistema económico. No sé yo si el país está preparado y dispuesto para asumir e impulsar la necesidad de ese modelo económico; no sé yo si quienes protagonizaron esta escalada de precios y riesgos están dispuestos a asumir sus errores y la responsabilidad personal, empresarial o societaria que comportan; no sé yo, en fin, si todos estamos dispuestos a entender y aceptar que, tras la vorágine del último decenio y el estallido de la burbuja, todos somos un poco más pobres. Dudo especialmente de la capacidad al respecto de comerciantes de suelo, empresarios inmobiliarios y entidades de crédito. Pasará mucho tiempo, no un año, ni un lustro, antes de que la sociedad sea capaz de asumir valores especulativos cómo los asignados, tasación mediante, en los últimos años al suelo. Eso, probablemente, no será recuperable. Pero el país, sin duda, se recuperará. De peores hemos salido.
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