 Los ayuntamientos españoles han de andar espabilados porque el gran motor de las decisiones públicas en Europa es el “cambio climático” y los acuerdos que se adopten en el marco de esa gran preocupación colectiva les va a afectar sensiblemente. Desde que estoy sentado en el Parlamento es tal cambio la expresión que más veces he oído repetida en mil discursos, declaraciones y resoluciones. Y la culminación de todo ello será la Conferencia mundial que, en el marco de las Naciones Unidas, se reunirá en los primeros días de diciembre en Copenhague. Como miembro que soy de la Comisión de Industria y Energía del Parlamento he sido designado miembro suplente para representar a dicha Comisión en la ciudad danesa. Ignoro si al final habré de asistir pero, en cualquier caso, sí estoy siguiendo los preparativos y algunas de las gestiones diplomáticas que a todos los niveles se están llevando a cabo.
Confieso que da un poco de vértigo todo este asunto. Y confieso además que sigo las polémicas científicas que ponen en cuestión tal cambio, al menos niegan su carácter antropogénico, palabreja que no figura en el Diccionario de la Real Academia, pero que remite a la intervención del hombre en esa transformación del paradigma climático. Un grupo de cualificados expertos desvinculan en cierta medida las alteraciones de las temperaturas en diversas partes del globo a las acciones humanas pues los paleoclimatólogos -especialistas en la historia del clima- sostienen que ya se ha dado en otros momentos históricos muy anteriores a la revolución industrial. Como digo, a mí todo esto me marea pues carezco de conocimientos para saber a qué carta quedarme. Pero algo sí sé: y es que, exista o no el cambio, lo cierto es que los siete mil millones de ciudadanos que habitamos el planeta tenemos los mismos derechos y es evidente que si todos hiciéramos el gasto energético que nos podemos permitir quienes vivimos en la Europa rica o en la América acaudalada, el planeta no podría resistirlo y las peores consecuencias se harían visibles en forma dramática. Dicho de otro modo, tengo perfecta constancia de que el derroche, el despilfarro y la prodigalidad con la que vivimos algunos no es posible mantenerla a escala planetaria. De ahí la necesidad de contención, de ahorro, de “ponernos las pilas” de la moderación. En este sentido, hay que decir que la Unión Europea -a la que tantas críticas se pueden dirigir y yo no las escatimo- es pionera en este campo. No hay Estado poderoso o grupo de Estados en el mundo que haya ido tan lejos en las propuestas de control del dispendio energético como Europa. Ocurre sin embargo que estas son medidas que han de ser respaldadas por toda la comunidad internacional pues, de lo contrario, de nada sirven. Es como si un Estado se declara pacifista pero no lo hacen sus vecinos (algo de esto ocurrió en Locarno en 1925). Los compromisos europeos en orden a la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero así como respecto a la paulatina incorporación de energías renovables y la ayuda a los países en vías de industrialización para que usen energías “limpias” son de gran importancia. Solo les falta el soplo de eficacia que vendría de su asunción por territorios que se muestran reacios a compartir estas determinaciones. Veremos lo que pasa en Copenhague. Como decía al principio los Ayuntamientos españoles habrán de estar muy atentos a la pantalla porque ellos son las Administraciones terminales en las que al final descansa buena parte de lo más importante de la acción pública. Así por ejemplo está en marcha en el Parlamento una norma que va a dar una vuelta de tuerca a las técnicas de aislamiento de los edificios así como una batería de medidas destinadas a informar al consumidor acerca del gasto energético de cada uno de los cacivaches que usa. Siempre se acaba hablando de las Administraciones locales. Entretenimiento pues no les ha de faltar a nuestros alcaldes y a nuestros castigados funcionarios.
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