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Desafíos y Oportunidades para los Entes Locales en un Escenario de Crisis Económica (I) |
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Raúl García González
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03.12.2009 |
 Él muy sugerente título de estas jornadas abre un mundo prácticamente inabarcable de cuestiones a tratar y discutir, desde las causas de la crisis económica hasta las medidas para salir de ella, pasando por los efectos que la misma pueda tener sobre las estructuras administrativas y sociales de nuestro país.
Muchos dicen que las épocas de crisis pueden y deben apreciarse como un espacio de oportunidades y de retos, y no sólo de problemas y amenazas. En las épocas de crisis es cuando se mejora en términos de eficacia en la gestión de la escasez de medios y se desarrolla las técnicas de innovación y modernización. En nuestro ámbito local, especialmente en el municipal, las crisis son sentidas con una especial intensidad. Los Ayuntamientos son la primera de las administraciones y por lo tanto es la primera a la que los ciudadanos en problemas acuden en demanda de soluciones. En estos momentos y sin tener en cuenta lo que recoge el artículo 140 de la Constitución de 1978 o el art. 25 de la Ley 7/85 de bases de régimen local, los municipios se ven obligados a hacer frente a las necesidades de sus ciudadanos en casi cualquier ámbito de la vida, esta cuestión está además reflejada legalmente en la fijación de una cláusula genérica de competencia general que en tiempos de recesión económica y crisis habilita al municipios a actuar a favor de sus ciudadanos.
La necesidad de que el Ayuntamiento sea la primera administración en actuar en las épocas de problemas es indiscutible desde todo punto de vista, ya que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, por su tamaño y “pereza burocrática” tardan demasiado en actuar y dar soluciones a problemas apremiantes. No obstante no hay que olvidar la capacidad reguladora y de financiación del Estado y las Comunidades Autónomas que pueden facilitar que otros entes más cercanos al ciudadano tengan mayor flexibilidad en la actuación.
Una vez realizada esta escueta introducción se pasa a analizar algunas cuestiones relacionadas con la crisis y las medidas que las entidades locales pueden tomar para paliar los peores momentos y salir lo antes posible de ella.
Es indudable que nadie puede negar la evidencia de la crisis y su magnitud, que en el caso español es mayor debido a la estructura de nuestro sistema productivo – con un sector de la construcción absolutamente sobredimensionado y peso muy importante de un sector hipersensible a la crisis como el turismo-, con una productividad muy baja en términos relativos, un sistema educativo deficiente y escasa inversión en I+D+I.
La crisis produce efectos claros sobre las entidades locales en diversos grados o niveles:
En primer lugar está la pérdida de recurso fiscales por parte de las entidades locales que tiene dos componentes o direcciones (basados en la misma premisa, la reducción de la actividad económica): - Pérdida de recursos fiscales y no fiscales propios: menor recaudación de tributos como el ICIO como consecuencia de la reducción del número de licencias de obras; IIVTNU como consecuencia de la reducción del número de transmisión de solares y fincas urbanas; IAE como consecuencia del cierre de un gran número de empresas; de igual modo la menor venta de suelo para construcción, base de la mayor parte de la inversión que los Ayuntamientos han realizado en los últimos años…
- Pérdida de trasferencias de otras administraciones: menor participación en los tributos del estado ya que se ha reducido su recaudación; menor número de subvenciones y planes de ayuda de la admón. del Estado y de las Comunidades Autónomas…
En segundo lugar, la crisis afecta de manera importante al avance en la segunda centralización ya que cualquier transferencia significativa de competencias en estos momentos hacia los gobiernos locales debería conllevar un aumento de los impuestos locales, con las reticencias de tipo político y social que conllevan este tipo de actuaciones.
Problema que merece ser tratado más adelante y con mayor profundidad es el de las denominadas “competencias impropias.”
En tercer lugar las entidades locales sufren las reticencias del sector financiero para la concesión de nuevos préstamos, que serían necesarios para poder mantener el nivel de inversión del sector local.
Una vez que todos los actores públicos han asumido la existencia de una situación de grave crisis hay que buscar soluciones y remedios a la misma, y aunque la mayor parte de materias en las que se puede actuar a nivel público son competencia del gobierno central y los regionales es evidente que los gobiernos locales pueden realizar numerosas actividades dirigidas a contribuir a la mejora de la eficiencia y a contribuir a la superación de la crisis económica, además de la mejora de la gestión de su endeudamiento y de su participación en las políticas generales.
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