 La verdad que ya llevaba algún tiempo pensando en calcular las diferencias entre el aumento del coste de la vida y los incrementos experimentados por las retribuciones de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y sujetos, en consecuencia, a las previsiones de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.
Pero bueno, dado que dicho trabajo me lo ha remitido, casualmente, Agustín Berrocal Hernández, compañero de la VII promoción de Secretaría de Entrada, si bien desconozco si la autoría se le debe atribuir a él o a José Manuel Martínez Fernández, Oficial Mayor del Ayuntamiento de León, pero creo cumplir con el deber de mencionar las fuentes utilizadas remitiéndome a ambos, me haré eco de su trabajo. Por mi parte me he permitido añadir los datos de los años 2008 y 2009, si bien los datos de éste último se refieren al mes de octubre, último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Los desalentadores, para unos, o sorprendentes, para otros, datos arrojan los siguientes resultados:
AÑO I.P.C. INCREMENTO DIFERENCIA AÑO I.P.C. INCREMENTO DIFERENCIA
SALARIAL PÉRDIDA SALARIAL PÉRDIDA
1982 14,00% 8,00% -6,00% 1996 3,50% 3,50% 0,00%
1983 12,20% 9,00% -3,20% 1997 2,10% 0,00% -2,10%
1984 11,90% 6,50% -5,40% 1998 2,10% 2,10% 0,00%
1985 8,20% 6,50% -1,70% 1999 2,40% 1,80% -0,60%
1986 8,30% 7,20% -1,10% 2000 4,00% 2,00% -2,00%
1987 4,60% 5,00% 0,40% 2001 3,10% 2,00% -1,10%
1988 5,80% 4,00% -1,80% 2002 4,00% 2,00% -2,00%
1989 6,90% 4,00% -2,90% 2003 2,60% 2,00% -0,60%
1990 6,50% 6,00% -0,50% 2004 3,20% 2,00% -1,20%
1991 5,50% 7,22% 1,72% 2005 3,70% 2,00% -1,70%
1992 5,30% 6,10% 0,80% 2006 2,70% 2,00% -0,70%
1993 4,90% 1,80% -3,10% 2007 4,20% 2,00% -2,20%
1994 4,30% 0,00% -4,30% 2008 1,40% 2,00% 0,60%
1995 4,30% 3,50% -0,80% 2009 0,30% 2,00% 1,70% Pérdida Acumulada Período 1982/Octubre 2009 -39,78%
Por otra parte, me gustaría referirme a una carta al director publicada en el diario “El País” el pasado 14 de noviembre de 2009, titulada “El sector público” y suscrita por D. Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra, en la que sale al paso del artículo publicado en el mismo diario el 8 de noviembre de 2009 titulado “El funcionario sale caro” que se basa en un informe de la EAE Business School y en la que, de forma sucinta, ofrece algunos datos para rebatir varias aseveraciones erróneas vertidas en él, que en mi opinión son muy atinadas, aunque soy consciente de que se me acusará de subjetivo dada mi condición de funcionario. El profesor D. Vicenç Navarro, tras afirmar que «no toda persona empleada en el sector público en España es funcionaria, por lo que «empleo público y funcionariado no son lo mismo»; aporta una serie de datos, de entre los cuales son de destacar el que «no es cierto que el empleo público esté sobredimensionado en España. En realidad, el porcentaje de la población adulta que trabaja en el sector público es el más bajo (junto con Irlanda) de la UE-15» y que «tampoco es cierto que "a mayor empleo público en una población, menor riqueza se genera y menos nivel de vida tienen sus habitantes". En España es lógico que en las comunidades autónomas más pobres, que tienen menos gente trabajando, el empleo en los servicios del sector público represente un porcentaje mayor del empleo total que en las comunidades más ricas. Atribuir la pobreza de las comunidades al empleo público es de escaso rigor. En realidad, a nivel europeo, países con elevado empleo público, como Suecia (donde el porcentaje de población adulta trabajando en el sector público es el 21%), tienen un mayor nivel de vida y mayor competitividad que países como España, donde tal porcentaje es sólo un 9%». Nuevamente nos encontramos con la, por desgracia, cada vez más arraigada práctica de culpar a los funcionarios públicos de los males que sufre nuestra economía. Práctica que, por otra parte, cala con demasiada facilidad en la opinión pública, sobre todo como consecuencia de estudios o afirmaciones poco serias y basadas en datos abstractos y sesgados, como el caso del artículo al que salía al paso el profesor Navarro, que bajo el título de “el funcionario sale caro”, título absolutamente tergiversador de la realidad, incluye en el ámbito de tan torcitera afirmación a cualquier clase de personal que cobre sus emolumentos con cargo a algún presupuesto público, entre los que nos encontramos, como no, a los cargos de confianza y a la clase política profesionalizada. ¿De verdad se puede sostener seriamente, a la vista de la pérdida de poder adquisitivo, acumulada desde el año 1982, que el número de funcionarios incide negativamente sobre la generación de riqueza y sobre el nivel de vida del total de la población?. ¿Es que los suecos son de otro planeta?. Yo creo que estas afirmaciones, generalmente, parten de un grave desconocimiento de los informadores sobre la función pública. Hace poco en otro artículo de prensa, cuya fuente no recuerdo exactamente, pude comprobar el grado de confusión del periodista que no atinaba a distinguir entre personal interino, personal eventual, personal temporal, personal funcionario y personal laboral. Pues bien, una vez más, el próximo año 2010 el Gobierno y los Sindicatos han pactado un aumento del 0,3 % en las retribuciones funcionariales en el marco del Plan de ahorro del Gobierno del que la práctica congelación salarial supone una de sus medidas estrella. Y digo congelación salarial porque, como es fácil de comprobar, el 0,3 % de aumento del IPC ya se ha alcanzado en octubre de 2009, a lo que se suma que, según numerosos expertos, el IPC superará el 1 % a finales de 2010. Concretamente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé una subida del IPC en España del 0,8 % y recomienda que la política restrictiva que se anuncia en nuestro país debiera aplazarse hasta 2011. Todo ello sin olvidar que estos datos macroeconómicos, en muchas ocasiones, parecen no responder a la realidad cotidiana, pues todos somos conscientes de los aumentos muy superiores al IPC que soportamos cada año en productos de primera necesidad como la luz, el gas, etc…; sin olvidar los diversos aumentos de las tasas y precios públicos por coste de los servicios, igualmente superiores al IPC, a los que nos someten las diversas administraciones. En Madrid, con independencia de la recuperación de la Tasa por la Recogida de Basura, el abono de 10 viajes conocido como el metrobus nos costará un 21,6 % más, lo que supone que, desde 2003, ha experimentado un aumento del 103 %. Es demasiado fácil o demasiado grave, depende del prisma desde el que analicemos la cuestión, señalar únicamente a los funcionarios públicos cuando lo que se está criticando es el coste del sector público en general. Supongo que las teorías neoliberales consideran que la gestión privada de todos los servicios públicos sería más barata desde el punto de vista del coste de personal, pero no puedo olvidar la cantidad de años en los que, mientras que a los funcionarios públicos se les aprobaba una subida salarial por debajo del IPC, innumerables convenios colectivos de empresas privadas negociaban subidas iguales o superiores a éste. Ya está bien de cargar contra los funcionarios públicos en aras de la tan manida estabilidad en el empleo, como si estuviéramos hablando de un privilegio regalado y adquirido por la magnanimidad de la administración. Creo que los funcionarios públicos hemos realizado un enorme esfuerzo, a la vista de los datos que arroja la tabla sobre diferencia entre los aumentos salariales y el coste de la vida, y nos merecemos algún reconocimiento, por pequeño que sea, y mayor seriedad cuando se traten los temas del sector público, salvo que lleguemos a la conclusión de que la función pública no es necesaria, o que de lo que se trata es de aquello de “quítate tú para ponerme yo”.
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