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 Como ya afimamos en una ocasión, la ética resulta fundamental como “valor añadido” a la actuación de los funcionarios públicos. Se trata de un valor basado indirectamente en la Constitución (sin duda ética tiene que ver con objetividad, con eficacia y con imparcialidad, principios que aparecen en el art. 103, apartados 1 y 3). No obstante, no es un principio regulado expresamente por las normas (si bien parece que el non nato Estatuto de la Función Pública lo va a recoger), que en todo caso, por su propia naturaleza, no debe venir impuesto desde fuera, sino existir en el interior de las personas. Una fuerte ética personal y profesional, va mucho más allá y es más eficaz que la tipificación de todos los delitos y todas las faltas, y que todo el sistema de responsabilidades de los funcionarios, ya que no se basa en el temor a la sanción, sino en la creencia interna de que actuar de una determinada forma nos enriquece, como personas y como profesionales. Desde este planteamiento, quizá muy teórico, me pregunto por qué se simulan bajas por depresión o por enfermedad, por qué se "torea" el sistema de control del horario, por qué de 8 a 9 se comenta la película o el partido de fúlbol de la noche anterior, y por qué personas que profesionalmente se encuentran bien (la mayoría de funcionarios), no valoran este privilegiado status quo y se autoconvencen de que están mal y que deben trabajar con desinterés... Imposible seguir hablando de calidad de la Administración Pública si no buscamos la calidad en la función pública.
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