 Hace unos días la Intervención general del Estado nos ha dicho con exhibición de datos lo que quienes andamos cerca de las Administraciones pública sabemos de memoria.
Según su Informe “ante la falta de recursos humanos suficientes, los órganos gestores están recurriendo a figuras como el contrato, la encomienda o el encargo, desvirtuando la naturaleza con la que nace la contratación administrativa”.
Se “externalizan” tareas que deberían ser realizadas por funcionarios sujetos al derecho público y cita los casos de los ministerios de Medio Ambiente o de Asuntos exteriores. Por su parte “Red.es”, entidad empresarial del ministerio de Industria, se ha aficionado a las encomiendas y así sucesivamente. Tampoco las subvenciones se hallan muy controladas por lo que no puede descartarse que existan -dice la Intervención- “ayudas indebidas”. En las Universidades públicas se suele comentar -aunque yo no lo puedo creer- que parte del dinero de los proyectos de investigación se los gastan sus beneficiarios en viajes de veraneo de sus familiares.
Quienes ya peinamos -o nos hacemos la ilusión de peinar- canas estamos viendo este espectáculo desde la época en la que echamos los dientes en estas lides, ya desde el (des) orden franquista. Llegó la democracia en sus distintas variantes, ucedea, socialista, popular, socialista de nuevo, y vemos cómo no solo no se avanza un paso sino que, antes al contrario, se retrocede. Cada vez el embrollo es mayor.
Por eso la pregunta de toda persona prudente es: ¿tiene esto solución? ¿a qué se debe tanto despropósito? Sin duda a que existen disfunciones que la Real Academia define como “desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le corresponde”. Disfunciones en los servicios administrativos, en la atribución de competencias a los ministerios, en la facilidad con la que estos se crean y destruyen y otros desarreglos corporales que podríamos ir enumerando. Cierto es todo ello.
Pero pienso que mucha culpa la tenemos los juristas que nos desempeñamos en las esferas administrativas. ¿No somos demasiados? ¿No estamos todo el día dando vueltas a los mismos conceptos, a las mismas ideas? ¿No es posible que todo ese rumiar acabe dando frutos venenosos?
Recuerdo haber participado una vez en un debate muy ruidoso sobre el silencio administrativo. Y recuerdo a un insigne jurista al servicio de la Administración desmenuzando los artículos de la ley de procedimiento administrativo reguladores del mismo: no quedó títere con cabeza, aquello estaba todo mal, no había por dónde cogerlo. Y probablemente tendría razón. Pero yo pensaba que, fuera cual fuera la redacción que se diera al maldito silencio, aquel hombre le encontraría mil vueltas al asunto. ¡Como que vivía de ello!
A veces digo en broma que cerrar por unos años las facultades de derecho no estaría mal: para mayor sanidad del panorama hispano. Habrá quien encuentre la idea algo radical pero aligerar un poco el organigrama de sabios de las leyes a lo mejor es un experimento que no vendría mal. O reducir el horario a quienes más aficionados son al embrollo leguleyesco para que disfruten de paseos al aire libre y de veladas musicales.
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