Crisis financiera de las Entidades LocalesCon no poca frecuencia, oímos comentarios económico-financieros que no se ajustan a la realidad y que se dan  por buenos sin una más profunda reflexión: “La Ley de Haciendas no cumple el mandato constitucional de suficiencia financiera local, no ofrece garantías al equilibrio territorial o autonómico, ni ayuda a la estabilidad de los recursos municipales y, además, está provocando la asfixia financiera de los ayuntamientos, con  lo que ello supone de merma en la calidad e intensidad de los servicios que éstos deben prestar a los ciudadanos”. Aunque el modelo hacendístico existente en la actualidad pudiera dar pie a deducir, erróneamente, que la crisis financiera de las Entidades Locales es una lógica y negativa consecuencia de dicha Ley, debemos afirmar, sin embargo, que si ello fuera así ¿Cómo explicaríamos que con ese mismo modelo hacendístico, aplicado en distintos municipios, puedan darse realidades financieras muy diferentes  en cuanto a liquidez y solvencia?

No, no es la Ley de Haciendas la que provoca la falta de liquidez, la consiguiente demora en aplazar pagos a proveedores, la propia incertidumbre del aumento de riesgos de insolvencias a largo plazo o la dificultad en poder optimizar los recursos financieros; ni es el modelo hacendístico actual  el que impide el acceso a los recursos necesarios para poder disponer del fundamental equilibrio financiero.

Si no es pues el modelo hacendístico el causante de todas esas secuelas negativas mencionadas y de algunas otras, ¿Cuál es pues el factor determinante que las provoca u origina?

Analizados diversos y diferentes municipios desde el punto de vista  de la aplicación de la Ley de Haciendas, así como de los resultados obtenidos en los mismos, deducimos con total solvencia  que lo que realmente y en mayor medida determina  y origina una crisis financiera en una Entidad Local es la ausencia de claros postulados de Gestión Financiera planificados y ejecutados por profesionales en la materia.

Así mismo hemos constatado que, con demasiada frecuencia, el propio personal electo de Entidades Locales no sólo no ha entendido la necesidad de contar con profesionales en Gestión Financiera, (y no una simple Gestión Económica de recursos) sino que sigue tomando decisiones económicas, realizando  inversiones, creando servicios, etc.…sin tener en cuenta si se podrán o  no pagar y si son o no viables financieramente.

Por más informes económicos de que dispongan, si las decisiones no se toman teniendo en cuenta los propios objetivos de una auténtica Gestión Financiera, los entes públicos seguirán corriendo el riesgo de abocar en situaciones insostenibles y de crisis. A este respecto, damos la bienvenida a la Ley 2/2011 de 4 de marzo sobre “Economía Sostenible” en cuyo Artículo 32, que habla de la “Sostenibilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas”   se establece con total claridad que “…todas las Administraciones Públicas deben contribuir al logro de la sostenibilidad presupuestaria de las finanzas públicas, entendida ésta como la capacidad para financiar los compromisos de gastos presentes y futuros”.

La nueva Ley quizás  llega con algún retraso, pero viene a dejar bien sentado – entre otros muchos más principios – la urgente necesidad de aplicar a las cuentas públicas una buena y urgente Gestión Financiera.

Es cierto que esta Ley hubiese debido venir acompañada de un conjunto de otras pequeñas reformas (pequeñas pero de impacto efectivo y real) tales como: actualización de información para la toma de decisiones; la obligatoriedad de la internalización de costes; restricciones a la descentralización; criterios para relacionar las inversiones y sus resultados, así como las necesarias reformas para cambiar la manera de determinar las magnitudes económicas del presupuesto que incide en la propia gestión financiera.

Es preciso también que, en futuras reformas, se reconsidere el principio de imagen fiel de la actual Instrucción de Contabilidad, así como de la normativa hacendística local, entre otros objetivos, para evitar algo que se produce con bastante frecuencia, como es que Ayuntamientos con “superávit” es decir, con Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivos, no puedan hacer frente a sus compromisos de pago.

Deseamos que calen hondo y se apliquen en el quehacer diario los postulados y objetivos de una eficaz Gestión Financiera en las cuentas públicas  mientras se debate una nueva Ley que, aunque con algo de retraso, ha de limitar necesariamente el gasto de las Haciendas Locales y crear el clima de austeridad preciso para nuestras Haciendas Locales.

8 Comentarios

  1. Tienes toda la razón. Hace años, en distintos foros, vengo reclamando que se determinen, de forma matemática, los criterios para el cálculo del “dudoso cobro”, magnitud que intervienen en el remanente de tesorería. Otro factor necesario, es que los secretarios, interventores y tesoreros sean del cuerpo nacional, no cualquier licenciado que informará a conveniencia del alcalde que le fija el sueldo. Y en relación a esto último, las retribuciones de los habilitados nacionales deberían establecerse a nivel estatal, y no por criterios del alcalde de turno. Sólo entonces, gozarán los habilitados de una verdadera independencia respecto de los ediles que les mandan, y podrán defender a los ciudadanos de los posibles desmanes de aquéllos.

  2. Enhorabuena. No se puede decir más claro y rotundo: Muchas, por no decir todas, las administraciones públicas (especialmente las municipales) se encuentran con graves dificultades económicas por haberse dedicado a “gastar” a manos llenas…sin tener en cuenta la absoluta necesidad de llevar a cabo una eficaz “gestión Financiera” de sus recursos. ¿Lo entenderán de una vez por todas?

  3. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hacen falta reformas legislativas muy importantes para que el control interno sea un verdadero control y no “apariencia de control”. El problema es que se ha extendido la cultura de la permisividad a todos los niveles y eso es más difícil de cambiar, aunque va a ser la crisis la que obligue a efectuar los ajustes y controles necesarios, y que deje de verse como normal lo que no debe ser normal. Debe cambiarse el sistema de fiscalización limitada previa de manera que sea preceptiva la revisión de unos requisitos básicos como en el Estado y que incluya aspectos de la repercusión financiera y en términos de estabilidad presupuestaria de las inversiones, su mantenimiento y puesta en funcionamiento. Y por otro lado debe potenciarse el control financiero, en la actualidad inexistente.

  4. Yo que he sido en parte culpable y en mucho sufridor, no puedo mas que estar de acuedo con José Manuel, al que aprecio y respeto.

  5. El artículo de Jose Manuel, no solo, de forma clara pone de relieve cual es el problema, sino que identifica las causas. El problema de la gestión econónica financiera en la Administración, no es causa de la legislación, sino de los criterios ilógicos y sin razón que en muchos Entes Públicos se aplican en la gestión de los recursos. Existen municipios que por iniciativa de sus Alcaldes han implatado y están utilizando criterios de gestión habituales en las empresas privadas, como la asignación de presupuestos (objetivos) individuales para los funcionarios, por lo que claramente se identifican los casos de éxito y de fracaso, profesional, con sus consecuencias directas en la gestión de los recuros. En economía y en las finanzas, hay dos máximas elementales, la prudencia y el razonamiento que se han de utilizar antes de cualquier consumo de recursos, sean éstos productivos o económicos, ambos en la actualidad escasos.
    Felicidades por tu artículo

  6. Enhorabuena por el artículo, José Manuel: Como siempre aciertas en tu análisis, que pone encima de la mesa una de las causas más importantes del desorden financiero en la Administración. Y pregunto ¿no sería bueno tambien volver a los criterios de gastos voluntarios y obligatorios? A lo mejor habría más racionalidad en determinados gastos.

  7. No estaría nada mal, Sr. Farfán, que todo lo que predica en su post en relación a los políticos y sobre las buenas intenciones lo aplicara luego en la práctica con rigor. Cuando hay que poner freno a un político en su locura de gasto público, deben plantearse las cosas con seriedad y no proporcionar precisamente recetas de ingeniería financiera que llevan, a la larga, a un mal camino para todos. Muchas veces son peores los funcionarios que juegan a políticos que los propios políticos.

    En cuanto a la Ley de Economía Sostenible y su “sostenibilidad presupuestaria”, pues más de lo mismo, un compendio de palabrería pomposa e inútil que no se ve acompañada de medidas efectivas, pero que para embaucar a los ciudadanos legos puede servir a corto y medio plazo. Palabras pero no soluciones. ¿Cuándo un control interno efectivo y real? A nadie interesa, y a quienes hacen las normas menos aún. Pero ya se sabe, hay que cambiar las cosas para que al final nada cambie.

    Los prestidigitadores (y entre los habilitados estatales, es una subespecie que abunda lamentablemente, lo que no extraña a la vista del ecosistema en el que subsisten) no son buenos para nadie: sólo se sirven a sí mismos (y a sus señores feudales que les mantienen). Triste panorama.

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