Hace unos días destacaba la incoherencia facilitar los contratos de colaboración con empresas para que realizaran tradicionales actuaciones administrativas de inspección y control cuando se están impulsando planes de reestructuración del personal al servicio de las Administraciones públicas. Pero la realidad nos ofrece más contradicciones normativas que alcanzan la impostura.Y es que una de las circunstancias que muchos economistas respetados han señalado como causa que ha empujado a la economía española al descalabro es la quiebra de la unidad de mercado. Mientras los países europeos llevan décadas tratando de consolidar un mercado común, un mercado único de bienes y servicios, por las ventajas que genera tanto para los consumidores, como para la mejora de las prestaciones y el incremento de la competitividad empresarial; los diversos poderes públicos en España llevan años levantando nuevas trabas que han puesto fin a esa unidad de mercado. La obsesión de muchas Comunidades autónomas por contar con una regulación propia diferente de la formalizada por sus vecinos ha generado un maremagnum de disposiciones sobre apertura de establecimientos, la superficie de las tiendas, el régimen de horarios, de festivos, de ventas y descuentos especiales, de rebajas, de tasas especiales, además de disposiciones específicas dependiendo de los productos o servicios objeto del comercio, ya se tratara de ópticas, farmacias, alimentos, etc…

Ante la grave crisis económica, algunos responsables políticos empiezan a atender las razones de los empresarios y anuncian la demolición de esas murallas que entorpecen el comercio. Sin embargo, no hemos terminado de acomodarnos a las exigencias del Derecho comunitario europeo, cuando nos damos cuenta de que se ha levantado un nuevo obstáculo: a saber, los certificados de responsabilidad social.

Hace años que la expresión responsabilidad social corporativa se presenta como un atractivo reclamo empresarial. La preocupación por el entorno social, con la comunidad más cercana, con el comercio justo, con los derechos de los trabajadores, con la protección ambiental, con un desarrollo económico sostenible…  Diversos son los aspectos de buenhacer que se quieren resaltar bajo esa expresión y variadas son las definiciones que en los acuerdos internacionales y en los códigos de buen gobierno se recogen a la hora de describir esa comportamiento ético de las empresas. Bienvenidas sean todas esas prácticas sensatas.

Ahora bien, para facilitar la acreditación de esa actitud empresarial bienhechora han aparecido nuevos certificados empresariales. Es cierto que hay organismos internacionales que promueven determinados criterios éticos y unos sellos uniformes. Asimismo, la asociación AENOR ha promovido varios estándares de responsabilidad social. Sin embargo, los poderes públicos han creados nuevas acreditaciones. Así, hay un Consejo estatal, cuya actividad es muy discutida por los propios empresarios. También la Ley de economía sostenible trató de impulsar, entre tantas otras muchas cosas como bien sabe el lector de este blog, la responsabilidad social de las empresas promoviendo criterios e indicadores para la autoevaluación. Y muchas Comunidades autónomas han aprobado leyes específicas creando su propio estampilla de acreditación con sus particulares criterios de evaluación: Madrid, Extremadura, Valencia, Navarra, Aragón…

¿Es que no aprendemos de los errores cometidos? ¿Por qué volver a cargar a los empresarios con el pesado obstáculo de una nueva quiebra del mercado interior?

En fin, no extraña que no salgamos de la crisis porque bien nos lo advirtió Séneca: no hay buen viento para el navegante que no sabe a dónde va.

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