2017: INCONSTITUCIONALIDAD DE LA AMNISTÍA FISCAL DE 2012.

Que éste es un país «de pandereta» es una triste  realidad constatable por cualquier analista, profesional liberal, empresario, asesor fiscal, actor, jurista, deportista de élite, economista, alto cargo, ministro o exministro. En activo o en segunda actividad.

Diría más: ahora que estamos en plena campaña del IRPF, cualquier contribuyente maldecirá, más o menos airadamente, al momento de validar, a golpe de «click» el borrador telemático de su declaración.

Hace cinco años, en los momentos más duros de la crisis, cuando las medidas fiscales y de recorte en servicios públicos agudizaban el mal rato (no quieran ver aquí un burdo juego de palabras)  por el que tantos ciudadanos estaban pasando, en un contexto de descrédito internacional  y una helenización financiera de la economía patria, las hemerotecas se llenaron de comentarios y críticas por parte de defensores y detractores de la bien llamada (dejémonos de circunloquios y falsas expresiones amables) «amnistía fiscal», impulsada por el gobierno de turno, posibilitando una  regularización (¿o fue blanqueo?) de unos cuantos miles de millones de euros, sobre cuya procedencia la administración tributaria profesional no debía hacerse demasiadas preguntas. Regularizar y recaudar. Y silencio, por aquello de la protección de datos. Así se planteó con urgencia a través de un Decreto Ley (por cierto convalidado por el Congreso) ahora anulado por el Tribunal Constitucional.

Sí, señores, efectivamente. Cualquier ciudadano de a pie percibía entonces, y percibe hoy, eso sí, más atónito si cabe, sin mayores disquisiciones o sesudos estudios, que aquello, podía ser más o menos legal, pero en absoluto podía ser normal.

Como tampoco lo es que cinco años después se declare por el máximo Intérprete Constitucional, que dicha amnistía fiscal no respetó la Carta Magna. Como otras cuestiones objeto de ataque por vulneraciones similares, según la actualidad y conveniencia de las agendas políticas: valga por todas, la relativa al «Caso Catalán». Pero no corresponde ahora diseccionar jurídicamente El Decreto Ley anulado o los fundamentos jurídicos de la Sentencia que así lo hace.

Lo que mayor perplejidad causa este tipo de declaraciones –perdónenme, a estas alturas, tamaña ingenuidad- es la ausencia de efectos, que ello no tenga consecuencia práctica alguna. Que no pase nada. Qué va a decir al fin y al cabo el Alto Tribunal, tributario de la representatividad política y de la cambiante aritmética electoral.

Al final, todos –como en Axterix… ¿todos?- contentos:

  • El Tribunal Constitucional, porque ha dicho lo que jurídicamente no podía dejar de decir, y decirlo sin pisar demasiados callos en los pies, aunque ello, una vez más, de poco haya servido.
  • Los agoreros y aguafiestas que ven cómo se ha confirmado su pronóstico (el clásico «ya lo dije yo en su momento»), pese a que apenas sirva para satisfacer su cuota de ego crítico o su autoestima, sin apenas afectar a sus adversarios políticos.
  • El Gobierno que impulsó la medida, el «padre de la criatura», porque entiende que tan sólo se trata de un tema de forma (quizás se abusó de la figura del decreto-ley, qué eufemismo…), con cuyo contenido material, en última instancia –siempre desde la óptica de los autores del mismo- no ha mostrado del todo su desacuerdo el Tribunal. Conscientes además de que todo ello –sobradas muestras en la actualidad, solo leyendo en diagonal la prensa diaria- no les afecta electoralmente en modo alguno.
  • Así como los «cumplidores» sujetos pasivos que cumplieron sus obligaciones tributarias / se beneficiaron de las medidas fiscales de regularización / amnistía fiscal, a quienes el Tribunal Constitucional deja indemnes de cualquier obligación adicional a tan sólo unos meses de que la prescripción del período tributario en cuestión los pudiera poner en apuros, dado que la sentencia no lo hace. Han pagado el peaje que se les pidió: ¿qué más quieren? No, si a lo mejor aún habría que devolverles lo tributado y que el Estado (es decir, todos los contribuyentes, en comprometido esfuerzo solidario), por paradojas del sistema normativo-judicial, asumiera ese dislate legislativo-judicial. Ver para creer. Aun nos pasa poco.
  • Bueno, todos contentos… ¿todos? No sé yo si todos estarán dando botes de alegría. Que se lo digan a los sufridos contribuyentes que dependen de su nómina (justo ahora –Hacienda somos todos…- que estamos en plena faena de presentación de declaraciones); piénsese en jubilados y pensionistas, que a menudo escuchan los mensajes de los gurús económicos que desaconsejan adecuar el poder adquisitivo de su pensión, que la cosa no da para tanto, que hay que ajustarse el cinturón; que pregunten a quienes aspiran, cada vez de forma más incrédula y agnóstica, a cobrar algún día una pensión contributiva, a la baja, en relación a lo cotizado durante décadas, mientras las cifras macroeconómicas demuestran que en los últimos años, curiosamente coincidiendo con citas electorales, se han esfumado los ahorros previstos en su día para el fondo (intocable) de reserva, fruto del incumplido Pacto de Toledo; o incluso podríamos consultar a los propios técnicos y gestores profesionales de la Hacienda Pública qué les parece todo esto, mientras se esfuerzan en gestionar lo público en defensa de quienes conformamos la sociedad a la que sirven, precisamente en un contexto de progresivo, galopante e intolerable crecimiento del endeudamiento público, cuyo coste, tarde o temprano finalmente pagamos entre todos, bajo la frecuente, consentida y pésima premisa de la habitual «patada hacia adelante» de una buena parte de gestores políticos que ya no recuerdan nada del tema cuando toca pagar, tiempo después,  precisamente, esa factura. Profesionales por cierto, muchos de ellos, que sufrieron consecuencias por no ser obedientes cumplidores de una impuesta ley del silencio (repásese la hemeroteca).

Lo dicho: país de pandereta para creer con solvencia en la rendición de cuentas y otras milongas formales de discurso de conveniencia, más allá de las muletillas al uso en conferencias presentadas por biempensantes oradores, ante un público que los retroalimenta entre el que quizás se encuentra más de un sujeto que se acogió (¿pena de anonimato?) a ese peculiar, cuando no irritante, irrisoria e indigna, para el común de los mortales, «proceso de regularización fiscal», o amnistía fiscal parcial que ocasiona estas reflexiones a vuela pluma.

¿De verdad está pasando esto?

Pues sí, señoras y señores. Así son las cosas y así se las hemos contado, acudiendo a aquella famosa frase acuñada por un concoido presentador televisivo.

Y así continuará retroalimentándose el ciclo si la ciudadanía sigue entendiendo que este tipo de situaciones se enmarca en el normal funcionamiento de los servicios e instituciones de que disponemos como sociedad.

Para hacérnoslo mirar…

1 Comentario

  1. Hay algo peor: prometer una política, que conlleva una serie de actuaciones, en campaña electoral, y luego, al ser elegido por el pueblo, hacer la política contraria, consistente en unas actuaciones, contrarias a lo que se prometió en campaña electoral.
    No sería necesario explicar en qué consiste la gravedad de tamaña infamia, pero lo haré por si hay alguna persona de corta edad (6 ó 7 años) que lo esté leyendo, o tal vez algún enfermo de una dolencia mental grave que le impide razonar correctamente:
    la gravedad de prometer unas actuaciones en campaña electoral, y luego llevar a cabo exactamente las actuaciones contrarias una vez que el pueblo les ha entregado su confianza, es, que se fulmina al Estado de Derecho, que como bien es sabido, se puede entender, ese Estado, como la convivencia civilizada de la sociedad basada en la aceptación de las leyes que aprueban los diputados elegidos en dichas elecciones democráticas. Por lo tanto, si esos diputados mienten y no cumple el mandato del pueblo soberano, el Estado Democrático de Derecho se convierte en un Estado Fascista encubierto, en el que el Pueblo Soberano está ética y moralmente justificado para desacatar las leyes que aprueban unos elementos que desobedecen al auténtico, real y único soberano, el Pueblo.

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