Como suele ocurrir normas no faltan y así por ejemplo en 2008 el Gobierno español aprobó un Decreto (en trance de reforma) que fija las obligaciones de los promotores de edificios e infraestructuras respecto a la gestión de desechos de demolición y construcción. Se ordena que en el presupuesto de tales obras deben quedar reflejados los gastos relacionados con esta carga. En virtud de las transferencias hechas a las Comunidades autónomas y las competencias por estas asumidas en sus Estatutos, son estas Administraciones -junto con las locales- las responsables de la observancia de tales previsiones.

La Comisión Europea que tiene la mirada de Argos, el gigante de los cien ojos de la mitología griega, está preparando ahora una especie de Protocolo de gestión de residuos y demolición cuya singularidad radica en que no pretende ser una Directiva ni tampoco un Reglamento sino un conjunto de recomendaciones que sirvan de inspiración a los Ayuntamientos y a las Comunidades autónomas para mejor cumplir con sus obligaciones.

Mientras que los particulares ya nos hemos acostumbrado a depositar nuestras basuras en los contenedores y más o menos cumplimos con esta obligación, cuando se trata de residuos procedentes de obras, demoliciones, reformas en las grandes infraestructuras de transporte etc, vemos cómo se amontonan en las cercanías de los lugares donde tales desechos se han producido o acaban en las afueras de las ciudades formándose con ellos espantosos paisajes degradados.

Estamos hablando de bloques de cemento, de maderas, de tuberías, de cables eléctricos, de lavabos, bañeras, cocinas, en fin todo lo imaginable y desagradable que pueda lesionar la vista.

Doy testimonio personal de esta triste realidad pues vivo en un entorno rural y salgo a pasear a diario por una zona bien grata de robledal. En ella me encuentro con frecuencia estos escombros que yacen por años sin que nadie se ocupe de retirarlos. He visto coches calcinados abandonados y cuando lo he puesto en conocimiento de la Guardia civil he podido comprobar su inactividad. En cualquier caso jamás he visto una patrulla denunciando zonas de escombrera que llevan años y años insultando a la naturaleza.

Hace pocos meses he podido ver cientos de metros de la funda plástica que envuelve los cables de cobre de tendido eléctrico robados por delincuentes. Solo he conseguido movilizar a los servicios municipales cuando lo he denunciado al alcalde personalmente.

Pero, inisisto, otros residuos permanecen por años sin que nadie se moleste en removerlos. Igualmente ocurre ahora -vuelvo a mis paseos diarios- con los restos de maderas abandonadas tras un corte de chopos que forman un volumen apreciable y que van a ser un peligro cierto en cuanto empiecen los calores y asomen los temibles fuegos. Ni el propietario los ha retirado ni nadie se ha ocupado de ordenarle la limpieza por más que están en lugares bien visibles, nada recónditos del bosque. Más diligente ha sido la compañía eléctrica al hacerse cargo de torres que habían sido sustituidas y por ello devenido inservibles.

Otro día hablaremos de las pacas de forraje para ganado, otro peligro ostensible, aptas para formar descomunales incendios.

Bienvenidas sean las normas nuevas y los protocolos minuciosos de la Comisión europea y de otras benéficas autoridades pero no creo errar si digo que las existentes bastarían si los Ayuntamientos fueran diligentes a la hora de vigilar su término municipal y el Seprona de la Guardia civil cumpliera con mayor meticulosidad su función. Que todo ello es difícil soy bien consciente pero también lo soy que en los últimos veinte años jamás los he visto por las zonas que yo a diario transito (sitas en el municipio de Sariegos en León).

 

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