La fe pública y la fiscalización

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Tema poco analizado y menos debatido. Desde la crisis de Enron, Manuel Aragón, presidente de la firma Ernest&Young en España, aseveró “Los auditores no damos fe pública de nada, lo único que hace el auditor es dar una opinión profesional sobre unos estados financieros preparados y confeccionados por la compañía y da cierta confianza, cierta seguridad a los usuarios de esa información, que pueden ser accionistas, inversores (…) Y, preguntarme, cómo puede quebrar Enron es cómo cuestionarse por qué se cae un avión. Los errores humanos y de apreciación existen” (Los auditores no damos fe pública de nada, www.elpais.com, 11 de febrero de 2002).

Sin embargo, Manuel Lagarón Comba del Tribunal de Cuentas de España, con base en interpretación de sentencia del Tribunal Constitucional, dice “podemos concluir de que el auditor es quizás un verdadero fedatario público, aunque sería conveniente debatir si tal condición le es propia tanto al auditor privado como al público” (La fe pública. La presunción de veracidad como instrumento al servicio de la función fiscalizadora, revista Auditoría Pública, número 27, septiembre 2002, p. 84). Y ésta cita nos ejemplifica el desarrollo del pensamiento en la fiscalización, por una parte, se encuentra inmerso en la contradicción, al señalar “es quizás un verdadero”. Puesto que lo posible o probable no garantiza que sea verdadero.  Y atribuir una supuesta condición como propiedad o naturaleza de la función fiscalizadora es insostenible sea en el campo privado o público, dado que se sostiene una concepción esencialista, ajena a la construcción histórica y social de las prácticas profesionales. Y por otra, la ausencia en el mundo de la auditoría pública y fiscalización, del debate. Todo queda en buenos deseos. No obstante que en su ensayo plantea un tema fundamental, al preguntarse “¿podrían nuestros papeles de trabajo, formados con criterio y diligencia profesional, tal como establecen nuestras Normas, constituirse en garantía de fe ante terceros? O  ¿Cómo podemos hacer valer ante terceros la veracidad de las pruebas que en base a nuestra observación directa e inspección aportamos al procedimiento fiscalizador que no sea tan sólo con nuestra afirmación?”

Desde su origen a la auditoría se le otorgó confianza, per se, y la auditoría pública surgida tardíamente, la adquirió a semejanza de la privada. Pero la crisis en la auditoría, y en consecuencia, en la fiscalización, ha provocado la desconfianza de sus prácticas, aunque  se niegue a reconocerla. Sí, resulta más cómodo afirmar o interpretar que los aviones se caen debido a errores humanos y de apreciación, cuando empresas privadas e instituciones públicas se caen o derrumban constantemente (o tendremos que esperar el colapso de países) que aceptar que las fallas relevantes se derivan de la incapacidad teórica y conceptual de la auditoría sea privada o pública para responder a los retos actuales, y que garanticen al derecho social de la rendición de cuentas como un derecho pleno. Pero mientras los auditores en general estén conformes con la norma,  con la normalización de su pensamiento, de lo que pueden y no pueden hacer, continuará imponiéndose la idea que la auditoría es y debe ser una técnica, y bien sabemos, la técnica es sólo una manera de hacer que desconoce su porqué. Por ello Manuel Lagarón pregunta por el método, y el método solamente cobra importancia en la ciencia.

Pero incorporar la ciencia en la auditoría sea privada o pública, demandaría su historia, de conocer públicamente las prácticas de las auditorías, desde su inicio, desarrollo y conclusión. Y sobre todo, determinar su método y objeto, en cuanto actividad y relación de conocimiento. No, ya no basta que sólo se publiquen los informes de auditoría se requiere de hacer público la totalidad del proceso, y sobre todo, su demostración.

El fracaso de la auditoría y de la fiscalización se encuentra en el fracaso de sus casos que se presentan ante la justicia, o aquellos archivados y que engrosan la impunidad. Y no es un asunto derivado de la capacidad de los auditores o por su falta de ética, ni tampoco que los documentos por no ser vinculados a la fe pública no conduzcan a la justicia. En fiscalización la fe pública no garantiza el cumplimiento de la rendición de cuentas, ni tampoco la aceptación de códigos de ética, menos depositar una confianza a ciegas en los auditores cuando se trata del control y evaluación de los fondos públicos.

El reto en la fiscalización es determinar que hechos de corrupción, sí pueden demostrarse y cuáles no. O continuará el engaño que la auditoría y fiscalización no buscan ni determinan el fraude ni la corrupción. Pero en tanto afirmaciones como las de la Doctora Carmen Fernández Rodríguez, citada en el trabajo referido de Manuel Lagarón, en cuanto a que “el trabajo de revisión contable se desenvuelve fundamental en el terreno de los subjetivo” continúan ignoradas en las agendas de las instituciones de fiscalización o en los temarios en los congresos de los auditores, al prevalecer temas insustanciales e irrelevantes.

Sí, la ineficacia de garantizar los derechos sociales se encuentra en la inutilidad de la auditoría y fiscalización. Sí, en la reiterada indiferencia de temas relevantes y sensibles, como la demanda de Robert Cortell Giner, Letrado Jefe de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, al sostener “Los informes de fiscalización deben también ayudar a despejar las dudas, adoptando una metodología que les permita concretar los supuestos de presunta responsabilidad contable que se detecten y dejando la debida constancia en el informe” (Aspectos críticos de la responsable contable, revista Auditoría Pública, número 43, noviembre 2007, pp. 65-66).  Y esto limitado sólo al campo contable, es decir, a lo aceptado. Pero, y las actividades que se desarrollan en la oscuridad, al margen de los documentos, de los registros, del control y vigilancia de las prácticas de auditoría y fiscalización ¿Cómo se investigan y demuestran? O, ¿debemos seguir creyendo que las fiscalías anticorrupción tienen la solución?

Sí, efectivamente sin jueces no hay justicia, pero sin fiscalización objetiva, pública y demostrable, tampoco.

 

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Nacido en Morelia, Michoacán, México. Estudios en contaduría pública, filosofía, y un diplomado en contraloría social. Veinte años de experiencia en auditoría y diez en la investigación de la auditoría pública, ha publicado más de veinticinco ensayos que pretenden construir una Nueva Auditoría Pública.

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