¿Se acuerdan Vds. de aquello de «¿Es legal la carta del Molt Honorable

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Cada día que pasa –o cada hora o minuto- más perplejidad me causa ver como se gestionan nuestros intereses, como ciudadanía representada, por los legales representantes, legitimados por la urnas respectivas, en los diversos niveles de la administración territorial.

Los mismo políticos que, mientras no escuchan al orador que le interpela desde el estrado o la tribuna,  incendian las redes sociales con medias verdades cuando no con compulsivas mentiras (postverdades  lo llaman eufemísticamente los nuevos gurús de la información difusa y masiva, adalides de los recurrentes, oscuros y adocenantes argumentarios de parvulario), esos mismos líderes de una modernidad mal entendida, se muestran incapaces de hacer política desde el escaño o el órgano colegiado de gobierno que presiden, de interactuar, razonable y razonadamente, con su interlocutor.

Y siguen tecleando absortos en sus dispositivos móviles, encantados de conocerse y de atizarse garrotazos verbales, en constreñido pero eficiente formato divulgativo, bajo la legislación y jurisdicción de California o cualquier otro territorio que, desde luego, no es el nuestro. Todo menos sentarse, razonar, argumentar, cambiar puntos de vista, hablar, escuchar y pactar. No sé si me explico.

En unos casos llevan su actividad política –o  se auto-persuaden de que así lo hacen- a través del recurrente y sufrido procedimiento administrativo, confundiendo el papel garantista que corresponde a éste para la actividad administrativa y prestacional de las entidades del sector pública con el papel institucional que el Derecho les asigna a los más altos responsables de la vida pública en sus distintos niveles. La actividad política no debe  confundirse de forma simplista con la producción documental, aunque pueda aquélla concretarse en ocasiones a través de ésta. Tampoco creo que sea la forma más efectiva de llevarla a cabo.

Pues ni recurriendo a la castiza y sufrida tramitación administrativa se cumple  por las altas instancias políticas –hablamos, de nuevo, de cuestiones meramente formales- con los requisitos exigibles que ellas mismas imponen en sus administraciones. De locos, oiga…

¿Es legal el burofax como medio de acreditación competencial desde la perspectiva constitucional o estatutaria para la interacción política?

Incluso diría más: ¿Es legal el burofax como modo de requerimiento formal de una administración a otra a la luz de la vigente legislación sobre procedimiento administrativo común y del Sector Público (recientes leyes 39 y 40 de 2015), de básica aplicación a todas ellas al amparo del artículo 149.1.18 de la tan invocada Constitución Española de 1978?

¿Cómo se establecen los plazos en Derecho, para un escrito de un Presidente a otro, sin pie de recursos? ¿Cómo se computan en términos de exigibilidad y con garantías recíprocas, los dies a quo o los díes ad quem? ¿Cómo se identifican las autoridades que suscriben las respectivas epístolas? ¿Un funcionario de correos va al palacio de  la Moncloa a notificar en “formato papel” al Presidente del Gobierno una carta –cualquier carta-  que venga de otra institución? ¿Qué acreditación fehaciente se incorpora acerca de la integridad, veracidad y autoría de su remitente, así como de su recepción si no acude aquél «personalmente en persona» (como diría el entrañable personaje Cattarella creado por Camilleri) a una oficina postal a efectuar su envío? ¿No se recurren estas cosas ante la jurisdicción contenciosa? ¡Qué falta de imaginación!

Podríamos seguir en una espiral de preguntas absurdas, que derivan de una torcida forma de hacer política que ni los mejores surrealistas de vanguardia habrían jamás imaginado. Pero estamos acostumbrados a que la realidad cada vez más a menudo supera a la ficción. En este punto se me ocurre hablar de El Proceso, pero no se asusten, o sí…, les hablo de la magistral novela inacabada –menuda paradoja- del irrepetible Franz Kafka. No descarto hacerlo más adelante.

Así que, Adiós política con mayúsculas, Bienvenido el Burofax.

Y luego habrá quien se quejará. Eso sí, al menos recuperamos para el acervo colectivo este retomado género epistolar, ya casi tan postergado por los limitativos formatos digitales de 180 caracteres.

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