Hace años comentaba para el blog de espublico, en una de mis colaboraciones, el papel de las Diputaciones Provinciales en la España actual y ello obedecía a una primera ofensiva de carácter político-mediática en busca de su desaparición del mapa institucional español, so pretexto de que su persistencia suponía por una parte, un gasto importante dentro del sector público, olvidando que de los casi 35.000 millones de deuda acumulada por las administraciones municipales en España, más de 25.500 se concentran en localidades – no precisamente Diputaciones – de las Comunidades de Madrid ( que además carece de la Institución provincial, por ser Comunidad Uniprovincial), Andalucía, Cataluña y Valencia, y de otra por su obsolescencia como Institución intermedia entre los Ayuntamientos y las CCAA, toda vez que surgieron en el primer tercio del siglo XIX, durante el trienio liberal, mediante Decreto de 27 de enero de 1822, pero no fue hasta el Decreto de 30 de noviembre de 1833, cuando empiezan a funcionar y por tanto mucho antes que las Comunidades Autónomas, y además en un modelo de Estado que era diferente, por lo que se ha querido – por algunos – ver difícil su encaje con el actual Estado de las Autonomías para lo que se arguye que solapan competencias de éstas, olvidando muy interesadamente, sus detractores, que los vecinos o “gente” de las aldeas y de las pequeñas y medianas poblaciones donde llega la actuación vía colaboración que prestan las Diputaciones Provinciales, no vienen exigiendo a éstas ni hospitales ni institutos, ( que las propias CCAA, a quienes si competen dichas actuaciones no realizan o tardan en prestarlas ) pero sí piden, infraestructuras mínimas o lo que es lo mismo que se les presten los servicios obligatorios mínimos (ex. Art. 26 LRBRL), como, alcantarillado, pavimentación de vías públicas, abastecimiento de agua potable y evacuación y/o tratamiento de residuales….., es decir, que se realice en ellos un nivel de inversiones razonable, pues tienen muy claro que no son “gentes” distintas a las que habitan las grandes aglomeraciones o conglomeraciones urbanas, pidiendo con ello que se entienda que la principal causa de la despoblación y desarraigo del territorio, es la desigualdad.
Es cierto, y lo entendemos, que pueda plantearse legítimamente la eliminación de las diputaciones, o por que no, de cualquier otra institución o administración ( pensemos v.gr., en las CCAA, que son mas recientes y la mayoría de ellas más ineficaces que las Diputaciones), y ello no debería ser motivo de ataques furibundos y con falta absoluta la mayoría de las veces de conocimiento sobre la materia, pues estas proceden de políticos o periodistas de tertulia que nunca han vivido en zona rural (salvo para hacer turismo de fin de semana) y que desconocen absolutamente el hacer, la cercanía de las diputaciones ( la ONG de los ayuntamientos , las denominaba yo en mi colaboración anterior), y que hace que las instituciones provinciales, las Diputaciones, no sean sino la suma de las administraciones locales y que no se pueda prescindir de una estructura de gobierno que garantiza el acceso a los servicios básicos en los pueblos pequeños, básicos repito, pues aunque se oculte y nada se diga interesadamente, vienen a ser las Diputaciones Provinciales una de las administraciones más saneadas ya que suponen solo el 8% de la deuda de las administraciones ( por encima del billón de euros) y acogen aproximadamente al 2% de los tres millones y medio del total de los empleados públicos existentes en España.
Vemos pues, que aún habiendo transcurrido tantos años, la cuestión vuelve a ser recurrente como el devenir de Heráclito de Efeso, pero pensemos que esas “gentes” (como parece ahora querer llamarse a los ciudadanos o vecinos, sean de grandes ciudades o de aldeas) necesitan cubrir sus necesidades, sean estas de orden social, cultural , asistencial…..y para ello a quien primero recurren es a la institución que tienen más cercana ( Ayuntamiento) y pobre de este, que sin contar con los recursos que por derecho le corresponderían al ser la administración más cercana y próxima a la gente ( vecinos) podría y debería poder atenderlos, sin embargo ante esa carencia ha de mirar a la Institución que mas los conoce y entiende , la Diputación, que al estar integrada por miembros de esas Corporaciones, saben de verdad lo que necesita su “gente”, y que nadie mejor que aquel y ésta, para poder atenderlos. No se vengan con monsergas de que las CCAA pudieran atender esas necesidades, pues estas están mas preocupadas en hacerse enormes y torpes Administraciones que lo único que quieren es asumir poder y no en dar solución a los problemas de la “gente”, y que sin embargo esta acude de inmediato a su alcalde o alcaldesa a pedirles que le solucione sus necesidades mas perentorias e inmediatas ( casa, trabajo, asistencia social o geriátrica, espacios para esparcimiento,…), y ante la carencia de medios, acudir a las Diputaciones, por mucha Administración intermedia que sea, para por estas atender, completar y asumir estas necesidades de los pequeños municipios, que no tienen otra culpa que ser eso “pequeños”, pero que encierran un numero aún importante de población (cierto que ya entrada en edad, cuando no necesitada más de servicios asistenciales que de instalaciones deportivas, que también).
Por ello, deben ser los Ayuntamientos y ante su carencia de medios, las Diputaciones las que deben dirigir el asentamiento poblacional en el ámbito rural, si no queremos que donde antes lo había por pequeño que este fuera, venga irremediablemente en desaparecer por no tener quien se ocupe de esas necesidades que las grandes administraciones ( Estado y CCAA) ni conocen , ni les interesa conocer, solo el Ayuntamiento, reiteramos, y su colaboradora necesaria, la Diputación puede/n y debe/n atender esas necesidades porque las sufre/n, y las sufre/n por que conoce/n a sus “gentes”, y saben que es lo que realmente demandan, no con grandes pretensiones sino con las que hace que el mundo rural aún sea un mundo agradable donde vivir, lejos de las grandes aglomeraciones donde se hacinan que no viven, millones de personas, por no haber tenido la oportunidad de asentarse en su núcleo poblacional primigenio y acabar en zonas “afaveladas” de las grandes urbes en razón del abandono del mundo rural por quien debiendo y pudiendo no ha tenido a bien, evitar.
En todo caso, hay que abordar una reforma que las haga transparentes y que rindan cuentas ante la ciudadanía, ya que ahora, además de prestar los servicios descritos en el artículo, también son una oficina de empleo para los diferentes partidos políticos que las gobiernan, ocupando sus políticos y militantes puestos de trabajo muy bien retribuidos, muchas veces sin exigirles dedicación alguna a la institución. También hay que destacar, al menos en Cataluña, que sus recursos se distribuyen atendiendo al color político de los ayuntamientos. Por ello, insisto, si se quiere garantizar su continuidad hay que reformarlas para evitar malas prácticas hoy existentes.