La Administración pública del Siglo XXI debería caracterizarse por ser una institución con unos nuevos valores para hacer frente a los grandes cambios tecnológicos, económicos, sociales y políticos. Los valores, que en mi opinión, hay que priorizar son los siguientes:

  1. Valor de fomento del aprendizaje: se trata del valor de la innovación que lleve incorporado el automatismo de la imprescindible transferencia del conocimiento para contribuir a lograr una sociedad del aprendizaje. El futuro debe transitar de forma decidida hacia la sociedad del aprendizaje que es la dimensión que más favorece el desarrollo humano y su bienestar (Stiglitz y Greenwald, 2016). El mercado posee incentivos para la innovación pero es imperfecto para fomentar una sociedad del aprendizaje y es, por tanto, imprescindible la intervención pública para asegurarla. Un tema crítico es definir una buena política de propiedad intelectual y de patentes que no genere externalidades negativas hacia la sociedad del aprendizaje. La innovación es un gran incentivo privado pero también es un bien público y como tal hay que tratarlo. Hay que equilibrar los incentivos económicos de la innovación con incentivos públicos que fomenten el aprendizaje más abierto y más social.
  2. Valor de coherencia política: valor para evitar y frenar las lógicas sociales y políticas de carácter demagógico y populista. El populismo político seguramente será uno de los grandes problemas de las próximas décadas. Será un fenómeno, derivado de las tensiones económicas y sociales, difícil de soslayar. Pero habría que evitar que el populismo del futuro calcara las malas prácticas de periodos históricos del pasado y experimentara, en cambio, una evolución positiva. El panorama actual es de una enorme crisis del poder político ante su falta de instrumentos para dirigir la economía y la sociedad. El populismo puede ser un remedio homeopático para que la política institucionalizada recupere su vigor y ambición y esto tiene una lectura positiva que no han que desdeñar. Lo que sí que habría que remediar las prácticas políticas a nivel institucional de carácter chamánico (Lapuente, 2016) y lograr que la ambición fuera más conciliable con el realismo político y administrativo. Conseguir la implantación de liderazgos políticos ambiciosos en sus discursos pero exploradores en sus políticas públicas.
  3. Valor institucional: las instituciones públicas tienen como principal objetivo aportar seguridad jurídica e institucional para fomentar el crecimiento económico que no es más que un medio para lograr el desarrollo humano (sociedad del bienestar y sociedad del aprendizaje). Las instituciones públicas pueden ser autopistas del desarrollo económico, del bienestar y del aprendizaje o pueden ser caminos tortuosos que dificulten o castren estos avances (Acemoglu y Robinson, 2014). Las instituciones públicas son la joya de la corona del crecimiento económico y social y hay que fomentar los valores de preservación y delicado cuidado de las mismas. La actividad política que debería ser más censurada social y electoralmente es la que contribuya a degradar a las instituciones públicas.
  4. Valor de una regulación equilibrada: valor que reconoce que la regulación pública es necesaria sin caer en excesos (siempre hay muchos actores económicos que están vigilantes ante esta posibilidad) ni en defectos (muy pocos actores sociales se preocupan por la desregulación o por los déficits en la regulación pública). La regulación pública va a ser el principal instrumento de las instituciones públicas para ordenar la complejidad  y evitar las externalidades negativas que generan la revolución tecnológica y la revolución económica. El mercado, los mercados, se encargan de evitar los excesos regulatorios que pueden llegar a ser asfixiantes para la innovación y el aprendizaje. La sociedad civil organizada y la sociedad organizada en red deberían vigilar e incentivar que la regulación no sea insuficiente y, muy en especial, que se consiga una regulación efectiva (buena regulación) y no se limite a un espacio meramente formal. El buen gobierno en el futuro va a depender en gran medida de la buena regulación.
  5. Valor del big data como un bien público: el big data será una enorme fuente de innovación y de aprendizaje pero también será un problema de un excesivo control social. No es posible que un instrumento tan potente y tan delicado esté de forma autónoma en manos de los mercados. Las instituciones públicas deben ir mudando su rol pasivo y colateral a un rol activo y central ya que la información será el petróleo del futuro y hay que tratarlo como un bien público tanto por sus potencialidades para edificar una sociedad del bienestar y del aprendizaje como por las externalidades negativas a nivel de un excesivo control social.
  6. Valor de sostenibilidad intergeneracional: durante las últimas décadas las sociedades avanzadas se han acostumbrado a lograr una parte de su bienestar hipotecando el futuro de las próximas generaciones. Esto sucede a nivel medioambiental, de impacto sobre el cambio climático y también a nivel económico disparando la deuda pública. Se trata de una injusticia social que no posee correctores espontáneos ya que las futuras generaciones no pueden estar presentes en el debate. Pero si hay algo que preocupa al ser humano son las opciones de futuro de su prole aunque no sabe cómo defenderlas ante un problema que es excesivamente abstracto. Para que se incorpore este valor en la sociedad es necesario realizar la traducción, desde las instituciones públicas y desde los movimientos y organizaciones sociales, de lo abstracto a lo concreto. Hay múltiples evidencias para poder hacer esta traducción: las generaciones actuales son las primeras que han podido detectar que, por ejemplo, determinados bienes naturales e incluso alimenticios han desaparecido con los años debido a actividades económicas y sociales excesivamente agresivas con el entorno natural.
  7. Valor de bienes públicos: el concepto de bien público es muy complejo al ser elástico y contingente (lo mismo sucede con las servicios universales de interés general que vienen a ser bienes públicos). En el panorama internacional hay una enorme confusión sobre lo que es y no es un bien público ya que depende de la cultura social y de las opciones políticas. Este valor consistiría en estar atento y mantener un debate permanentemente abierto sobre el grado de amplitud de los bienes públicos. Por ejemplo, se trataría de ser veloces en reconocer que una parte de la infoeconomía está operando sobre nuevos bienes públicos y como tales tratarlos de la manera que se estime conveniente a nivel político (regulación, publificación o cogestión).
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