Más difícil todavía: rizando el rizo

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(De cómo recuperar en 2016 un presupuesto de 2012 a base de acuerdos ilegales, incumplimientos, omisiones y sentencias)

Lo hemos dicho en otras ocasiones: la realidad (Local) supera la Ficción. http://www.administracionpublica.com/yonohesido/

La foto fija: Ayuntamiento de gran población (+/- 80.000 habitantes) con los siguientes hitos presupuestarios:

  • Presupuesto de 2013: anulado –en 2015- mediante Sentencia del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana por incumplimiento frontal del reformado artículo 135 de la Constitución (no consignó las cantidades necesarias para hacer frente a las obligaciones contraídas con las entidades financieras, a través de operaciones firmadas en su día y con vinculación para ambas partes);
  • Presupuesto de 2014: mismas consideraciones que el de 2013, anulado esta vez en 2016 (con el añadido de que tampoco fueron consignadas las cantidades precisas para el pago de sentencias recaídas en contra del propio ayuntamiento);
  • Presupuesto de 2015: planteado en similares condiciones de vulneración frontal del art. 135 CE, y (también) con los correspondientes informes del habilitado nacional de turno -pobre “ingenuo”-, al igual que los hoy ya anulados de 2013 y 2014, el correspondiente proyecto de presupuesto para 2015 (se trata de un municipio del Título X LRBRL), y llevado éste al pleno, el gobierno de turno, con mayoría absoluta, lo “deja sobre la mesa” ante las denuncias y aviso de recursos, de otra naturaleza jurisdiccional distinta a la contenciosa -no sé si me siguen- por los grupos municipales de la oposición;
  • Presupuesto de 2016: tras un año desde un nuevo mandato corporativo, de diferente signo político, a finales de junio, no existe presupuesto municipal aprobado.

Pregunta: ¿qué presupuesto tiene en vigor ese municipio?

Desde luego que sería  un buen caso práctico para examinar a futuros interventores de administración local en las oposiciones de acceso a la habilitación nacional que, atónitos pensarían cómo puede el tribunal ser capaz de imaginar situaciones tan retorcidas: (más de uno estaría pensando “¿en qué mundo nos vamos a meter si aprobamos?”). Pues no, señores, pasen y vean, la realidad es casi un variopinto formulario de hipótesis inimaginables. Algo así como la Teoría del Caso, en vivo y en directo.

Resumiendo mucho, y no se trata de un trabalenguas o un acertijo, estamos hablando de las cuentas públicas de un gran municipio, cuyo total arroja una cifra de 8 dígitos:

  • Hasta que se anuló (ya en 2015) el presupuesto de 2013, que había estado vigente hasta 31/12/2013, estaba vigente el presupuesto prorrogado de 2014.
  • Con esa sentencia anulatoria se reabrió, en forma de prórroga –casi podríamos decir que ex lege, fruto del fallo judicial, y además, en diferido-, el correspondiente, pues, a 2014.
  • Posteriormente éste, el de 2014 –ya en el año 2015- ha sido nuevamente prorrogado para 2016 ante la inexistencia de un nuevo presupuesto aprobado por la nueva corporación resultante de las elecciones de mayo de 2015.
  • En esa situación, se recibe anulación –del TSJCV- del Presupuesto de 2014, lo que ante la falta de vigencia del correspondiente al 2016, parece sugerir que el presupuesto que recobra vigencia (¡cuatro años después!) es el de 2012.

Muy normal no parece, la verdad. Pero a ver qué solución queda…

Lo que llama poderosamente la atención es la absoluta falta de consecuencias que toda esta sinrazón –por acción u omisión-  origina para quienes han contribuido de una u otra manera a que se haya llegado a esta situación: ni exigencia de responsabilidades, pese a que existen mecanismos legales previstos a tal fin –acciones de repetición o regreso, por ejemplo-; ni acciones judiciales en otras jurisdicciones; ni siquiera las tan sufridas “responsabilidades políticas”. Nada. Y eso sí, no falta el habitual cruce de acusaciones en la refriega política cotidiana, que con triste normalidad gira en torno al “y tú más”. Todos tienen razón, todos acusan al adversario político. Nadie es responsable de sus actos, pese que es responsabilidad y  solidaridad lo que se pide a menudo a la sufrida ciudadanía. De nuevo el recurrente “yo no he sido”.

  • ¿Nadie leyó los informes previos del Interventor que avisaban de las ilegalidades que se cometían? ¿o los leyeron y no los entendieron? ¿O los comprendieron pero los obviaron?
  • ¿Quién no atendió las advertencias legales explícitas al respecto? Me refiero a las consecuencias jurídicas y económicas que de ello habían de derivarse ineludiblemente para el erario público, con sentencias, tanto pasadas y exigibles, como futuras –por desgracia hoy ya reales  y de obligado cumplimiento-, condenatorias para el ayuntamiento a través de fallos estimatorios de las legítimas demandas de las entidades financieras que veían incumplidas las obligaciones de devolución de las cantidades que legalmente se les adeudaba a través de operaciones financieras válidamente firmadas y vigentes; me refiero también al propio cumplimiento y ejecución de sentencias firmes al que hay que hacer frente por el ayuntamiento.

A estas alturas, casi sabe mal tener que recordarlo así, pero España es un Estado de Derecho, no lo olvidemos.

  • ¿Tampoco hay condenas en costas? O en su caso éstas, de elevadas cuantías, ¿resulta justo que finalmente sean abonadas por la ciudadanía a través del presupuesto…del 2012? ¿Y de igual manera con el coste soportado de los honorarios de los profesionales que han intervenido en esos procesos judiciales?
  • ¿Todo ha de pagarlo el ayuntamiento, es decir, todos los vecinos?
  • Por otra parte, las autoridades económicas superiores y las instituciones de control externo, que han sido testigos de excepción de esas aberraciones presupuestarias, de esos acuerdos ilegales ¿tampoco pueden aportar nada en esta tesitura? ¿Basta con constatarlo en las conclusiones de las respectivas auditorías sin ninguna otra medida a adoptar ante ello? ¿Hasta ahí llega su rol en el complejo entramado de las administraciones públicas al servicio del ciudadano y sometimiento constitucional a la Ley y al Derecho?

De nuevo, exceso de preguntas y escasez de respuestas.

A mi modesto entender, estamos ante un claro síntoma de que algo falla en el sistema. E igual de grave debe reputarse  la anomalía que supone una sociedad que con demasiada regularidad, y excesiva normalidad, lo consiente y tolera.

Y aún hay quien se hace cruces de que un sector creciente de la ciudadanía aumente su distancia, e incremente su desconfianza respecto  de una gran parte de la clase política. Aun nos pasa poco.

Sic transit gloria mundi.

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Habilitado nacional en distintas subescalas, Abogado de la Generalitat Valenciana y Técnico Superior de ésta (excedente). Actualmente desempeña la Secretaría General de la Sindicatura de Comptes de la Comptes de la Comunitat Valenciana. Es autor de diversas publicaciones, principalmente en materia de Derecho Administrativo local, Administración Electrónica y Modernización administrativa.

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