Si bien la historia y la cultura nos aproximan, en materia de fiscalización de los fondos públicos nos encontramos bastante lejanos; sus instituciones y el desarrollo de su pensamiento dan cuenta de ello, aunque ambos países tengan en común negar sus problemas, tal como lo ha expresado Julio Tejedor Bielsa, España “víctima de sus tradicionales problemas no resueltos, de sus tensiones cerradas en falso. Negar los problemas no los resuelve” (El honor de lo público, www.administracionpublica.com, 1 de marzo de 2017).

En México, el 18 de julio de 2016, con bombos y platillos se festejó la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene por objeto disuadir, combatir y sancionar los hechos de corrupción. Originando un consenso aprobatorio por contar ahora sí con una legislación fuerte y sólida para atacar el cáncer de raíz, además su gran novedad consistió en el empoderamiento de la ciudadanía a través de la integración de un comité de participación ciudadana. Pero, Luis Manuel Pérez de Acha (uno de los cinco nombrados comisionados de dicho comité) en entrevista con el periódico El Universal, a la pregunta ¿Cuál es la expectativa que se tiene sobre el trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción? Respondió “Tenemos que identificar el nivel que va a tener el comité” (24 de febrero del 2017). Cuando en la propia Ley antes referida, en las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana se establece, “Opinar y realizar propuestas sobre la política nacional y las políticas integrales (…) y proponer proyectos de fiscalización y control de recursos públicos” (artículo 21, VI y VII). Y ante éste enorme y complejo problema, el Senado de la República mediante un comité eligió a los ciudadanos que mejor cumplen con el perfil para encabezar dichos trabajos, los cuales: una es doctora en ciencias sociales, dos en ciencias políticas, un abogado y un actuario. Y  cabe mencionarlo, todos se ostentan como especialistas en transparencia y rendición de cuentas, lo que reitera la tendencia dominante de campos como la antropología, derecho, economía, sociología y las ciencias sociales y políticas, y tal resulta que éstas ramas del conocimiento tienen más que aportar en la fiscalización, rendición de cuentas y transparencia, que la auditoría y fiscalización.

Y las dificultades por aprobar en cada estado del país, el sistema estatal anticorrupción no se han hecho esperar. Según el Semáforo Anticorrupción desarrollado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, “sólo diez estados tienen una reforma constitucional satisfactoria para empezar con el desarrollo de sus sistemas locales; nueve aún no cuentan con reforma constitucional y resto tiene iniciativas de ley que van de regular a deficiente” (Milenio.com, 28 de febrero de 2017). Y lo anterior de un análisis superficial dado que no se ha objetado que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en su artículo 5, establece que los principios que regirán el servicio público son: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. Trece principios rectores. Y pareciera más que correcto contar con trece motivos o reglas que deben aplicarse en la gestión pública (incluidos los órganos de control y fiscalización). Pero tal desatino no observado se encuentra en las leyes de fiscalización por lo menos desde hace una década. En Michoacán, la Auditoría Superior de Michoacán, órgano técnico del congreso local en su ley ha establecido que su actuación es regida por “la legalidad, celeridad, eficiencia, eficacia, calidad en el servicio, la vigilancia, fiscalización técnica, oportuna y estricta de los recursos públicos”. Nueve principios. Pero en los hechos ha quedado evidente que no se cumplen, se encuentran más en la idealidad que como fundamentos, que precisen su camino y demuestren su grado de cumplimiento. Entonces, para qué trece o nueve principios, acaso no sería mejor empezar con determinar al menos, uno. Por ejemplo, el principio de probidad. Dado que solamente se enuncia en la ley pero se omite informar sobre su aplicación y no existe ningún pronunciamiento sobre lo que sucede con la probidad en una entidad pública determinada, o sí los recursos públicos de un ente en lo particular han sido manejados con probidad, o sí un determinado presidente, gobernador, alcalde, u otros funcionarios responsables han manejado el erario público con honestidad o no.  Es la cuestión. Y seguramente las Leyes Estatales Anticorrupción copiarán los trece principios rectores, o tal vez menos, en todo caso lo que se origina desde la ciudad de México se reproduce en cada estado de la nación.

Mientras el congreso local de Michoacán ha informado que ha terminado el predictamen de ley, aunque sólo los diputados y diputadas podrán formular los comentarios y observaciones al referido anteproyecto anticorrupción. Lo cual es contradictorio, dado que se afirma que la gran “novedad” del sistema anticorrupción es el empoderamiento de los ciudadanos, cuando aún promulgada la Ley, el ciudadano nombrado como comisionado en el comité de participación todavía tiene la duda de identificar su nivel de participación.

Como la duda que albergan los miembros del Congreso de Michoacán, al ignorar quienes son los responsables del desfalco financiero en el estado, dado que no han servido las auditorías que han practicado la Auditoría Superior de Michoacán ni tampoco la Contraloría Estatal, y por ende, han aprobado una “Auditoría Forense” con alcance del año 2003 al 2014, para conocer a los presuntos responsables del desfalco en las finanzas estatales. Pero la situación no es nueva, Michoacán ha estado al borde del colapso financiero desde hace más de diez años, aunado al hecho de que las cuentas públicas han sido reprobadas desde el 2011. Y ahora de nueva cuenta los legisladores niegan el problema, al pretender que una auditoría, aunque sea forense, no solamente venga a aclarar lo que las instituciones de control y fiscalización tenían por encomienda constitucional vigilar sino que resuelva la cuestión jurídica de la prescripción, además que no se encontrarán archivos o estarán incompletos, así como informaciones financieras y contables incorrectas e insuficientes y la reticencia de los servidores públicos para colaborar. ¡Que desperdicio de dinero público y de tiempo!

Por lo que resulta adecuado recordar, de tiempo en tiempo surgen diversos tipos de auditoría que han pretendido dar respuesta a las demandas y problemas que enfrenta la administración pública. En México, en el pasado, la “auditoría integral” representó la superación de las revisiones parcializadas, que solamente ofrecían una evaluación de un campo, rubro, o programa en lo particular, al intentar ofrecer una evaluación de la totalidad. Sin embargo, se olvidó su uso, señal de su inoperancia, y vino la “auditoría de desempeño” con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de las metas de los programas gubernamentales y si éstos fueron realizados con eficiencia, eficacia y economía. Pero tal auditoría aunque muy demandada dejo su lugar preponderante a la “Auditoría Forense”.

Por primera vez la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de la Cuenta Pública 2007  utilizó el enfoque de la “Auditoría Forense”. Y ya en el Informe de la Cuenta Pública 2009 se informaba que de 945 auditorías practicadas, 7 auditorías habían sido forenses, mientras en el informe del 2015, de 1,643 auditorías, 14 fueron forenses. Y no obstante su supuesta importancia, su crecimiento ha sido casi nulo, pero sobre todo, no resultaron relevantes para el objetivo que afirmaron debían de cumplir. Es más, desde el año 2007 que empezó la Auditoría Superior de la Federación a manejar el concepto de “Auditoría Forense” en su Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y Reglamento no se determina ni precisa, qué debe entenderse, cómo se desarrolla, y cuál es el método de la denominada “Auditoría Forense”.

Por lo que Michoacán y México son víctimas de sus tradicionales problemas que no logran resolver. Y nuestro pesar es por la lejanía con España y cercanía con Trump.

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