En los últimos tiempos nos asedian los titulares relacionados con el tema hacendístico: la nulidad de la plusvalía municipal (cuando grava pérdidas), la negociación del cupo vasco en los Presupuestos Generales del Estado, la nulidad de la amnistía fiscal, la campaña del IRPF… Y parafraseando el famoso no news, good news[1], nos hemos permitido resumir la cuestión en el titular del comentario: noticias de Hacienda, malas noticias.

Pero la peor noticia relacionada con el tema es la que no se ha producido.

En lo relacionado con el mundo local nos ha dado también noticias destacadas la renuencia de algunos municipios a ver reducidos sus ingresos por una cosa tan poco elegante como la nulidad constitucional. Puede resultar cómica la actitud de algunos Ediles manifestando su oposición a aplicar una adaptación que evite el gravamen inconstitucional, pero no olvidemos que la hacienda municipal se rige por las normas que aprueba el Estado.

La Constitución Española reconoce la existencia de las Administraciones Estatal, Autonómica y Local, siendo soberana cada una en el ámbito de sus competencias. Pero el artículo 133 CE reserva el poder para establecer tributos al Estado. Y éste no permite a los municipios muchas alegrías.

En el régimen local español ha sido una tradición la insuficiencia de la hacienda local, lo que conllevaba a los Ayuntamientos a no llegar a un nivel suficiente de servicios, que les obligaba a tres cosas:

  1. Recurrir a la ayuda de la Diputación. Ello ayudaba, y ayuda, a dotarse de servicios, pero obliga en la práctica a pagar el peaje de rendir pleitesía u ofrecer contrapartidas.
  2. Obtener el auxilio del Estado para ciertas actuaciones. Aunque esta vía obligaba a un menor vasallaje que la anterior, eran contados los temas en que se podía recurrir directamente al Estado.
  3. Incumplir la obligación de equilibrio presupuestario, ayudándose de una contabilidad poco rigurosa que permitiera la generación del déficit prohibido.

La tercera vía era la ilegal, pero al final la más beneficiosa, pues cada cierto tiempo el Estado caía en la cuenta de la penosa situación económica de los Ayuntamientos y aprobaba una Ley de borrón y cuenta nueva en la que se volvía a partir de cero, asumiendo el Estado la deuda de quienes habían incumplido. Lógicamente no se asumía deuda que no existiera anteriormente, con lo que los pueblos que hubieran contado con un Alcalde honrado y cabal que hubiera financiado obras con contribuciones especiales que nunca se llegaban a cobrar, no se beneficiaban.

Con la llegada de la democracia se estimó que este sistema paternalista no tenía razón de ser, siendo lo lógico dotar a las Entidades locales de recursos económicos propios suficientes para que ellas se autoadministren. Y así llegó la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Desgraciadamente el actual sistema se ha mostrado que es absolutamente insuficiente. Pero el paternalismo estatal en la actualidad se entiende como supervisión y control para controlar el déficit. Déficit que, a nivel global e individual de la mayoría de Ayuntamientos, no es tal, sino que es superávit. Pero el Estado lo necesita para compensar sus propios desajustes presupuestarios, así como el de las Comunidades Autónomas, reacias a dejarse controlar.

Pero, aun con la sensación de clamar en el desierto, hemos de reclamar una vez más una adecuada financiación local, que permita a cada entidad realizar su propia política presupuestaria, decidiendo por sí misma para sí misma.

No se trata de la caridad de una nueva Ley de saneamiento de las Haciendas Locales, sino de la Justicia de aprobar, por fin, una Ley de Hacienda Local que contemple recursos suficientes para las competencias efectivas de las Administraciones Locales.

[1] No hay noticias, buenas noticias.

2 Comentarios

  1. Excelente entrada, pero habría que matizar.
    La corrupción existe en todos los niveles, sólo sale a luz o se le da bombo y platillo las de ciertas instituciones de nivel superior
    Personalmente, creo que el mayor foco de corrupción está en los ayuntamientos, en una corrupción de bajo nivel, por utilizar un símil de otro campo “es como el trapicheo”.
    Es justo que puedan tener cierta autonomía, pero debe ser supervisada para evitar: reinos de taifas, cortijos y emperadores…
    Un saludo

  2. Totalmente de acuerdo, y los funcionarios se protegen mutuamente, por lo que se ausentan de su trabajo, cuando les viene bien, algunos fichan se van y no vuelven hasta el dia siguiente, no a ávido en los años de democracia, un expediente de expulsion de un trabajador, de las haciendas locales, son incorruptos como el brazo de S teresa, tu puesto de trabajo es de por vida, un error, para los sinvergüenzas, que anidan en los ayuntamientos.

    Por hay es donde se podia empezar, sobrarían la mitad, sobre todos los colocados por los ladrones que manejan los partidos.

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